DESARROLLO HUMANO
En diciembre de 2015, Argentina carecía de estadísticas oficiales sobre la situación social de sus habitantes. Sin embargo, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, el 29% de la población vivía en situación de pobreza y el 6% en la indigencia en el momento del cambio de gobierno. Además, una de cada tres familias, casi cuatro millones de familias en total, no tenía un hogar digno donde vivir. A muchas de estas familias, por otra parte, el Estado no las alcanzaba con los programas que deberían brindarle asistencia: había más de un millón de niños que podían estar cubiertos por la Asignación Universal por Hijo pero que sin embargo no la estaban recibiendo. Muchos de ellos, justamente, aquellos que vivían en lugares donde el estado no llegaba, ni siquiera con la AUH.
Aunque se crearon programas masivos –en el momento del cambio de gobierno recibían la AUH más de 3,5 millones de niños–, el Estado terminó quedándose a mitad de camino en muchos de los objetivos que se había propuesto. No sólo en la ayuda a quienes viven en las situaciones más extremas, sino, sobre todo, con aquellos que accedieron a la educación pública o al sistema de salud. En los años anteriores al cambio de gobierno apenas dos de cada cuatro alumnos terminaba la escuela secundaria en forma. Y de esos dos que sí la terminaban, sólo uno de ellos comprendía textos.
Una conclusión del análisis de todas estas áreas y de salud, especialmente de la gestión del PAMI, es que el Estado estuvo en estos años tan al servicio de sus beneficiarios como de la política. Y, en muchos casos, al servicio de los políticos. El saldo de esto era en diciembre de 2015 una crisis social profunda. Mientras esto ocurría, el Ministerio de Desarrollo Social fue usado con fines políticos y partidarios y funcionó de manera desordenada, desarticulada y con una clara discrecionalidad en la distribución del presupuesto nacional.
“El Ministerio de Desarrollo Social tenía deudas por más de 500 millones de pesos”.
En diciembre de 2015 el ministerio tenía una deuda de más de 500 millones de pesos con proveedores y por subsidios. También había una gran cantidad de expedientes sin firmar. En varias áreas, la gestión estaba paralizada desde julio de 2015. En algunos casos, los subsidios no se pagaban desde 2009. Se registraron gastos sin rendir del fondo rotatorio del ministerio por casi cuatro millones de pesos, sin que se justificara su excepcionalidad o urgencia. También se encontraron facturas por montos superiores a los 50.000 pesos, el máximo autorizado.
Según testimonios de empleados existía una estructura ministerial dividida en cinco secretarías que respondían, cada una de ellas, a una organización política aliada a la ministra. Esta organización política tuvo consecuencias en el funcionamiento del ministerio, que incluyó la superposición de responsabilidades y funciones entre las distintas áreas. Durante estos años, la política de desarrollo social se basó en el asistencialismo y no en una política de transformación real de las condiciones de las personas que lo necesitaron. Se trató de una política social sustentada en la transferencia y entrega de insumos, en la forma subsidios, planes sociales, equipamiento o bienes básicos, pero sin planificación ni seguimiento.
La política social anterior a diciembre de 2015 estaba basada en la demanda, en el individuo, y no consideraba al núcleo familiar ni contemplaba un trabajo de protección social. Era una política social “universal”, pero sin aplicación focalizada. La administración de los recursos y los programas se realizaba a demanda y no a partir de diagnósticos o prioridades claras. Por eso, a pesar de que se volcaron millones de pesos en programas que dependieron del Ministerio de Desarrollo Social, no hubo un cambio real en las condiciones de vida de una parte importante de la población. A la hora de implementar políticas públicas, no hay rastros de que se hayan usado líneas de base, planificación o seguimiento y coordinación. Esto generó la superposición de programas con objetivos similares, desperdiciando recursos y esfuerzos, y al mismo tiempo, la duplicación las estructuras administrativas. Además, no se encontraron informes de impacto o de resultados sobre el trabajo realizado. Esto impedía la evaluación seria de las políticas que se llevaron adelante y el trabajo sobre experiencias pasadas para optimizar los programas.
Las nuevas autoridades encontraron materiales de trabajo para capacitaciones donde se rendía culto al gobierno anterior. Un juego similar al Juego de la Oca premiaba a los jugadores en casilleros dedicados a las políticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los hacía retroceder en el tablero cuando el casillero correspondía a “fondos buitre” o “privatizaciones”. Otro juego, un memotest, utilizaba imágenes alusivas a medidas del gobierno: la recuperación de YPF, la Asignación Universal por Hijo, Aerolíneas Argentinas, Fútbol para Todos o Tecnópolis. Los programas de expresión “Argentina Creativa” promocionaban a Néstor y Cristina Kirchner y sus medidas. Se encontraron libros de historietas con la imagen de Cristina Kirchner como defensora de los derechos sociales y hasta un concurso llamado “Si Néstor lo viera”. La ex presidenta también era protagonista de murales colectivos que se pintaron por todo el país.
