SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEFENSA
En diciembre de 2015, dos de las principales preocupaciones de los argentinos eran la inseguridad y el narcotráfico, que habían crecido en el país hasta llegar a convertirlo en el tercer proveedor mundial de cocaína y el país con la mayor tasa de robos del mundo. Todo esto sucedió en un contexto donde se desarticularon las fuerzas de seguridad y dejaron de publicarse las cifras y estadísticas que podrían haber servido para atender esta situación. En simultáneo, las autoridades tomaron algunas decisiones que empeoraron esta situación y contribuyeron a convertir a la Argentina en un territorio favorable para el desarrollo de actividades ilícitas.
En materia de seguridad, las nuevas autoridades se encontraron con unas fuerzas de seguridad mal equipadas, mal remuneradas, mal entrenadas y mal tratadas y con un Estado con poca o nula capacidad de investigar y prevenir. Además, era muy preocupante el panorama en materia de violencia, crimen, tráfico de drogas y de personas, producto de malas políticas.
“La importación de efedrina se multiplicó 100 veces en pocos años”.
De acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Narcotráfico, en la Argentina se duplicó la prevalencia de consumo de cocaína y marihuana entre el 2000 y el 2010. En la década anterior al cambio de gobierno el decomiso de droga aumentó un 800% y sólo en 2014 la Auditoría General de la Nación reportó que se habían decomisado 1800 cocinas de droga. Un dato central detrás de la producción de drogas en el país fue el aumento de las importaciones de precursores químicos, especialmente de efedrina, un insumo para la producción de medicamentos y antigripales que se usaba también para producir drogas sintéticas. En épocas normales, Argentina importaba 200 kilos de efedrina para uso medicinal por año. Cuando se prohibió su importación en México, la cifra se multiplicó cien veces a 20 toneladas por año. Hasta el Triple Crimen de General Rodríguez, en 2008, se habían llegado a importar 46 toneladas en sólo tres años. En diez años, se triplicaron las causas por violaciones a la Ley de Estupefacientes en la provincia de Buenos Aires. En esos mismos años, Argentina se convirtió en un país que recibía droga, la transformaba, la vendía internamente y la exportaba a Europa, a África, a Asia, a Australia, a Medio Oriente y a países vecinos como Chile y Uruguay.
Otra característica de la época fue la ausencia de estadísticas sobre la seguridad en el país. Algunos datos de organismos internacionales, como Naciones Unidas, evidencian el aumento de la inseguridad. De acuerdo con la ONU Argentina era en 2013 el país con la mayor tasa de robos del mundo: 973,3 robos cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la reconstrucción de algunas cifras realizada por organizaciones sociales muestran también un aumento en la tasa de homicidios entre 2008 y 2013. Datos del Ministerio de Salud muestran que la tasa de homicidios creció un 45% en esos años. Mientras en 2008 era de 5,8 cada 100.000 personas, en 2013 era de 8,4. La Asociación Para Políticas Públicas informó en 2013 que ese año se habían cometido 3352 homicidios. Esto indica que ese año murieron casi 10 personas por día a causa de la inseguridad. Ese año, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata tuvo una tasa de homicidios similar a la de México DF.
“Las estadísticas criminales se dejaron de publicar en 2008”.
Las estadísticas criminales se dejaron de publicar en 2008. Desde entonces, la información remitida por aquellas provincias adheridas al Sistema Nacional de Información Criminal y el Sistema de Alerta Temprana no fue correctamente analizada y no se produjeron informes estadísticos consolidados con el correspondiente alcance Nacional. A este sistema reportan mensualmente las policías provinciales y las cuatro Fuerzas Federales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria), enviando datos sobre 31 delitos del Código Penal. Los informes se entregaban tarde y mal, eran de mala calidad y después no se difundían. Es decir, el Estado Nacional decidió activamente dejar de informar las estadísticas de criminalidad. Esta información, que es obligación publicar, es clave para tomar decisiones de política criminal fundadas en datos, para permitir el control ciudadano (todos tenemos derecho a saber si el delito subió o bajó, si el Estado está haciendo bien o mal su trabajo) y para permitir a las universidades hacer investigación y proponer mejores herramientas para atacar el delito. (En abril de 2016, el nuevo Ministerio de Seguridad dio a conocer algunos de los datos ocultos, según los cuales en 2014 hubo 3.400 homicidios en el país, un 40% más que en 2008 y una cifra comparable a la de 2002.)
