COMUNICACIONES Y MEDIOS
En diciembre de 2015, el sector de telecomunicaciones presentaba al menos siete desafíos importantes: 1) la deficiente prestación de los servicios de telecomunicaciones, 2) una insuficiente resolución de los reclamos de usuarios, 3) un notorio incumplimiento en el otorgamiento de las Licencias Únicas de Servicios de Telecomunicaciones, 4) el congelamiento innecesario de los fondos del Servicio Universal, 5) normas obsoletas, sobre todo para una industria que cambia todo el tiempo, 6) severos problemas en la reglas de interconexión de las redes, y 7) falta de licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Esta desatención por el avance tecnológico, el escaso criterio de prioridades y la carencia de un programa de articulación regional privó de conectividad a una porción de la sociedad. A continuación, una reseña de los inconvenientes identificados en el sector de comunicaciones –incluido Correo Argentino– al momento del cambio de gobierno, en diciembre de 2015.
El mal servicio que ofrecían las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, en especial las de servicios móviles, se debía, por un lado a responsabilidades de las propias operadoras, pero también, y no en menor medida, a la inacción del Poder Ejecutivo, materializada en una demora en la licitación del espectro radioeléctrico y así utilizar las frecuencias remanentes de la tecnología 3G y las nuevas correspondientes a 4G. Esta demora produjo que nuestro país se encontrara entre los últimos de la región en acceder a la tecnología más moderna.
En diciembre de 2015, la Argentina era un país que mostraba índices razonables de acceso a la tecnología –telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha, TV por suscripción– en comparación con sus vecinos, pero con dos problemas fundamentales: por un lado, la baja velocidad de las conexiones de banda ancha y la baja penetración de 3G y 4G en la telefonía móvil; y, por otro, la enorme desigualdad regional de acceso a la banda ancha. Provincias como Santiago del Estero y Misiones tienen un acceso a Internet comparable con el de Indonesia o Filipinas, mientras en la Ciudad de Buenos Aires la prevalencia del acceso de banda ancha es comparable con el de Australia o Finlandia.
En la ex Secretaría de Comunicaciones (Secom) se encontraron miles de expedientes correspondientes a diversos reclamos efectuados por usuarios de todo el país, con sanciones aplicadas por el organismo de control en los últimos años, cuyos actos administrativos se encontraban recurridos y pendientes de resolución por parte de la entonces Secom o el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Esto provocó que no se lograra el cometido en la aplicación de sanciones y los fines perseguidos en aplicarlas, en detrimento de la calidad de los servicios prestados y obviamente –y lo más importante– en dar respuesta en tiempo y forma a los usuarios.
“Entre 2003 y 2015 prácticamente no se otorgaron licencias nuevas”.
Entre 2003 y 2015 prácticamente no se otorgaron licencias nuevas ni registros de nuevos servicios a prestadores preexistentes, pese a la numerosa cantidad de expedientes en trámite, en especial la apertura a nuevos interesados al mercado de las telecomunicaciones. Esto perjudicó a la competencia e, inevitablemente, a los usuarios. Esta problemática también se verificó en las solicitudes de cambios de titularidad, fusiones, absorciones, cambios societarios, etc. En general todo lo necesario para dar seguridad a las inversiones fue retaceado, lo que provocó la retracción de los inversores.
A pesar de que el sector de las comunicaciones se caracteriza por su dinamismo y la incorporación permanente de nuevas tecnologías, la mayoría de las reglamentaciones aplicables a los distintos temas son viejas, en algunos casos de hace varias décadas, con los perjuicios e inconvenientes que ocasiona esta desactualización.
Fruto de los vaivenes políticos y de la sanción de leyes que se superponían y no registraban los avances tecnológicos, en diciembre de 2015 funcionaban en el Poder Ejecutivo dos organismos descentralizados (AFSCA y AFTIC) que, dada la división de funciones que se le otorgó, dificultaban la convergencia tecnológica. (Ambos organismos están ahora fusionados dentro del Ente Nacional de Comunicaciones, o ENACOM). El funcionamiento de ambos organismos, según el diagnóstico de las nuevas autoridades, estaba caracterizado por un constante desorden administrativo, una extrema judicialización por la aplicación discrecional de normas, la ausencia de control efectivo y la falta de diálogo con los diferentes actores y operadores del sector.
La fiscalización de los medios de comunicación audiovisuales (contenidos, publicidad y conductas objetivas) se producía en forma deficiente y discrecional. No hubo planificación integral para supervisar los servicios de AM y FM. Había, en el momento del cambio de gobierno, más de 5.000 radios ilegales.
Además, la cantidad de empleados había crecido un 83% en cuatro años, desde los 721 registrados en 2011 a los 1.320 que había en diciembre de 2015. Del análisis de la liquidación de haberes de la AFSCA, correspondiente a diciembre de 2015, se verificó que existían 109 agentes a quienes se les retenía el 8% de su sueldo, en concepto de aporte partidario (a “ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD”, miembro del “FRENTE NUEVO ENCUENTRO”). Sólo en diciembre, el monto total retenido fue de $ 283.536. Todos los aportantes ingresaron al organismo después del 1 de octubre de 2012.