Todo esto se dio en un entorno politizado donde la entrega de insumos se embanderaba con pecheras de organizaciones políticas oficialistas como Kolina o La Cámpora. En el área de Juventud del ministerio, por ejemplo, el día después de la asunción, las nuevas autoridades fueron recibidas por empleados vestidos con remeras de La Cámpora que se negaban a trabajar. “Somos la resistencia”, decían. En los días siguientes se registraron más de 300 renuncias, una cantidad que coincidía con las altas que se habían dado en los meses anteriores. No quedaron registros de qué responsabilidades o servicios prestaban estas personas. En simultáneo, se registraron viajes al exterior a pesar de que el ministerio no poseía relaciones internacionales permanentes y sólidas. A pesar de ello, hay registros de viajes a Asia con escalas de más de diez días en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, al igual que en otras áreas, el impacto territorial de las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social estuvo marcado por el devenir político de las alianzas y apoyos entre el Gobierno Nacional y las provincias. La cantidad de fondos destinados a programas sociales en cada provincia dependía del apoyo político que esa provincia mostrara hacia el gobierno nacional. Algunos programas nacionales no llegaron nunca a algunas provincias. Algunas de ellas, incluso, no habían sido recibidas para una audiencia con la ministra. Al asumir la nueva gestión, mientras algunos ministros provinciales consultaban por la continuidad de un programa u otro, otros querían saber de qué se trataban ya que nunca habían tenido acceso a ellos.
Esta falta de articulación entre el ministerio y las provincias se daba también hacia el interior del Ministerio, donde no se trabajaba en equipo entre las autoridades y los centros de referencia provinciales. Se repartían insumos desde el área central del organismo sin dar participación a sus colegas locales. Ante la falta de un protocolo de emergencias, se superponían tareas y los recursos se entregaban sin ningún tipo de control sobre los depósitos. El ministerio carecía de criterios unificados para recabar, compartir o centralizar información por lo que ante una catástrofe o una situación de emergencia cada área trabajaba de manera autónoma.
La entrega de tarjetas del plan nacional de seguridad alimentaria fue absolutamente discrecional, al punto de que algunas provincias ni siquiera contaron con el Plan Nacional Alimentario. En Córdoba, por ejemplo, el plan se aplicó sólo en algunos municipios y no a nivel provincial. San Luis, por su parte, no recibió asistencia del Ministerio de Desarrollo Social nacional. Otros distritos como las provincias de Buenos Aires o La Pampa no recibían ayuda para los comedores de sus escuelas. Así como algunas provincias fueron discriminadas en el reparto de obra pública o de programas sociales, hubo otras que resultaron beneficiadas por sobre las demás. Tucumán, una provincia que fue siempre cercana al Gobierno Nacional, recibió por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 4.285 millones de pesos en asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, sin que ese dinero tenga ningún impacto visible en índices de pobreza e indigencia.
Otros programas estaban cerrados para el acceso de nuevos beneficiarios. Argentina Trabaja y los programas de asistencia alimentaria a comedores comunitarios no permitían nuevos ingresos desde 2005. También se encontró un importante desorden en la asignación de pensiones no contributivas. Se recibían aproximadamente 15.000 solicitudes de nuevas pensiones por mes, pero la tramitación de cada una demoraba más de un año. El sistema de altas, además, establecía que la celiaquía era condición suficiente para acceder a una pensión por invalidez para trabajar.
Tampoco se encontraron registros de índices de violencia de género. No se hacía un seguimiento de los llamados a la línea 144, ni se había implementado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina no había estadísticas, registros ni articulación entre los distintos poderes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.
VIVIENDA
En diciembre de 2015 había en la Argentina 3.800.000 familias, casi una de cada tres familias argentinas, que no tenían una vivienda digna o vivían en lugares que no cumplían las condiciones básicas de higiene o hacinamiento para ser sanos y seguros. De estas familias, 2.200.000 tenían un hogar que, con ayuda, urbanizando villas, llevando los servicios básicos y poniéndolos en valor se podían recuperar. Pero 1.600.000 vivían en lugares irrecuperables. Esta situación se concentraba en los sectores más desaventajados de la sociedad: el 60% del déficit correspondía al 40% de la población con menores ingresos.