Además de las provincias que dejaron de enviar sus datos, tampoco hubo controles ni validación sobre la calidad de los datos. No existían protocolos para establecer la información, sistemas de revisión, análisis de datos, ni había cruces con otras áreas (como, por ejemplo, Salud). La información no se integraba con otras fuerzas, ni con Seguridad y Justicia. En definitiva, no se contaba con información sobre qué pasaba en materia criminal en la Argentina durante todos estos años.
Por otro lado, la detención de los responsables de crímenes y delitos en el país fue otra gran deuda pendiente. En diciembre de 2015 había 105.000 personas en libertad con pedido de captura.
Esto se debía en buena medida al funcionamiento de las fuerzas de seguridad. La Policía Federal, por ejemplo, había perdido su capacidad de despliegue en el territorio nacional. Concentrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las delegaciones del Interior del país faltaban chalecos antibalas, armamento, patrulleros, elementos de protección y demás equipos. Por otro lado, la Policía Federal no articulaba con otras fuerzas provinciales ni cumplía convenios firmados con autoridades provinciales. Esto obstaculizaba la posibilidad de realizar un operativo conjunto de manera inmediata entre la PFA y las policías provinciales. Todo esto se dio en un período de tiempo en el cual aumentaron las denuncias por corrupción en las fuerzas de seguridad.
“Entre 2012 y 2015, la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad recibió más de 700 denuncias por posibles hechos de corrupción”.
Entre 2012 y 2015, la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad recibió más de 700 denuncias por posibles hechos de corrupción. El 90% de estas denuncias fueron hechas por personal de las fuerzas de seguridad, 76% de ellas denuncias sobre la Policía Federal Argentina. De todas las denuncias recibidas, la mitad estaban relacionadas con irregularidades como malversación de fondos y anomalías en manejo de servicios adicionales. Entre las prácticas más comunes se encontraron registros de contrataciones directas por montos y características que deberían haberse realizado a través de licitaciones públicas. Pero la otra mitad involucraba a los propios oficiales de las fuerzas de seguridad en delitos como cohecho, exacciones ilegales, connivencia policial, violación a los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.
En diciembre de 2015 más de 650 agentes se encontraban investigados en las áreas de investigación interna de las fuerzas de seguridad. Cuarenta y tres de esas causas penales estaban en trámite en la Justicia.
Por otro lado, también se recibió una gran cantidad de denuncias por maltrato, discriminación, abuso de autoridad y violencia institucional por parte de las fuerzas federales de seguridad. Lo más alarmante era que, de las denuncias realizadas por particulares, 30% se referían a temas como abuso de autoridad, exceso del uso de la fuerza física, tortura y otros tratos crueles, discriminación, amenazas, hostigamiento, género, violencia intrafamiliar y acoso sexual.
Internamente, el Ministerio de Seguridad se encontraba desorganizado. No existía un organigrama detallado con las responsabilidades, funciones y tareas de las organizaciones por debajo del nivel de dirección. Tampoco existía un sistema de coordinación interministerial y con las provincias, previsto por la normativa actual. Financieramente, en diciembre de 2015 el ministerio tenía sin ejecutar parte de su presupuesto, entre lo que se destacaban unos 30 millones de pesos destinados a subsidios a bomberos, una área sensible y que dependía de ese dinero.
