En diciembre de 2015, el mercado formal de trabajo arrastraba cuatro años de estancamiento. Entre noviembre de 2011 y noviembre de 2015, el empleo formal cayó 0,3%, pese a un pequeño crecimiento en el primer semestre de 2015. Para compensar la falta de generación de empleos en el sector privado y en lugar de instrumentar las políticas adecuadas para que la situación se revirtiera, se decidió ocultar la problemática a través de la expansión del empleo público. Entre 2008 y 2015, la participación del empleo registrado público en la totalidad del empleo registrado aumentó diez puntos porcentuales.

En 2015, un 51% de la población potencialmente activa del país tenía problemas de empleo. Contando a las personas que no trabajaban ni estudiaban, a los trabajadores en relación de dependencia o independientes que se encontraban en el mercado informal y a los desempleados, en 2015 había 11,7 millones de argentinos en situación precaria, sobre una población económicamente activa de 23 millones de personas.

En diciembre de 2015, uno de los principales problemas del mercado laboral argentino era la informalidad. Algo más de cuatro millones de trabajadores privados se encontraban en situación de informalidad, sin beneficiarse de las condiciones de trabajo negociadas en convenios colectivos, sin aportes de seguridad social ni protección contra riesgos laborales y en condiciones de gran precariedad e inestabilidad. Este nú- mero permaneció prácticamente inmóvil durante los diez años previos al cambio de gobierno. Cuando se lo computa en términos de los asalariados privados, el porcentaje de trabajadores informales trepa al 42%, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Si, en cambio, se lo computa como parte del total de asalariados, públicos y privados, llega al 35%. Más de un millón de los cuatro millones de trabajadores informales eran trabajadores de casas particulares. Si bien se avanzó durante el gobierno anterior en el registro de los trabajadores de casas particulares, el 80% de ellos (en su mayoría, ellas) se seguía desempeñando en la informalidad. Las causas de esta situación deben buscarse en los pobres incentivos que ofrece el sistema a la formalización de los contratos laborales. Si se comparan los volúmenes de aportes personales y contribuciones patronales que se descuentan del salario bruto en Argentina con otros países de la región, se observa que los costos laborales argentinos son más altos. Por ejemplo, más de un 30% más altos que en Uruguay.

“Más de cuatro millones de trabajadores privados se encontraban en situación de informalidad”.

En los trabajadores independientes también era alta la incidencia de la informalidad. Una cifra cercana a los 2,2 millones de personas trabajaba de forma independiente pero no aportaban a la seguridad social. Lo que representaba más del 58% del total de los independientes. Esto era un signo, además, de la debilidad de la demanda laboral. Muchos de estos trabajadores autónomos eran de los llamados “emprendedores por necesidad”, que en general declaran que preferirían tener un trabajo asalariado antes que el que realizan de forma independiente.

Además de no crearse puestos de trabajo en cuatro años, los ingresos laborales medidos en términos reales tampoco crecieron desde 2011 hasta 2015. Tampoco creció el salario real ni la productividad del trabajo. En cambio, sí crecieron la conflictividad laboral y la litigiosidad. Entre 2011 y 2015 aumentó un 64% la cantidad de huelguistas. Por su parte, los conflictos laborales con paro aumentaron un 18% (15% en el sector público y 26% en el privado). La cantidad de juicios laborales notificados a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se duplicó entre 2010 y 2015, de 53.000 a más de 100.000.

Este aumento en la litigiosidad no se correspondió con un aumento en los incidentes en el lugar de trabajo, que de hecho bajaron casi a la mitad entre 2003 y 2015. La litigiosidad, sin embargo, aumentó un 2300%.

“Los ingresos laborales medidos en términos reales no crecieron desde 2011”.