“Una de cada tres viviendas construidas incumplía los estándares mínimos”.
A pesar de este diagnóstico, la política de vivienda en todos estos años fue deficitaria. Una auditoría realizada por la AGN concluyó que una de cada tres viviendas construidas en el período incumplía los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social establecidos en los Programas Federales de Vivienda. Al mismo tiempo, otro tercio de las viviendas se hizo sin tener en cuenta la correspondiente infraestructura de servicios básicos. Es decir que la casa con frecuencia estaba terminada y era de buena calidad, pero no tenía acceso a electricidad, gas, transporte público o agua corriente y cloacas.
Además, buena parte de la política de vivienda anterior a diciembre de 2015 se basó más en el clientelismo y el uso de la obra pública para fines políticos que en la solución del problema habitacional real de los argentinos. El proceso de selección de los beneficiarios, de los constructores, de las cooperativas involucradas y hasta de las provincias donde se llevaron adelante emprendimientos de viviendas sociales fue arbitrario.
Entre 2005 y 2015, algunas provincias recibieron de manera discrecional, a través de los Planes Nacionales de Vivienda, más del doble de los fondos que les hubieran correspondido por coparticipación federal. Tucumán, por ejemplo, recibió diez veces más fondos para vivienda que Córdoba, y Chaco recibió seis veces más fondos que Santa Fe. La Ciudad de Buenos Aires y San Luis prácticamente no recibieron fondos que no fueran automáticamente coparticipables.
“En el 2015, se gastaron 13.544 millones de pesos en cuestiones que nada tenían que ver con viviendas”.
En los últimos años de la gestión anterior también ocurrieron grandes irregularidades administrativas y de procedimiento. Sólo durante 2015, 13.544 millones de pesos asignados a obras de vivienda fueron gastados en cuestiones que nada tenían que ver con la construcción de viviendas, según estimaciones posteriores. En diciembre de 2015, además, las obras de vivienda social financiadas por el Estado Nacional llevaban cinco meses paralizadas. Y la Secretaría de Vivienda les debía unos 6.000 millones de pesos a provincias y municipios.
Esto era así porque en julio de 2015 la ex Subsecretaría de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, suspendió progresivamente los pagos a los institutos de vivienda provinciales y municipales de todo el país con los que tenía acuerdos. El resultado fue que todas las obras en ejecución se paralizaron y las empresas constructoras comenzaron a despedir personal. En el momento del cambio de gobierno, la cadena de pagos estaba totalmente cortada, una situación que generaba incertidumbre en provincias, constructoras y obreros de la construcción de todo el país.
Por eso estaban sin terminar muchas obras que debían haber estado concluidas en diciembre de 2015. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de 30.000 viviendas que se deberían haber terminado el año pasado, sólo estaban terminadas 3.000. Esta situación se agravó, además, por la existencia de 1.371 obras, con un valor combinado de 3.900 millones de pesos, que habían sido pagadas en su totalidad a pesar de que no estaban terminadas y su avance físico no llegaba al 80%. Otros 924 proyectos, con una inversión de Nación por 2.292 millones de pesos, ya habían recibido un primer desembolso hacía por lo menos doce meses pero no habían presentado ningún certificado de avance de esas obras. En ese mismo período, el 88% de las rendiciones auditadas eran irregulares o estaban incompletas, según un informe de la Auditoría General de la Nación. El estado de cientos de proyectos de viviendas era mucho más precario de los que indicaban sus certificaciones presentadas, según detectó la nueva Secretaría de Vivienda y Hábitat.
“El 60% de las familias que vivían en viviendas sociales no tenía el título de propiedad de su casa”.
Otra cuenta pendiente era el régimen de dominio de las viviendas adjudicadas. El 60% de las familias que vivían en viviendas sociales no tenía en diciembre de 2015 un título de propiedad de su casa, según una estimación de la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Esta situación transformaba a los habitantes no en propietarios de sus hogares sino en tenedores precarios de las viviendas que habitaban.
EDUCACIÓN
En diciembre de 2015, la educación pública tenía severos problemas de calidad y no lograba garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades. Las mejoras presupuestarias de los primeros años de la gestión anterior no se veían reflejadas en una escuela que garantizara los aprendizajes fundamentales para el desarrollo integral de todos los niños y jóvenes del país. Por todo el país se encontraron escuelas con severos problemas de infraestructura, maestros que no tenían suficiente capacitación, alumnos que aprobaban sin aprender y padres que no se comprometían.