Otras áreas no contaban con personal para cumplir sus objetivos. La Subsecretaría de Investigación del Delito Organizado y Complejo, por ejemplo, no contaba por personal propio. Sus únicos seis contratos estaban afectados a otras tareas. En otras áreas dependencias, como la Dirección Nacional de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad, se carecía de todo tipo de sistematización de la información. No se contaba con bases digitalizadas sobre la gestión diaria, acuerdos internacionales firmados o en negociación, ni de expedientes de procesos internos.
Por otra parte, las fuerzas de seguridad nacionales fallaron en el control de las fronteras. Al comienza de su gestión, el Ministerio de Seguridad carecía de un sistema de seguridad de fronteras adecuado y eficaz. Las fronteras se encontraban con un grave déficit de infraestructura de seguridad, de personal y de medios. Menos del 8% del personal de la Prefectura Naval Argentina se encontraba ubicado en la zona más crítica del narcotráfico y del contrabando. Sólo había 1800 efectivos desplegados en el Alto Río Paraná y en el Río Paraguay. La Gendarmería, por su parte, tenía asignados sólo 850 efectivos para asegurar y operar 101 pasos internacionales. Menos del 3% de su personal. A pesar de que el presupuesto previsto para la seguridad de los pasos fronterizos está calculado para garantizar su operatividad durante todo el año, a fin de diciembre de 2015 fue necesario cerrar el Complejo Fronterizo Integración Austral (entre Río Gallegos y Punta Arenas) por falta de gas para calefaccionarlo. Fue necesario trasladar personal y computadoras al complejo fronterizo chileno para que el paso siguiera abierto y funcionando.
Según un relevamiento realizado en 2015 existían necesidades de reparaciones y mejoras en los complejos fronterizos que sumaban 1200 millones de pesos y necesidades de tecnología y comunicaciones por otros 250 millones de pesos. Esto era sólo para reparar, ampliar y mejorar los complejos fronterizos existentes y no incluía las grandes obras de infraestructura en la órbita del ex Ministerio de Planificación Federal.
El sistema de seguridad de fronteras fue desarmado en 2007 cuando la Secretaría de Seguridad Interior fue traspasada al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La falta de interés y presencia del Gobierno Nacional en los temas de fronteras permitió que funcionarios que debían cuidar y desarrollar las zonas de frontera se involucraran en actividades delictivas como el narcotráfico. En Clorinda, por ejemplo, el Comisionado del Área de Frontera, dependiente del gobierno de Formosa, fue arrestado en flagrante delito de tráfico de cocaína.
Además, sólo el 17% de las fronteras estaban radarizadas y la capacidad de defensa aérea del país era escasa. De hecho, todo el sistema de defensa estaba desatendido: los aviones no volaban, sólo unos pocos barcos funcionaban, faltaba equipamiento en todas las fuerzas. }
DEFENSA
El Ministerio de Defensa era en diciembre de 2015 uno de los organismos donde la falta de información y la ausencia de registros era más generalizada. Era, además, un ministerio que estaba casi desmantelado.
Se encontraron, por ejemplo, armas que no estaban registradas en ningún lado y registros de armas que después no podían encontrarse en los lugares de almacenamiento. En diciembre de 2015 el Estado argentino no sabía ni cuántas armas tenía ni dónde estaban ni, peor, quién las tenía. Como no había un registro de las compras y las ventas, y hay rastros de “robos hormiga” en diversos lugares, cualquiera pudo haber comprado armamento de guerra sin que las autoridades lo supieran. En la fábrica de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), por ejemplo, según una auditoría que detectó “descontrol en los registros y almacenamiento inadecuado de elementos bélicos”, faltaban 9.133.620 fulminantes para pistolas nueve milímetros y 1.790.800 fulminantes para fusiles FAL de 7,62 milímetros y fusiles Mauser de 7,65 milimetros. (El fulminante es la cápsula donde se aloja el material explosivo de las municiones.)