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en 2000, el Estado argentino se había puesto como meta erradicar el trabajo infantil para 2015. Estuvo lejos de cumplirlo. Sólo se hicieron dos encuestas para relevar la situación del trabajo infantil en los últimos quince años: la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2004) y el Mó- dulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2012). No hay información más reciente por falta de relevamientos sistemáticos. Además, los marcos muestrales y las regiones abarcadas por ambas encuestas no son comparables. La estadística de 2012 fue deliberadamente construida a partir de la situación en localidades de más de 2.000 habitantes, donde la incidencia del trabajo infantil es menor, en afán por mostrar una reducción en las cifras de la problemática. La encuesta de 2002, que sí reflejaba la situación del trabajo rural, mostraba que trabajaba un 35% de los adolescentes de entre 14 y 17 años y el 8% de los niños de entre 5 y 13. La encuesta de 2012, aún sub-reportando el problema, arrojó que trabajaba el 3% de los niños de entre 5 y 15 años y el 17% de los adolescentes de entre 16 y 17 años. La encuesta más reciente, además, presentó resultados divergentes con los de mediciones privadas del mismo fenó- meno. Entre 2013 y 2015, por la falta de voluntad política para erradicar el fenómeno, sólo se detectó la existencia de 225 chicos en situación de trabajo. De estos, si bien el trabajo infantil es un delito penado con prisión, sólo 190 acarrearon denuncias penales, y ninguno recibió sentencia de prisión.

En lo que hace a la equidad de género, Argentina ocupaba en 2015 la posición 105º entre 145 países en el índice de brecha de género elaborado por el Foro Económico Mundial. El mal desempeño en lo que hace a la participación económica de las mujeres se destacaba incluso en una comparación regional. En 2013, de acuerdo con el Observatorio de Trabajo del Mercosur, la tasa de actividad de las mujeres en Argentina era del 48%, contra un 54% en Brasil, 57% en Paraguay, 56% en Uruguay y 52% en Venezuela. Por su parte, la tasa de empleo en mujeres era de 45%, contra 49% en Brasil, 48% en Paraguay y 52% en Uruguay. Tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo de las mujeres en Argentina eran más bajas que las de los varones. Según datos del ministerio, en el cuarto trimestre de 2014 el ingreso promedio de las mujeres con trabajo registrado era un 19% menor al de los hombres. Las diferencias de género en la inserción laboral se explicaban principalmente por la segregación en ciertos sectores económicos: en 2014, en el sector asalariado industrial la participación femenina era del 19%; en las actividades primarias, 11% y en la construcción 6%.

La inserción laboral también es un problema para algunos grupos minoritarios. En la comunidad trans, por ejemplo, según un relevamiento del INDEC, el 82% de los integrantes del colectivo tenía problemas para buscar trabajo como consecuencia de su identidad sexual y las únicas oportunidades laborales que se les presentaban eran en el empleo público. Similares dificultades enfrentaban los pueblos originarios, que según el censo de población de 2010 incluían a casi un millón de personas en el país. En las provincias del norte, donde se concentra la mayor parte de la población indígena, las tasas de desocupación de estos grupos eran hasta un 90% más altas que las del total de la población. Las personas discapacitadas, que según el último censo alcanzan el 13% de la población, tenían problemas sistemáticos para insertarse en el mercado laboral. A pesar de que hay una ley que exige un cupo del 4% en los organismos nacionales para personas discapacitadas, en junio de 2015 sólo ocho de los 183 organismos sujetos a esta reglamentación cumplían con el cupo. Solamente 0,8% de las contrataciones en el ámbito nacional eran de personas con discapacidad.