Durante muchos años, Argentina fue líder regional en muchos de los indicadores educativos. Entre ellos, la cantidad de años de estudios por habitante o el índice de analfabetismo. En diciembre de 2015 estaba en el promedio. En otros indicadores, como el porcentaje de cobertura en la escuela inicial, Argentina se ubicaba detrás de países como México, Perú y Uruguay. Mientras México tenía una cobertura del 81%, en la Argentina sólo el 72% asistía a la escuela inicial.
En las pruebas de calidad educativa de nivel primario que realiza el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de Unesco, entre 2006 y 2013, Argentina tuvo progresos escasos o nulos en lectura, matemática y en ciencias. Los resultados estaban por debajo de los de Chile, Costa Rica, Uruguay y México y en algunos casos detrás de Brasil, Colombia y Perú. En las pruebas PISA, por otro lado, Argentina estaba, en el año 2012, entre los peores ocho países de los 65 sistemas educativos participantes. Desde su primera participación en el año 2000, el país no había mejorado su desempeño en ninguna materia. En el mismo período, otros países de la región, como Chile y Perú habían mejorado significativamente.
“Los docentes de siete provincias cobraban sueldos menores al salario mínimo”.
En diciembre de 2015, los docentes de siete provincias cobraban sueldos menores al salario mínimo. En parte, esta deuda explicaba la falta de clases que sufrieron muchos de los alumnos de escuelas públicas de todo el país. Los paros y los temores antes del comienzo de clases eran una foto que se repetía todos los años. En 2015, ocho provincias tuvieron más de 20 días de paro.
En 2004 se estableció por ley la obligatoriedad de 180 días de clase por año para todos los alumnos de las escuelas del país. Más de diez años después, ese objetivo estaba lejos de cumplirse. Cada año, entre las demoras en el inicio de clases, los días de paro por conflictos salariales con docentes y las dificultades para recuperar los días perdidos, son pocas las provincias que alcanzan la cantidad de días de clase oficiales. Además, ni siquiera aunque los chicos estén en clase todos los días tienen garantizado que van a adquirir todas las herramientas que necesitan para llegar listos al mundo del trabajo. Sólo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas argentinas en 2015 terminó el secundario en forma. Ésta es una de las estadísticas más tristes sobre la educación pública. Pero también es uno de los pocos datos disponibles, ya que la falta de estadísticas también llegó a la educación. No existían evaluaciones de impacto con estándares de calidad en los programas y políticas educativas. Tampoco había información completa y confiable que permitiera conocer el grado de cumplimiento de las metas comprometidas por el gobierno. Las evaluaciones que sí existían tenían un nivel tan bajo de respuestas que ponían en riesgo su confiabilidad y la validez de la evaluación. Sumado a eso, una deliberada falta de transparencia en la difusión de los resultados de esos pocos operativos nacionales. En algunas jurisdicciones donde se aplicó la Prueba Nacional de Evaluación, por ejemplo, respondieron sólo el 23% de los estudiantes. El Estado tampoco cumplió a la hora de exigir la obligatoriedad ni publicó los resultados de las pruebas y los diagnósticos.
Los datos obtenidos de informes regionales publicados por organismos como Unesco o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son alarmantes. Los resultados obtenidos del Terce, el estudio de logro de aprendizaje más grande que se realizó en la región indica que uno de cada cuatro alumnos de tercer grado no accede a los aprendizajes indispensables en Lengua. En la misma materia, pero a los 15 años, en la Argentina sólo la mitad de los alumnos accede a los aprendizajes indispensables. Además, todos estos indicadores muestran fuertes desigualdades entre provincias.
“El Estado Nacional debía más de 3.000 millones de pesos a las universidades”.
En educación universitaria, los años anteriores al cambio de gobierno se caracterizaron por la apertura de nuevas universidades y de una saludable expansión de la matrícula de estudiantes. Sin embargo, esa expansión se hizo sin planificación y en medio de batallas presupuestarias que reflejaban un ataque a la autonomía universitaria, por parte del gobierno, a partir del manejo discrecional del presupuesto. En diciembre de 2015, el Estado Nacional acumulaba una deuda con las universidades de más de 3.000 millones de pesos. Sólo en gastos de funcionamiento debía tres cuotas, por casi 900 millones de pesos, y otros 600 millones de pesos del refuerzo presupuestario de 2015. También se debían 91 millones de pesos en cuotas de becas estudiantiles. En las obras, existían atrasos desde septiembre y muchos pagos se habían distribuido discrecionalmente.