Además, el Ministerio de Defensa se encontraba desarticulado. Contaba con el presupuesto más bajo de su historia en relación con el tamaño de la economía y se encontraba incapacitado de cumplir sus misiones y funciones. La Fuerza Aérea no contaba con aviones, la Armada no disponía de barcos y el Ejército no tenía capacidad operativa en el territorio. En el momento del cambio de gobierno, Defensa debía 4.000 millones de pesos a una enorme variedad de proveedores. Además, todo los militares cobraban la mitad de su salario en “negro”. El 70% del presupuesto del ministerio, que el año pasado fue 57.000 millones de pesos, estuvo dedicado a pagar sueldos y jubilaciones. No había margen para invertir en el crecimiento, la capacitación o la modernización de las fuerzas armadas.
En lo organizativo, el ministerio estaba partido en dos. Estaban por un lado las fuerzas armadas, bajo la dirección del ministro. Y estaba por otro, dependiendo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción, una estructura autónoma que con los años fue creciendo en presupuesto y personal. En la órbita de esta secretaría, que según los testimonios de los empleados respondía políticamente a La Cámpora, estaban las empresas dependientes del ministerio, como Fabricaciones Militares, el astillero Tandanor y la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).Una de las maneras que tenía esta secretaría para manejar fondos discrecionalmente eran las transferencias de fondos a universidades nacionales. De esta manera, según cálculos de las nuevas autoridades, se transfirieron cientos de millones de pesos con poco o nulo control. Las transferencias a universidades se intensificaban en los años electorales. Por ejemplo, mientras Agustín Rossi estuvo al frente del ministerio, en épocas de campaña electoral aumentaban los fondos transferidos a las universidades nacionales del Litoral y de Santa Fe. En la misma secretaría, en el sector que correspondía al secretario, funcionaba también una oficina con entre 30 y 40 personas dedicada a la administración de redes sociales partidarias. Los empleados de esta oficina dependían formalmente de Fabricaciones Militares.
La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción también encargó proyectos a distintas instituciones sin pedirles evaluaciones técnicas o establecer un orden de prioridad. Por ejemplo, le encomendó a INVAP el desarrollo de aviones no tripulados en un programa llamado Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). El programa, que contó con un presupuesto de 2.700 millones de pesos en cuatro años, estudió las capacidades para desarrollar la tecnología de aeronaves no tripuladas, pero no produjo en serie, a pesar del presupuesto con el que contaba, ninguna aeronave no tripulada.
Además de proyectos que nunca terminaron arrojando resultados definitivos, también se encontraron programas duplicados. Un proyecto para el desarrollo de equipamiento para detectar explosivos fue solicitado (y abonado) simultáneamente al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y a la Universidad Nacional de San Martín.
“El personal civil de Inteligencia Militar se multiplicó por cuatro”.
Durante este tiempo, el Ministerio de Defensa y, especialmente, las empresas de su órbita incrementaron desproporcionadamente su cantidad de empleados. En el Ejército, por ejemplo, bajo el mandato del General César Milani como Jefe de Estado Mayor (2013-2015), el personal civil de Inteligencia Militar se multiplicó por cuatro, sin que quedaran precisiones sobre las funciones de estas personas y la pertinencia de su contratación. Además, aunque no era necesario, las autoridades de las empresas dependientes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción fueron designadas directamente a través de decretos presidenciales. Esto significaba que sólo podían ser removidos por la misma vía, lo que le quitaba autoridad al propio ministro de Defensa.
Cuando la SIGEN encontró las cuentas del ministerio, encontró un panorama parecido al de otras dependencias –gastos no rendidos, falta de control sobre el uso del dinero público–, con la particularidad de que Defensa a veces justificaba la urgencia de gastos no detallados con la excusa de actos por la conmemoración de fechas patrias. Con este procedimiento se canalizaron 4.800.000 pesos, dice el informe, sin que quedaran rastros de la descripción de los servicios contratados y pagados.