Este diagnóstico solo puede hacerse a partir de estadísticas confiables sobre el mercado laboral. En esta materia, existen tres fuentes principales en el país. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo elabora una serie estadística, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Esta encuesta, que se realiza en empresas, se ha mantenido prácticamente sin cambios de personal ni metodológicos desde su creación en 1998, por lo que mantuvo su confiabilidad. Pero tiene limitaciones. Para empezar, se trata sólo de una encuesta a trabajadores y empresas registradas. En consecuencia, no captura bien el relevante fenómeno del empleo informal. Además, la encuesta sólo se lleva a cabo en aglomerados urbanos, por lo que tampoco logra reflejar la situación de todas las ramas del empleo. En segundo lugar está la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el INDEC y que es la fuente más importante de estadísticas sociolaborales. Esta encuesta, que se realiza directamente en los hogares y entonces puede cubrir también la situación del empleo informal, fue desvirtuada desde la intervención del INDEC en 2007 y sus resultados empezaron a estar fuertemente cuestionados. En tercer lugar están los indicadores elaborados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial con los datos de registros laborales de la AFIP. La confiabilidad de esta última fuente se mantuvo pero, por la naturaleza misma de su construcción, sólo capturaba la situación del empleo formal.

El Ministerio de Trabajo mostraba en diciembre de 2015 una división política entre la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Empleo, que en la práctica funcionaban como dos estructuras políticas separadas, con escasa comunicación y sin objetivos comunes. La tercera secretaría, la de Seguridad Social, tenía sus funciones desdibujadas. En el mercado de trabajo, los problemas principales eran el estancamiento en el crecimiento del empleo y las enormes dificultades del sistema para generar empleo privado y formalizar trabajadores informales.

“En 2015, un 51% de la población potencialmente activa del país tenía problemas de empleo”.

La Secretaría de Trabajo tiene como principal tarea ocuparse de la negociación colectiva, la inspección laboral y las relaciones laborales. Los trabajadores alcanzados por la negociación colectiva aumentaron sensiblemente en los últimos años: en 2015 hubo 5.366.313 trabajadores cuyos salarios (y otras condiciones) se actualizaron por medio de negociaciones avaladas por el ministerio. Sin embargo, frecuentes homologaciones sin los procesos adecuados y el otorgamiento de más de 1.600 de las llamadas “simples inscripciones” atentaban contra el modelo de negociación colectiva vigente. Las “paritarias libres” en realidad no existían, porque el Ministerio de Trabajo fijaba los porcentajes de negociación indicados por el gobierno. No se consideraba la conflictividad laboral como algo negativo. Por el contrario, se la promovía, alimentando la hostilidad entre empresarios y trabajadores. El diálogo tripartito entre sindicatos, empresas y gobierno estaba muy debilitado y con poca confianza entre los actores. El ministerio les abría la puerta a pocos sindicatos y empresas, y siempre de forma condicional a su alineamiento político.

“En diciembre de 2015, el mercado formal de trabajo arrastraba cuatro años de estancamiento”.

El salario mínimo en Argentina es determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito con representación del Estado, los empleadores y los trabajadores. Además de determinar el salario mínimo legal, está entre las funciones del Consejo construir comisiones tripartitas para realizar estudios sectoriales de reinserción laboral y necesidades de formación profesional, pautas de nivel de productividad y recomendar políticas para mejorar la producción y la productividad. Desde 2004, el Consejo sólo determina anualmente los aumentos del salario mínimo, en respuesta a la alta inflación. Cada vez que se decidían esos aumentos se hacían anuncios altisonantes sobre el compromiso que el gobierno tenía con la defensa de los trabajadores. Sin embargo, nunca se trabajó en la conformación de las comisiones técnicas para documentar hechos como que en varias zonas del país casi un 50% de los asalariados cobraba menos que el salario mínimo.

“Casi un 50% de los asalariados cobraba menos que el salario mínimo”.

En Argentina, la negociación colectiva es centralizada a su máximo nivel y su aplicación es coercitiva para todos los empleadores, independientemente de su representación. Quienes negocian los salarios y las condiciones de trabajo por actividad, rama y puesto de trabajo son las cámaras empresarias y los sindicatos de nivel nacional. Esto impide que en las regiones de baja productividad los salarios y las condiciones de trabajo puedan adaptarse a la realidad local en un plan de desarrollo progresivo y de mejora de la productividad.