El sistema universitario mostraba a fines de 2015 grandes desigualdades. Sólo 12 universidades públicas concentran el 72% de los estudiantes de un sistema que comprende 62 universidades de gestión pública y 64 de gestión privada. La desigualdad en el acceso a la educación universitaria también se verifica a nivel social. De acuerdo con los últimos datos disponibles, sólo uno de cada diez argentinos obtiene un título universitario. Sin embargo, si uno examina únicamente al 20% más pobre de la sociedad, sólo uno de cada cien personas llega a recibirse. Esto significa que una persona pobre tiene una probabilidad de obtener un título universitario diez veces menor que el promedio nacional. También se registraba en 2015 una fuerte concentración en las áreas de estudio. Las carreras de ciencias sociales y humanidades reunían al 58% de los estudiantes, mientras que las carreras de salud tan sólo al 13%.
Durante los últimos años se redujo el fondo de los programas especiales para las universidades destinados para el mejoramiento de la calidad de las instituciones, de la infraestructura, de becas y de programas de vinculación tecnológica, entre otros. Lo que quedó se distribuyó discrecionalmente, y universidades como las de San Martín o la de La Matanza recibieron montos muy superiores a otras de similares dimensiones. A través del Programa Fundar, la Secretaría de Política Universitaria transfirió más de 2.000 millones de pesos sin ningún criterio claro. Sumado a esto, no hubo ningún control por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias respecto del seguimiento y aprobación de la rendición de los fondos transferidos a las universidades nacionales, según un informe de la Sindicatura General de la Nación. Se verificaron transferencias autorizadas por la secretaría por mayor valor de lo autorizado. Mientras el importe máximo de transferencias permitido es de 13,6 millones de pesos, hay registros de autorizaciones por más de 30 millones de pesos a cada universidad. Sumado a esto, no hubo rendiciones de los fondos enviados a través del programa Fundar. Las universidades deben el 99% de sus rendiciones de gastos de entre 2013 y 2015, según la SIGEN. Aún así, los fondos se siguieron incrementando: 290 millones de pesos más en 2014 y 1.090 millones de pesos más en 2015. A fines de 2015 se distribuyeron por decreto, y sin ningún criterio técnico, 432 millones de pesos a nueve universidades nacionales (Arturo Jauretche, San Martín, Tres de Febrero, José C. Paz, Hurlingham, Comechingones, Rafaela, Alto Uruguay y UTN). La distribución de los fondos del programa Fundar para 2016 fue reflejo de esta falta de transparencia. Las Universidades Nacionales de San Martín, de Tres de Febrero y de La Matanza concentraron 350 de los 639 millones de pesos repartidos por la Cámara de Diputados en concepto de fondos adicionales.
SALUD
El Ministerio de Salud tampoco estuvo exento durante estos años de irregularidades y evidencias de mala gestión en programas de políticas públicas.
Uno de los ejemplos paradigmáticos fue el Plan Qunita. Este plan consistía en la entrega de un kit con artículos varios a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo. Actualmente, el Juzgado Federal Nº 11 avanza en investigaciones relacionadas con múltiples irregularidades en las adquisiciones de estos kits. Por un lado, había irregularidades administrativas en el proceso de licitación pública. Además, se acreditó la existencia de sobreprecios en los costos de los kits. Inicialmente, el Ministerio de Salud autorizó una convocatoria a licitación pública para la adquisición de 150.000 kits por un monto estimado de 675 millones de pesos. Esto representaba un precio unitario promedio de 4.500 pesos. Finalmente, el monto adjudicado totalizó más de mil millones de pesos por 140.000 kits, con un precio unitario de 7.838 pesos. Sumado a esto, los kits recibidos de las empresas no contenían la totalidad de los productos, ni cumplían con las especificaciones técnicas establecidas. Algunos de los elementos que integraban los kits fueron objetados técnicamente por su seguridad y su calidad por el INTI. Sin embargo, el Ministerio de Salud continuó con la entrega de los kits a pesar de que los moisés, por ejemplo, no cumplían con los requisitos necesarios.
El programa fue creado con posterioridad a la autorización de la convocatoria a la Licitación Pública. Ninguno de los proveedores, además, tenía una actividad principal relacionada con el objeto de la contratación. Casi todos ellos presentaron inicio de actividades en el rubro en fechas posteriores a la presentación de ofertas o adjudicación. Adicionalmente, se efectuaron modificaciones generales y específicas a los kits con posterioridad a la adjudicación. Esta investigación resultó en el procesamiento del Jefe de Gabinete y el Ministro de Salud del gobierno saliente.