El panorama de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), de Córdoba, era parecido al del resto del ministerio. A pesar de tener varios proyectos de aeronaves anunciados y en carpeta, entre ellos el relanzamiento del Pucará, FADEA no logró llevar adelante ninguno de los desarrollos para los cuales se destinaron inversiones. Tampoco se concretaron, en los plazos acordados, los servicios de mantenimiento para los que fue contratada. Entre 2013 la empresa, que tenía un sólo cliente (el propio ministerio de Defensa, dueño del 99% de sus acciones), perdió alrededor de 150 millones de pesos. En 2015, las perdieron su multiplicaron hasta los 1.400 millones de pesos.
“Tandanor tenía una deuda de 360 millones de pesos”.
Un escenario similar se encontró en el astillero Tandanor, cuya situación financiera era crítica en diciembre de 2015. Tenía una deuda de más de 360 millones de pesos y no se habían aprobado los balances de los años 2013, 2014 y 2015. Tampoco se habían realizado los pagos de las obligaciones impositivas y contribuciones, lo que provocaba serios atrasos en la operatividad del astillero e incumplimientos de compromisos de todo tipo.
Una de las principales actividades que llevó adelante el astillero es la reparación del Rompehielos Almirante Irízar, que se incendió en el año 2007. El barco, que debería haber estado de vuelta en servicio a fines de 2011 lleva ya cinco años de demora y ha excedido notoriamente su presupuesto original. Sumado a todo esto, durante todos estos años el ministerio debió recurrir al alquiler de rompehielos y aeronaves para suplir su ausencia por millones de dólares.
FABRICACIONES MILITARES
Fabricaciones Militares es una empresa histórica. Fue creada en 1941 y en su momento de mayor expansión llegó a administrar 15 fábricas en todo el país. Para coordinarlas, contaba con 150 empleados en su administración central en Buenos Aires. En diciembre de 2015, aunque sólo poseía cinco fábricas, tenía en su sede central 600 empleados. Sólo en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas.
Durante todos estos años, el presupuesto y la dotación de Fabricaciones Militares fueron aumentando sin relación son sus niveles de producción. En su presupuesto para 2016, confeccionado el año pasado, la empresa explicitaba que su objetivo principal es la creación de empleo.
En el momento del cambio de gobierno, Fabricaciones Militares tenía un déficit de 1.200 millones de pesos por año. A pesar de estos números rojos, la empresa llevaba varios años rechazando la posibilidad de incorporar nuevos clientes, e incluso dejó de proveer a instituciones argentinas a las que anteriormente había abastecido, como la Policía Bonaerense, la fuerza de seguridad más grande del país. También dejó de comerciar con Canadá y Alemania, sus principales compradores de pólvora, y declinó presentar ofertas a un pedido de la aerolínea estadounidense Boeing, que estaba interesada en contar con Fabricaciones Militares como proveedora.
Cuando llegaron las nuevas autoridades, encontraron en la sede central de Fabricaciones Militares un estudio de televisión con tecnología de última generación, un estudio de radio y equipamiento para cine. Entre otras cosas contaba con un drone para filmaciones aéreas. Una factura mostraba que para una producción institucional se había pagado 11.000 pesos por hora por la contratación de un perro actor. Fabricaciones Militares también había adquirido los derechos de algunas canciones de Sandro, para la producción de una película que nunca se llevó adelante.
De Fabricaciones Militares dependía también la contratación de un grupo de arquitectos dedicado a producir el stand del organismo en Tecnópolis. A pesar de que la feria sólo abría sus puertas de manera estacional, estas personas estaban contratadas por el organismo durante todo el año.
Uno de los grandes anuncios de la última gestión al frente de Fabricaciones Militares fue la fabricación de vagones de tren. Para esto la empresa equipó una planta completa para la producción de vagones playos, con una inversión de 350 millones de pesos, en la que todavía resta invertir 150 millones y aún así falta un año para que pueda entrar en funcionamiento. Todo esto fue hecho sin ningún tipo de estudio de mercado. No hay demanda en el país de ese tipo de vagones. Las líneas ferroviarias que podrían llegar a necesitarlos ya tienen comprometidos los vagones necesarios por una adquisición que realizó en su momento el Ministerio del Interior, cuando tenía bajo su órbita el área de Transporte. El caso refleja no sólo la falta de sentido comercial de las empresas del ministerio sino también la escasa articulación que había entre los ministerios hasta diciembre de 2015.