Existe un programa llamado Recuperación Productiva (REPRO), por el cual la ANSES paga a las empresas adheridas una suma fija mensual por trabajador hasta un monto equivalente al salario mínimo, por un plazo de 12 meses. Para acceder al beneficio las empresas deben acreditar su situación de crisis, comprometerse a realizar acciones para recuperarse y a mantener la nómina de trabajadores. Es un programa positivo en la medida en que se asigne a empresas que atraviesen crisis coyunturales, producto de cuestiones macroeconómicas, y no estructurales, de productividad o de disrupción tecnológica. Sin embargo, no era pública la información sobre cuáles eran las empresas beneficiadas, quiénes los trabajadores ni cuáles eran los montos de las contribuciones. Además, cómo otorgarlo era una decisión discrecional, no se garantizaba que el programa estuviera atendiendo una situación coyuntural y no problemas estructurales o hasta incluso conductas oportunistas de las empresas.

Otra situación que seguía siendo problemática en diciembre de 2015 era la de los programas de empleo y capacitación. Estos programas, cuyo objetivo es mejorar la productividad y la empleabilidad de los participantes, fueron usados con una lógica clientelar. Se priorizó el apoyo político de los participantes, pero no se les brindaron las herramientas para reinsertarse en el trabajo. Según una encuesta de la Universidad Nacional de La Plata, el 84% de los beneficiarios creía que este tipo de programas eran más un instrumento político que de reinserción laboral. Además, el gobierno anterior no recopiló información que permitiera analizar qué tan buena era la focalización de los programas ni evaluar su impacto. A diferencia de lo que se hace en la mayoría de los Estados modernos, no se evaluaba este tipo de políticas. A partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares se pudo determinar que varios de estos programas no estaban focalizados en la población más vulnerable. Según datos de 2010, el 30% de los beneficiarios del programa Argentina Trabaja se encontraba en la mitad más rica de la población. Lo mismo ocurría con el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Las relaciones laborales son muy conflictivas en Argentina. Según la encuesta de opinión Latinobarómetro, Argentina es el país de América Latina donde la gente más cree (más de un 85%) que las relaciones laborales son más una relación de conflicto que una de cooperación. En 2009, por ejemplo, se perdieron casi un millón de jornadas de trabajo como consecuencia de las huelgas.

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ANSES

En la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo dedicado a la administración de los recursos del sistema previsional y los diversos programas de seguridad y protección social, la situación en diciembre de 2015 era de una amplia cobertura de servicios, que llegaban todos los meses a más de diez millones de personas, combinada con una alta desprolijidad en materia administrativa y financiera, infraestructura deficiente y frecuente aprovechamiento político de la atención al público.

En materia financiera, existía una gran deuda con proveedores. El monto total de esta deuda resultaba difícil de estimar dado que no había un registro formal de los compromisos asumidos. Numerosos contratos de importancia estratégica para el organismo estaban vencidos, incluyendo la seguridad de la red y el mantenimiento de la sala cofre (un recinto donde se almacenan las bases de datos del sistema previsional). Además, había 70 expedientes por contrataciones de contraprestación inconclusa y 14 rescisiones contractuales pendientes de resolver. Pese a estos incumplimientos, no existía registro de penalidades aplicadas a proveedores por incumplimientos.

La situación financiera de la ANSES, por otra parte, se deterioró durante los últimos años. Hasta 2012, los recursos propios de ANSES (es decir, excluyendo transferencias del Tesoro ni del Fondo de Garantía de Sustentabilidad) cubrían los gastos de cada ejercicio. Desde 2010, los recursos propios aumentaron un 302%, pero los gastos aumentaron un 367%, lo que para 2015 había generado un déficit de casi 60.000 millones de pesos. Si bien el aumento en los gastos responde en gran medida a la creación de nuevos programas o la extensión de otros (Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad, PROCREAR, Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas y las moratorias previsionales), se generó un déficit muy importante. En suma, si bien se incrementó considerablemente la 111 EL ESTADO DEL ESTADO Presidencia de la Nación cobertura previsional, esto se hizo con aumentos muy por encima de los gastos, lo que volvió poco sustentable en el mediano plazo al sistema previsional argentino.