Un ejemplo del desmanejo de los últimos años es la situación que presentaba el Hospital Posadas, el más importante hospital nacional. Durante el año 2015 habían ingresado a la planta del hospital alrededor de mil agentes. Más de la mitad de éstos lo hizo en los 45 días anteriores al cambio de gobierno. El grueso de esos nuevos agentes ingresó en áreas administrativas, alterando el equilibrio entre la dotación asistencial y la de apoyo administrativo. Muchos otros no tenían siquiera tareas asignadas, aunque sí estaban debidamente inscriptos en el sistema de liquidación de haberes.
“El Hospital Posadas sólo ejecutó el 25% del presupuesto asignado para obras en 2015”.
Antes de eso, en abril del mismo año, el Gobierno Nacional había declarado la intervención del hospital. Durante ese tiempo, según un informe de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), se paralizó la mayoría de las licitaciones públicas y privadas sin que hubiera motivos fundados o formalizados en expedientes. Esto dejó sin efecto obras fundamentales como las de terapia intensiva de adultos, unidad coronaria, guardia de adultos, lactario y vacunatorio, entre otros. Producto de esa parálisis, el Hospital Posadas sólo ejecutó el 25% del presupuesto asignado para obras en 2015 y se utilizaron 95 fondos rotatorios por unos cinco millones de pesos, concentrando el 80% en un solo proveedor de la localidad bonaerense de Morón. Por otra parte, no se efectuó un plan anual de compras para farmacia ni para otras áreas del hospital para el ejercicio 2016. Con posterioridad al cambio de gobierno, la nueva administración del hospital designó una Comisión Normalizadora que desde el primer día de trabajo recibió amenazas y ataques vandálicos. Se repartieron folletos con amenazas hacia quienes estaban revisando el estado administrativo del establecimiento y hasta apareció una silla de ruedas en el interior del resonador magnético del Hospital. Este resonador es el único equipo de esas características en el sector público en la zona oeste y realiza entre 30 y 40 resonancias por día. En simultáneo dejaron de funcionar los 25 ascensores al mismo tiempo y se produjo una descarga eléctrica que dañó todas las heladeras del vacunatorio. Por otro lado, el Posadas fue escenario de un acto político en el marco de la última campaña presidencial. Con fondos del hospital se financió un acto de la entonces presidente. Los costos del evento incluyeron el alquiler de micros para el traslado de personas, vallado, aire acondicionado, baños químicos, equipos de iluminación y sonido y hasta un servicios de catering. Por todo esto, se encontraron facturas por 621.800 pesos pagadas por un Hospital que carecía de los insumos más básicos para su funcionamiento normal.
En 2010, después de la epidemia de Gripe A del año 2009, el Gobierno argentino acordó con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo por 229 millones de dólares. Estos fondos tenían como objetivo destinarse a un programa de prevención ante un posible nuevo brote a través de la vacunación de grupos de riesgo. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación, el programa de vacunación enmarcado en el préstamo no alcanzó un nivel de cobertura aceptable. Mientras se habían establecido metas de vacunación de 900.000 personas para el año 2010 y 700.000 personas para 2011, sólo se alcanzó al 17% el primer año y el 23% el segundo año. Por otro lado, de los fondos que estaban destinados a inversión en bienes de “emergencia”, el 35% no respondió a ese criterio. En ese marco, se destinaron 31 millones de pesos en 2013 para la compra de ambulancias que, si bien contribuyeron al fortalecimiento del sistema de salud, no pueden ser enmarcadas en la emergencia que dio origen al préstamo.
Otra dependencia sensible y cuyo funcionamiento es decisivo para la correcta articulación de los distintos subsistemas de salud es la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta Superintendencia durante los últimos años fue un ejemplo de la desidia en la administración pública. En el aspecto administrativo funcionaba de una manera caótica y desarticulada. No se compartía la información con las obras sociales y, de esta manera, no se optimizaban los servicios de salud brindados. Además, se tardaba entre seis y siete meses en pagarle a los hospitales a pesar de que el organismo contaba con dinero para hacerlo.
ARGENTINA SONRÍE
Argentina Sonríe fue un programa de salud destinado a llevar atención odontológica en unidades móviles por todo el país. A pesar de que requirió una inversión millonaria en vehículos y equipamiento, tuvo problemas operativos desde el principio. En el año que estuvo en funcionamiento sólo hizo once viajes, seis de ellos a Santa Cruz y el resto a Buenos Aires y Entre Ríos, todas provincias ligadas al oficialismo de entonces y que no presentaban índices bajos de salud bucodental.
Para poner en marcha el programa, el Gobierno invirtió 80 millones de pesos en la compra de 50 ómnibus y el equipamiento para abastecerlos. Las unidades móviles se compraron por contratación directa y en diciembre de 2015 estaban estacionadas, inutilizadas para el servicio para el que habían sido creadas, en dependencias del Ministerio de Salud. Sólo unas pocas habían salido a la ruta.