“Se equipó un taller para construir vagones para los que no había demanda en el país”.
Una situación parecida a la de los vagones se dio con la producción de lanzacohetes. Fabricaciones Militares avanzó con la construcción de cinco lanzacohetes para Venezuela, antes de que el gobierno de Caracas desembolsara ningún tipo de dinero. Este equipamiento fue desarrollado específicamente a medida de las fuerzas armadas venezolanas y no es apto para su uso en Argentina. Finalmente, Venezuela nunca pagó los lanzacohetes, que están arrumbados en una dependencia del Ministerio de Defensa, sin poder ser usados por las fuerzas armadas argentinas.
Hace unos años, por otra parte, el Ministerio de Defensa transfirió a Fabricaciones Militares $125 millones para la producción de municiones. Estas municiones nunca fueron entregadas y la empresa ya no tiene el dinero, aunque no hay registro de cuál fue su destino. En diciembre de 2015 el Ministerio no tenía ni el dinero ni las municiones.
Para un proyecto de producción de balas, Fabricaciones Militares inició la compra de dos líneas de última generación. Estaban destinadas a municiones de 9 milímetros y 7,62 milímetros. Para avanzar en estas instalaciones se adquirió primero la parte más costosa del equipamiento, por la que se pagaron 30 millones de euros. Sin embargo, no se avanzó con la compra del resto del equipo, para completar la línea de producción.
JUSTICIA
En diciembre de 2015, las nuevas autoridades encontraron un Ministerio de Justicia organizado y orientado funcionalmente a sostener políticamente a la gestión anterior. Fue un ministerio cuyos funcionarios buscaban influir en el funcionamiento de la Justicia e involucrarse en los procesos y en la dinámica propia del Poder Judicial. Esto se veía claramente en los nombramientos de los jueces que actualmente se desempeñan en la justicia. El 70% de los jueces que se encontraban en actividad en diciembre de 2015 habían asumido después de 2003.
“Argentina bajó 41 puestos en 7 años en Calidad Institucional según la Fundación Libertad y Progreso”.
Al mismo tiempo, Argentina perdió calidad institucional. Según el Índice de Calidad Institucional de la Fundación Libertad y Progreso (ICI) en 2014 Argentina ocupaba el lugar 134 entre 192 países, 41 lugares más abajo de donde estaba en 2007. Por su parte, el Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Konrad Adenauer y Polilat (IDD) ubicó el año pasado a la Argentina en el 6º lugar de desarrollo democrático entre 18 países de Latinoamérica. Según este índice los indicadores de percepción de la corrupción, mecanismos de rendición de cuentas y desestabilización de la democracia representan la mayor falencia estructural de la democracia argentina.
Todo esto sucedió en simultáneo con el abandono del ministerio y la falta de gestión en áreas sensibles. Los edificios en la órbita del Ministerio de Justicia estaban en un pésimo estado, después de años de desinversión en infraestructura y ausencia de tareas de mantenimiento. Los edificios de 25 de Mayo 544 y 25 de Mayo 552 se encontraban en estado crítico respecto a su deterioro edilicio y de seguridad e higiene. En el momento del cambio de gobierno estaban atestados de cucarachas, los muebles estaban destruidos y los baños, totalmente destrozados e inundados.
Además, era muy difícil trabajar eficazmente. Faltaba tecnología, por carencia de equipos informáticos o insumos obsoletos. La sistematización de la información era escasa y precaria, la ausencia de datos estadísticos en todas las áreas impedía la detección de indicadores que permitieran evaluar y hacer un seguimiento de los programas. Existía un sistema ineficiente de control de asistencia y permanencia del personal en la jornada laboral. Y no existía o se incumplían los procedimientos de gestión en las distintas áreas, con la consecuente falta de controles de gestión.