“ANSES adeudaba 1.348 millones de pesos a otros organismos”.

La ANSES mantenía además deudas con otros organismos. Entre las mayores deudas están la que tenía con el Correo, por más de 150 millones de pesos, y con las telecomunicaciones, por más de 70 millones de pesos. Las deudas totales alcanzaban los 1.348 millones de pesos. Ese monto representa casi un tercio del gasto operativo total del organismo (excluyendo sueldos y prestaciones), de modo que el funcionamiento operativo de la ANSES estaba fuertemente desfinanciado en el momento del cambio de gobierno.

na de las mayores irregularidades administrativas de la gestión anterior de la Agencia era su asignación de recursos para pauta publicitaria. Por un lado, la contratación de publicidad se hacía por fuera del circuito presupuestario normal. Las órdenes de publicidad se enviaban sin reserva presupuestaria previa. De esta manera, se llegó a una deuda en concepto de publicidad de aproximadamente 800 millones de pesos. Se hizo un análisis del gasto en publicidad durante 2015 (de más de 900 millones de pesos) y se encontró que la asignación de publicidad no estuvo alineada con el desempeño de los medios en materia de audiencia, en televisión y gráfica, ni con el volumen de visitas de los sitios de Internet donde se hacía. Además, se comprobó la existencia de sobreprecios en pauta publicitaria tanto en clubes de fútbol como en cartelería en la vía pública. También se constataron irregularidades en las certificaciones de prestación de pauta. Por ejemplo, la publicidad en vía pública tenía certificaciones basadas en fotos trucadas o de lugares que no eran el reportado. Además había adulteraciones en las certificaciones de prestación de publicidad en los estadios de fútbol.

La situación administrativa del patrimonio también era irregular. Había 168 inmuebles sin contrato de locación ni comodato, o con contratos vencidos o en proceso judicial y sin uso. En 2014 se incorporó la base documental de ANSES al Registro Nacional de Bienes del Estado. Esto permitió detectar muchos inmuebles con conflicto de titularidad. También se pudo gracias a ese relevamiento encontrar numerosos inmuebles con uso de hecho sin apertura de expedientes respaldatorio, comodatos y locaciones vencidos. En lo que hace a los suministros internos y los servicios, también había un gran descontrol en la administración. Por ejemplo, en el parque automotor, donde había criterios de asignación arbitrarios y un grado bajísimo de monitoreo y mantenimiento. De un parque automotor de 582 vehículos en el organismo, 207 no se encontraban en condiciones de prestar servicios o directamente eran utilizados por personas ajenas al organismo, aunque ANSES cubría sus gastos. Además, había un uso excesivo de estos recursos por parte de las autoridades salientes. Por ejemplo, la dirección de la agencia contaba con ocho vehículos, algunos incluso para uso familiar.

La falta de control se extendía a la seguridad privada contratada. El análisis llevado a cabo tras el cambio de gestión arrojó que había contrataciones excesivas de personal de seguridad. Por ejemplo, en la localidad de Goya, Corrientes, había personal de seguridad privada en exceso por casi un 30%.

El contrato que se mantenía con la Universidad Tecnológica Nacional para digitalizar expedientes tenía, en diciembre de 2015, un avance del 50%, pero se estaba pagando de más, ya que no era la universidad la que hacía el trabajo sino que lo tercerizaba. Cuando se le solicitó una apertura de costos para determinar el costo real del servicio contratado, la UTN no pudo presentar información al respecto.