A pesar de contar equipamiento de última generación, los ómnibus dentales nunca pudieron funcionar, porque el equipamiento odontológico era tan delicado que se descalibraba fácilmente con el andar de los vehículos. Cada vez que salía una unidad móvil desde Buenos Aires se encontraba, al llegar a destino, que el equipo estaba descalibrado y que en esas condiciones no podía ser utilizado.
La adquisición de cada uno de estos equipos costó 3,7 millones de pesos y muchos de ellos nunca pudieron prestar servicios. Además, aunque su uso requería cursos de capacitación con profesionales preparados, en el marco del programa pasaron de mano en mano sin la correspondiente formación. Los once operativos que se realizaron en el marco del programa comenzaron en 2014, más de la mitad coincidieron con las campañas políticas del año siguiente y se realizaron sin ninguna articulación con las autoridades locales.
La elección de los destinos y la atención de los pacientes estuvieron atravesadas por intereses políticos. Las ciudades elegidas dependían de las relaciones entre autoridades políticas y la atención a los pacientes que ingresaban al programa estaba a cargo de referentes políticos del entonces oficialismo, quienes armaban una lista de los pacientes que podían acceder a la atención médica. No existió ningún orden de prioridad relacionado por necesidades de salud o económicas.
Tampoco se realizó ningún estudio epidemiológico antes, durante o después de los operativos, para evaluar las ventajas y las dificultades en las enfermedades en cada localidad ni sobre las necesidades de acceso a la salud en esas poblaciones para evaluar la necesidad o no de llevar los operativos hacia allá. Inicialmente, la compra del equipamiento médico y las unidades móviles se realizó en 2014 a través de una licitación pública que ganó la empresa metalúrgica Bonano S.A. Sin embargo, no se registró ningún contrato ni orden de compra con la empresa.
La adaptación de las unidades móviles para el programa fue realizada por la empresa Callmed S.A., cuyo ejecutivo de ventas era familiar de uno de los responsables del programa. La contratación de este servicio fue realizada por contratación directa a pesar de que la empresa no contaba con los requisitos necesarios para ganar la licitación original, que fue dada de baja.
Los trailers nunca fueron patentados ni transferidos a nombre del Ministerio de Salud. Y aunque comenzaron a funcionar en diciembre de 2014, recién a fines de 2015 obtuvieron la habilitación sanitaria necesaria. Sin embargo, se trasladaron por el país en esas condiciones. A pesar de esto, finalmente fueron habilitados a pesar de que el programa no contaba con los requisitos necesarios para recibirla. Durante todo este tiempo, debido a que nunca se realizó un inventario de insumos o bienes, mientras los móviles permanecieron detenidos en sus bases se perdieron o robaron piezas.
El programa estuvo dirigido durante todo el tiempo por personas ligadas a las autoridades del Gobierno nacional. La Coordinadora General fue Elena Morán, odontóloga y madre del diputado Andrés Larroque. Una de sus cabeza más visibles fue Rocío García, odontóloga y esposa del actual diputado Máximo Kirchner. La directora nacional de Salud Bucodental era María Belén César Gallardo, odontóloga y nuera del ministro Julio De Vido.
Además, no había documentos administrativos sobre la adquisición de bienes de uso para el funcionamiento del programa. Todos los materiales fueron tercerizados mediante otros programas o a través de compras de otras direcciones. Por ejemplo, la compra de fresadoras y hornos no se hizo a través de Argentina Sonríe sino desde SUMAR, un programa de salud pública para niños, adolescentes y adultos mayores. Por otro lado, quienes trabajaban en este programa eran contratados por medio de asistencia técnica o de locación de servicios en la Universidad Nacional de San Martín y recibían viáticos por montos muy superiores a su salario mensual. Estos montos tampoco mantenían relación con los viáticos estipulados por el Ministerio de Salud.
PAMI
Las nuevas autoridades encontraron un PAMI sin información, con una situación financiera alarmante y una enorme cantidad de irregularidades que están siendo investigadas por la justicia. En diciembre de 2015, el PAMI acumulaba una deuda de 5.500 millones de pesos y perdía unos 250 millones por mes.
Los problemas del PAMI no eran recientes. Más bien eran el resultado de décadas de mala gestión, ausencia de control y falta de estrategia política. Una de las principales irregularidades correspondía al manejo de medicamentos, que le costaban al PAMI el equivalente a la construcción de un hospital por año.