Las nuevas autoridades detectaron, además, incumplimientos significativos de la legislación en materia de contrataciones públicas y transparencia. Por ejemplo, había una gran cantidad de pasajes, hospedajes y viáticos a una sociedad denominada Psicotour durante los años 2013, 2014 y 2015. En la auditoría preliminar llevada cabo dentro del Ministerio no se pudo localizar ningún antecedente del proceso de selección de Psicotour. También se comprobó que las facturas pagadas a esta sociedad no tuvieron la debida conformidad del usuario de las prestaciones.
“Entre 2012 y 2015, la cantidad de empleados del Ministerio de Justicia se duplicó, de alrededor de 3.000 a unos 6.000”.
Entre 2012 y 2015, la cantidad de empleados del Ministerio de Justicia se duplicó, de alrededor de 3.000 a unos 6.000. La base de datos de Recursos Humanos, sin embargo, no se encontraba actualizada.
En diciembre de 2015, el Sistema Penitenciario Federal estaba en una situación de emergencia. La falta de gestión y de control en la provisión de alimentos, medicamentos y ropa en las unidades carcelarias había generado una situación con condiciones precarias de salubridad e higiene para los internos. El sistema tenía, además, un gran déficit de plazas carcelarias, paliado parcialmente con el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales. Por tal servicio el Estado Nacional les paga a las provincias. Sin embargo, existen deudas de larga data con las provincias por alojamiento de presos federales, en varios casos desde 2012.
Por otra parte, el sistema de compras del SPF necesitaba ser completamente renovado porque un mecanismo de excepción se había transformado en la norma. En los últimos años, aproximadamente 70% de las compras del Servicio Penitenciario Federal –de alimentos, medicamentos y vestimenta, entre otras– fueron contratadas en forma directa mediantes pagos por el sistema llamado “de legítimo abono”, previsto originalmente para momentos de emergencia. En el primer semestre del año 2015 las contrataciones con proveedores canalizadas por vía de legítimo abono superaron los $142.700.000, confirmando que la excepción ha sido convertida en regla.
En diciembre de 2015, hacía tres años que el Servicio Penitenciario Federal no contaba con Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) para sus empleados.
Las nuevas autoridades también se encontraron con un panorama complicado en cuanto a la infraestructura del sistema, donde la falta de planificación y la mala gestión habían provocado la paralización de varias obras, juicios millonarios por cárceles terminadas y proyectos pagos sin posibilidad real de ejecución.
Un ejemplo es el Complejo Penitenciario Cuyo, en Mendoza, que se empezó a construir en 2011 y no está terminado. El 6 de noviembre de 2015 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rescindió el contrato de obra pública con la unión transitoria de empresas entre Isolux Ingeniería y AMG Obras Civiles para construir el complejo penitenciario federal, cerca de Luján de Cuyo. En ese momento todavía quedaba construir aproximadamente el 30% de la obra original y 50% de los adicionales. En el momento del cambio de gobierno, la obra estaba paralizada, a pesar de la emergencia penitenciaria declarada judicialmente por la falta de plazas para internos en la región.
“La Unidad Penitenciaria de Ezeiza tenía deudas por 800 millones de pesos”.
En el caso de la Unidad Penitenciaria Ezeiza se ha verificado la existencia de una deuda millonaria, de aproximadamente 800 millones de pesos, originada en la falta de pago de actualizaciones por inflación, a pesar de ser una deuda pesificada en su momento y reestructurada ante la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). El origen de esta deuda fue la construcción de los complejos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz, recibidos de conformidad por el Estado Nacional y actualmente en pleno funcionamiento. Este incumplimiento ha motivado costosos reclamos ante la Cámara de Comercio Internacional que se encuentran en trámite. Pese al expreso reconocimiento de la deuda por el Estado Nacional, desde 2013 el Ministerio de Economía devolvía las solicitudes de fondos del Ministerio de Justicia informando que no existían partidas disponibles para financiar el gasto solicitado.