Se encontraron, por otra parte, alrededor de 14.000 expedientes virtualmente paralizados a los que no se les había dado trámite y estaban literalmente frenados. En todas las áreas se gestionaba mediante procesos informales, sin criterios uniformes. Se verificó un desorden administrativo general, con expedientes y documentación en distintos espacios físicos, sin correlación alguna entre el estado de los expedientes y su ubicación física. Una parte del subsuelo, destinado a cocheras, estaba abarrotada de cientos de cajas en evidente estado de deterioro, colmadas de documentación. El personal con experiencia técnica de años había sido desplazado, tanto en la sede central como en las 36 delegaciones provinciales. Había, además, una creciente deuda con proveedores (por alquileres, órdenes de compra, reposición de fondos rotatorios y convenios con universidades) de algo más de 5 millones de pesos. La escasez y antigüedad de las computadoras y el equipamiento informático llevaban al incumplimiento de las normas de seguridad informática. La sede de AFSCA en la calle Suipacha, por su parte, abarrotada de expedientes y personal, incumplía con las medidas de seguridad e higiene: en diciembre había mampostería caída, cables sueltos, ascensores rotos y falta de señalización de emergencia.
El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) es un fondo integrado por el 10% de los impuestos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los fondos se asignan por concurso con el objetivo de subsidiar, promover e implementar proyectos especiales de comunicación audiovisual. El año pasado, los subsidios pagados total o parcialmente alcanzaron los 154 millones de pesos. La dirección que gestionaba el FOMECA, sin embargo, lo hacía mediante procesos informales, sin criterios uniformes, incurriendo en graves desprolijidades administrativas, sin reglamentos de evaluación ni la aprobación de la rendición de cuentas por acto administrativo.
Entre 2012 y 2015, la vieja Secretaría de Comunicaciones debía cumplir cuatro funciones principales: 1) otorgar licencias en plazos breves, 2) registrar nuevos servicios, 3) intervenir en los conflictos de interconexión para que los prestadores dominantes no fijen precios y condiciones abusivas a sus competidores más pequeños y 4) administrar el 1% de los ingresos totales de los prestadores para el beneficio de los sectores más alejados o menos favorecidos. Ninguna de las cuatro obligaciones ha sido satisfecha. Las nuevas autoridades se encontraron ante un incumplimiento integral sistemático de los deberes del regulador. El Estado se ausentó del marco regulatorio y abandonó el sector a las tendencias concentradoras del mercado, sin intervención alguna ni protección del usuario.
El sistema de telefonía móvil exhibía a fines del año pasado múltiples cortes e interrupciones. El Estado estuvo ausente de la planificación y no controló el despliegue de red, delegando el mismo en las operadoras, sin fijar metas de calidad ni generar los indicadores que permitieran medirla. La secretaría no tuvo una visión integral del problema al no contemplar el impacto de la convergencia tecnológica (la posibilidad de ofrecer más de un servicio por medio de una tecnología) dado que el incentivo del planeamiento del espectro radioeléctrico fue solo recaudatorio, sin pensar qué tipo de servicio se quería ofrecer al público.
“El Estado abandonó su principal obligación para de mantener competitivo el mercado”.
Tocar una sola variable no habría solucionado el problema. Sin una definición clara sobre la calidad de servicio no había incentivos para planificar técnicamente la red. Desde el inicio mismo del gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, su primer secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, adoptó definiciones, algunas explícitas, otras no reconocidas. Explícitamente informó al sector, al mes de asumir, que la interconexión era un tema entre privados, donde el Estado no iba a intervenir. Desde ese momento, la secretaría dejó sin resolver todos los conflictos de interconexión en que los prestadores dominantes cobraban precios abusivos o imponían condiciones técnicas lesivas para los nuevos entrantes o competidores pequeños de la industria. Desde entonces, el Estado abandonó su principal obligación para mantener competitivo el mercado. Así fue como más de mil prestadores –cooperadoras, empresas de TV por cable, pequeños ISP del interior– tuvieron que pagar costos de Internet abusivos, en un orden promedio de 100 a 300 veces el valor del mega que obtenían para sí los prestadores dominantes. La ausencia del Estado en materia de interconexión fue el factor estructural que produjo una concentración del mercado, sin opciones para el usuario.
Se congeló, al mismo tiempo, el proceso de otorgamiento de licencias. Los entrantes al mercado que quisieron obtener una licencia o los que, teniéndola, solicitaron nuevos registros de servicios o la incorporación de nuevos socios, lo que el Decreto 764/2000 establecía como resoluciones a adoptar por la Secretaría de Comunicaciones en períodos máximos de 60 días, vieron demoradas todas sus solicitudes. Las licencias se tramitaron en plazos promedio algo superiores a cinco años. Los cambios societarios se aceptaron a cuentagotas, en procesos que duraban entre seis y ocho años. Los nuevos registros tuvieron las mismas demoras que el proceso de licencias. Todo pedido a la administración entró en un congelamiento regulatorio casi pleno.