Todo esto sucedió con la complicidad de las autoridades del Instituto que estuvo involucrado en diferentes maniobras para desviar fondos. Una de ellas fue la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos. El padrón de afiliados tenía 400.000 personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7.000 de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro. Una señora que falleció a los 80 años, por ejemplo, comenzó a recibir a las pocas semanas un alto número de recetas de insulina y de tiras reactivas que nunca antes había consumido. En total, después de fallecida, consumió fármacos por 150.000 pesos.
“El padrón de afiliados tenía 400.000 personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud”.
También se descubrió que se usaban números de afiliados para realizar una cantidad inverosímil de recetas o se falsificaban las firmas y la identidad de los médicos. Se encontraron casos de pacientes de más de 80 años que compraban 33 remedios en 19 farmacias distintas, en cuatro provincias, en el mismo mes. Otros registros indicaban casos de supuestos médicos que hacían hasta 39.000 recetas en un año. A raíz de este tipo de maniobras, un juez federal ordenó en febrero de 2016 el allanamiento de 13 farmacias de Capital Federal y el Conurbano por presunta defraudación en la venta de medicamentos. En los procedimientos se encontraron sellos, recetas y una gran cantidad de medicamentos sin troquel.
Otros casos muestran sobreprecios en la adquisición de prótesis, del pago de viajes en ambulancia inexistentes y hasta de dos clínicas fantasma, que no existían, no prestaban servicios y no tenían pacientes y que igual le cobraban al PAMI 25 millones de pesos por año. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación encontró que el programa del PAMI a través del cual se abonan los servicios prestados a los beneficiarios carece de controles para verificar que realmente se prestan los servicios que se están pagando. Se trata de un programa que concentra el 30% del presupuesto del PAMI y que entre 2014 y 2016 administró 50.711 millones de pesos. De acuerdo con la SIGEN, la falta de controles prestacionales impide asegurar que los beneficiarios reciban la atención que necesitan con calidad acorde ni validar los servicios que se están facturando. Esto es posible porque los únicos controles que se realizan son posteriores al pago de los servicios y sólo se realizan sobre algunas de las prestaciones a modo de muestreo estadístico.
Por otro lado, la SIGEN también encontró que el PAMI posee créditos a su favor por diferencias en la facturación de sus prestadores de 3.000 millones de pesos. Esto es dinero que el instituto no debería haber transferido o que transfirió de más y que en diciembre de 2015 no había recibido o no había sabido recuperar.
Muchas de estas maniobras ya habían sido descubiertas y denunciadas. Incluso se encontraron registros de haber sido advertidas por auditorías internas y por la Auditoría General de la Nación. También hubo alertas de parte de la industria farmacéutica. Médicos y enfermeros reclamaban y denunciaban esta situación desde hacía años.
La calidad de atención es otra de las deudas pendientes del Instituto. Existían, por ejemplo, deudas con proveedores, médicos, enfermeros y prestadores que no cobraban. Las ambulancias estaban en mal estado y no eran reparadas. Más de 16.000 sillas de ruedas estaban arrumbadas en galpones del instituto. Los enfermos se amuchaban en camillas en los pasillos porque las salas, inundadas o llenas de ratas, no se podían usar. Los afiliados esperaban turnos por meses.
Detrás de esta situación se escondía una realidad que atravesaba a buena parte de los organismos públicos argentinos. El PAMI había estado durante mucho tiempo al servicio de la política y no de la gente. Luciano Di Cesare, último director del instituto del gobierno anterior, cobró 1.300.000 pesos, justo antes de dejar su cargo, por “vacaciones no gozadas entre 2004 y 2012”. Por esta decisión fue llamado a indagatoria por un juez federal. Otro juez investiga la compra de Letras del Tesoro por más de 2.000 millones de pesos por parte del PAMI.
Otra realidad del instituto era la falta de gestión y el abandono. Por ejemplo, en la lista de medicamentos figuraba la cobertura al 100% de productos desactualizados como sangre de ternera, anabólicos, complejos vitamínicos, cremas para la celulitis, tintura para el cabello y átomo desinflamante.
El PAMI tiene 650 oficinas de atención distribuidas en las capitales provinciales y en las localidades más importantes del país. En diciembre de 2015 muchas estaban en estado de abandono. También se encontró que una parte importante de las Unidades de Gestión Local, que son oficinas administrativas ubicadas en capitales de provincia o ciudades relevantes, habían dejado de desarrollar sus tareas normales y se habían convertido en territorios de disputa política. Todo esto generaba trabas para el funcionamiento del instituto como demoras en el cobro de prestadores y falta de control en oficinas.