Las nuevas autoridades del ministerio también se encontraron con convenios con universidades, todos ellos de varios millones de pesos, para ofrecer servicios. En 2014 y 2015, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional recibió del Ministerio de Justicia más de $51 millones de pesos para desarrollar los siguientes proyectos: complejos penitenciarios, por $9.000.000, cárcel de Resistencia, por $13.800.000, cárcel de Orán, por $14.000.000, cárcel de Yuto (Jujuy), por $14.400.000. Asimismo, el año pasado la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA recibió aproximadamente $13.000.000 por el proyecto técnico de la cárcel de Corrientes, cuyas obras están paralizadas. Ninguno de estos proyectos se encuentra previsto presupuestariamente.
En la Secretaría de Derechos Humanos, la gestión gubernamental saliente fue ampliamente deficitaria en la atención y el tratamiento de los reclamos previstos por las leyes 24.043, 24.411, 24.321, 25.914, 26.564 y 26.913, que ofrecen un amplio sistema de indemnizaciones para aquellas personas (o sus familias) que resultaron víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Una prueba de ello es la judicialización de una enorme cantidad de reclamos, con sus consecuentes mayores costos a cargo del Estado, que se ha intensificado mediante la promoción de acciones de amparo por mora, ante la inactividad verificada de la Secretaría de Derechos Humanos.
En los organismos de asuntos registrales que dependen del ministerio, la situación no era mejor. Las nuevas autoridades comprobaron que la Inspección General de Justicia restringió durante años el acceso a información que es pública. En la IGJ, las inscripciones registrales de nuevas sociedades poseían demoras de hasta un año y medio en el caso de entidades civiles y de hasta tres meses en el caso de sociedades comerciales. Se encontraron pilas de expedientes de dos metros de alto en los pasillos. No había archivo: los expedientes estaban desparramados en tres edificios, sin demasiada clasificación. La pérdida de expedientes era una práctica habitual. Hay videos que muestran cómo se tiraban los expedientes al hueco del ascensor.
En el Registro Nacional de Propiedad Automotor, repitiendo prácticas que llevan décadas en el país, se entregaron y se intervinieron registros a terceros, sin concurso. Las últimas 30 vacantes se cubrieron 40 días antes del cambio de gobierno. En los primeros días de noviembre se registraron 12 intervenciones. Y a partir del 22 de noviembre, el día de la elección de segunda vuelta, se entregaron otros nueve registros automotores. En solo 10 de esos registros hubo concurso, por primera vez en seis años. Sin embargo, 50 directores de registros no cumplen con los requisitos legales para la función. Y se frenaba toda la información sensible contra el gobierno sobre este tema.
En el Registro Nacional de Armas se detectaron falencias de todo tipo. Por un lado, existían notables y graves fallas de control sobre los depósitos de armas de fuego en el interior del país, dado que en la mayoría de los casos se reservaba a las armas en comisarías o depósitos sin los controles mínimos necesarios para su guarda. Además faltaba un inventario de armas, no había trazabilidad de documentación importante y se detectaron curiosos privilegios otorgados en trámites de portación para funcionarios, jueces y diplomáticos. En diciembre de 2015 había 20.000 legajos internos y expedientes sobre portación de armas considerados “inubicables” por sus empleados. Estos expedientes, muchos de ellos con documentación importante sobre las licencias y permisos de portación de armas, estaban, según los mismos empleados en un “limbo administrativo”.
En el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal prácticamente no había normativas registrales para aplicar los cambios introducidos por el nuevo Código Civil y Comercial.
En 2013, el Ministerio de Justicia creó Infojus, una agencia de noticias de información judicial que en poco tiempo se convirtió en un órgano oficialista. Llegó a tener 230 empleados (una unidad similar de la Corte Suprema tiene 20 personas) y su director tenía uno de los contratos más altos del ministerio. Aunque pertenecía formalmente a la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, nunca tuvo contacto con el resto del ministerio ni respondía a su directora.