En materia de infraestructura, la situación era grave. Los edificios estaban en mal estado y contaban con pocos recursos para cubrir sus necesidades. El 40% de los inmuebles tenía problemas de mantenimiento o estructurales graves. Cerca de treinta obras públicas estaban inconclusas por no efectuar redeterminaciones de precios. Esta omisión generó un aumento significativo en la deuda con los contratistas. Existía, además, una gran desinversión en materia informática. La sala cofre, donde se alberga el procesador central y las bases de datos de ANSES, sufría deficiencias serias en la infraestructura de soporte. En particular, la infraestructura eléctrica no tenía mantenimiento apropiado. Las licitaciones para su renovación estaban vencidas y sin avances administrativos. Tampoco existía un sitio de continuidad o sitio de contingencia, ni backups de contingencia. Los equipos estaban en muchos casos desactualizados. La ANSES no hacía compra de computadoras personales desde 2013, y las licitaciones para equipos de seguridad informática registraban atrasos de más de tres años, dejando al organismo en una preocupante situación de vulnerabilidad ante ataques externos.

“Una persona tardaba siete meses en jubilarse desde que solicitaba el turno hasta que cobraba por primera vez”.

En lo que hace a la atención al público, la principal vía de contacto entre los beneficiarios y la ANSES son las Unidades de Atención Integral (UDAI), en cuya conducción existía hasta diciembre de 2015 un marcado sesgo partidario. En las UDAI se priorizaban los intereses políticos por sobre la atención a los jubilados, según múltiples reportes y documentos. Se crearon nuevas dependencias de atención al público que no respondían a criterios demográficos sino políticos. Un caso de este sesgo es el de la regional de Mercedes, ubicada a sólo 57 kilómetros de la de Chivilcoy. En algunos pueblos había tan pocos turnos de atención que existía un mercado negro de turnos en las UDAI, es decir que los jubilados pagaban para ser atendidos en las oficinas públicas. En pueblos chicos llegaba a haber filas de dos cuadras de gente esperando a ser atendida.

La velocidad de la atención y la resolución de las consultas era sumamente lenta, burocrática e ineficiente. Una persona tardaba siete meses en jubilarse desde que solicitaba el turno hasta que cobraba por primera vez. El horizonte del turno era de 40 días, el de resolución del trámite 129 días y el de la puesta en pago de 45 días.

“Había un stock de 253.000 jubilaciones pendientes”.

En diciembre de 2015 había un stock de 253.000 jubilaciones pendientes, casi el doble de lo normal. Esta diferencia se explicaba, entre otras razones, por el alto grado de ausentismo de los funcionarios del área durante la campaña electoral. La atención telefónica también era muy deficiente. En 2015 se recibieron 11 millones de llamadas telefónicas por mes. Sólo se atendieron algo menos de cuatro millones por mes, el 28%.

Existía, por otra parte, un abordaje en territorio también muy irregular. La dirección responsable tenía 350 operadores denominados “integradores” que se manejaban de forma independiente en el conurbano bonaerense, donde tomaban trámites sin ningún tipo de protocolo administrativo. Su propósito era hacer política partidaria, sin roles claros ni un funcionamiento enmarcado en las prácticas de la institución a la que nominalmente pertenecían. En la misma línea, había cinco camionetas sin mantenimiento ni conectividad que se dedicaban a recorrer el conurbano bonaerense haciendo política partidaria.

En la década anterior al cambio de gobierno, las deficiencias del sistema previsional y la falta de actualización en el monto de las jubilaciones provocaron cientos de miles de reclamos administrativos, que terminaron en los tribunales. En diciembre de 2015 había 440.000 juicios en curso y 60.000 juicios con sentencia firme a favor de los jubilados y en contra de la ANSES, que tardaba un promedio de ocho años en pagarlos. Además, había otros dos millones y medio de jubilados en condiciones de judicializar su situación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos emblemáticos como “Sánchez”, “Badaro” y “Eliff”, se expidió en relación con estos temas, dando mayormente la razón a los jubilados contra el Estado y sentando una jurisprudencia que multiplicó la cantidad de juicios. Varios de estos fallos definieron los montos que el Estado tenía que restituir a los jubilados afectados por la falta de actualización de los haberes, pero el Estado sistemáticamente incumplió estas obligaciones.

“Había 440.000 juicios en curso y 60.000 juicios con sentencia firme a favor de los jubilados”.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por su parte, es el fondo más grande del país, es administrado por la ANSES y sus activos son recursos de los jubilados. Sin embargo, parte de sus fondos fueron usados para hacer inversiones que nada tenían que ver con mejorar la vida de los jubilados. Se financió, por ejemplo, la construcción de una central nuclear, a tasas muy inferiores a las del mercado, así como varios otros proyectos con las mismas facilidades. El FGS fue durante años un instrumento financiero al cual el gobierno anterior recurría para promover emprendimientos de distintos ministerios que circunstancialmente ganaban protagonismo político, aún cuando no se relacionaban con el propó- sito que le había dado origen. No existía un sistema integral de administración de la cartera para aprobar las inversiones, y los mecanismos de seguimiento y control eran poco robustos.

También había problemas operativos y de diseño en el programa de la tarjeta Argenta. Había una inconsistencia entre la Base de Cargas Virtuales y la Base de Préstamos que permitiera que existieran comercios fantasma y operaciones fraudulentas de distinta índole. Por su parte, en las UDAI había muy baja capacitación acerca de este programa, lo cual generaba baja documentación respaldatoria, expedientes con errores y cargas incompletas en los sistemas. Había cientos de miles de plásticos en las UDAI y un número imposible de determinar en Archivo, sin datos sobre activación ni medidas de seguridad.

“Hubo solamente 150.000 créditos otorgados en la línea de créditos individuales al 10 de diciembre de 2015”.

Uno de los programas especiales de política pública que se instrumentaron desde la ANSES, aunque no tenían que ver con el sistema previsional y la seguridad social, fue el plan de créditos subsidiados PROCREAR. Se encontró que había una gran diferencia entre lo que se denominaba “viviendas terminadas” y los números reales. La administración anterior hablaba de “200.000 soluciones”. Sin embargo, hubo solamente 150.000 créditos otorgados en la línea de créditos individuales al 10 de diciembre de 2015. Las obras terminadas, que debieron haber sido aproximadamente 140.000, eran en los hechos muchas menos, ya que había un 30% sin terminar. En la línea de desarrollos urbanísticos, que equivalían a 25.000 viviendas, el avance de obra era de un 50%, con sólo 300 unidades entregadas al momento del cambio de administración. El financiamiento del programa era insostenible ya que se empleaban recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a tasas reales negativas. ANSES podía llegar a perder, según la inflación que hubiera en los años siguientes, hasta el 50% en términos reales del dinero que prestaba en un crédito. El programa tampoco era igualitario ni respondía a razones de necesidad, ya que si bien la adjudicación por sorteo lo hacía transparente, resultó en que muchas familias beneficiarias fueran de ingresos altos, lo que impidió que su implementación fuera progresiva.

En el programa Conectar Igualdad, que hasta diciembre de 2015 había entregado casi cinco millones y medio de netbooks y también es instrumentado desde la ANSES, se detectó una potencial cartelización de los proveedores y los consiguientes costos mayores para el Estado. La renegociación con los principales proveedores tras el cambio de administración permitió una reducción de precios de más del 20%, lo cual sugiere que en las licitaciones anteriores se habían pagado precios excesivamente altos. La ANSES está a cargo de las dos patas centrales del programa Conectar Igualdad: la compra y distribución del equipamiento tecnológico, por un lado, y el servicio técnico. Los sistemas de gestión para estos procesos funcionaban bien. Eran eficaces la distribución y la trazabilidad de las netbooks. Los defectos estaban en el área del servicio técnico, sobre todo en lo relativo a los plazos de resolución de los problemas. Tampoco existía información sobre el estado de la infraestructura instalada en las escuelas. Por último, la articulación entre la gestión de entrega del equipamiento, a cargo de la ANSES, y su uso pedagógico (Ministerio de Educación) era muy pobre, lo cual limitaba el impacto y la valoración de la política.