Las frecuencias, según el decreto vigente entonces, debían ser licitadas ante todo pedido de los prestadores, tras publicación oficial para convocar a los potenciales interesados en las bandas solicitadas. Las licitaciones debían ser realizadas, como mínimo, cada seis meses. Desde 2003 se incumplió sistemáticamente este deber del regulador. Sólo se realizó un único concurso, en diciembre de 2015, para adjudicar las frecuencias de 4G, con un retraso de años frente a otros países de América Latina. No haber licitado frecuencias durante 12 años significó dejar en estado de no uso o de prestación clandestina a todos los prestadores de acceso a Internet inalámbricos del interior del país, que tuvieron que usar frecuencias no licenciadas, con equipamientos que, por no haber sido nunca aprobados por la CNC, podían ser considerados como ilegales. Tampoco se aprobaron las presentaciones técnicas en la mayor parte de los servicios inalámbricos prestados en la zona metropolitana (2,5 y 3,5 MHz) y en el interior del país.
Los fondos del servicio universal, por su parte, no fueron exigidos a las empresas hasta 2008. Desde entonces su pago fue exigido y depositado primero en el Banco Itaú y, tras la ley Argentina Digital, de 2014, en el Banco Nación. Los fondos recaudados, sin embargo, nunca fueron utilizados. No se implementaron los proyectos correspondientes que debían dar acceso a las comunicaciones telefónicas y a Internet a los sectores mas postergados. Y no se atendieron las necesidades de las zonas marginales y de la población más vulnerable del país, a pesar de tener los fondos necesarios para hacerlo.
ARSAT
Arsat es titular de una red federal de fibra óptica, dos satélites de comunicaciones, un sistema de televisión digital y un data center de excelente tecnología. El equipo técnico de soporte y desarrollo es de muy buena calificación. La administración de los recursos técnicos y humanos efectuada hasta diciembre de 2015 priorizó las obras, pero no su utilidad social o su efecto de equilibrador del mercado de Internet. Falta invertir el 15% del valor total de lo realizado para darle plena utilidad social y capacidad como empresa. Se perdieron dos años que hubieran sido importantes para mejorar notablemente la inclusión digital de las provincias o regiones menos incluidas del país, alrededor del 30% de la población.
La historia satelital de Arsat empieza con Nahuelsat, operador privado de origen europeo, ganador de la licitación de 1993 para ocupar la órbita satelital argentina (llegó a lanzar el Nahuelsat 1 en 1997), incumplió el pliego y no construyó un segundo satélite que tenía que continuar los servicios brindados sobre Argentina. En 2006, el gobierno transfirió los activos de Nahuelsat a Arsat y buscó preservar las órbitas que permiten mejor servicio sobre la Argentina, alquilando satélites que cubrieran nuestras órbitas. En paralelo, se requirió a Invap la coordinación de los proveedores satelitales, así como el diseño y la integración total del satélite. Se lanzaron Arsat 1, en octubre de 2014, y Arsat 2, en septiembre de 2015. Desde lo tecnológico, ambos lanzamientos fueron un éxito. Argentina pasó a integrar el grupo de ocho países en el mundo con capacidad de diseñar e integrar un satélite de comunicaciones. El Arsat 1 se comercializó adecuadamente, migrando a los usuarios argentinos que estaban sobre otros satélites, con servicios con una cobertura de calidad inferior. En cambio, el lanzamiento del Arsat 2, que permite que comunicaciones argentinas se distribuyan en todo el continente americano, con un fuerte potencial comercial, se realizó sin que se hayan solicitado los obvios permisos previos para vender esas facilidades en cada uno de los países de la región. Un satélite técnicamente exitoso quedó sin vender hasta que se inició nuestra gestión de gobierno. En este momento todos los permisos internacionales están en trámite.
Otro gran activo de Arsat es la Red Federal de Fibra Óptica, construida por el gobierno anterior y con una extensión de 36.000 kilómetros tendidos. Hasta diciembre de 2015, sin embargo, sólo se habían “iluminado”, es decir, que se encontraban listos para ser usados, unos 6.800 kilómetros. En lugar de priorizar la inmediata utilización de lo tendido para dar servicio, se demoró hasta dos años su puesta en servicio, sin beneficiar a las más de 1.000 poblaciones a las que podría aportar fibra óptica por primera vez. La administración anterior dejó inversiones hechas por el 85%del valor total. Las tecnologías usadas son de alto nivel, pero no fueron coordinados los tiempos de instalación para que den servicio inmediatamente. Se produjo así una demora de dos años en la inclusión de centenares de ciudades y varias provincias que, sin Arsat, no tienen un acceso a Internet mejor del que tenían en 1999.
La televisión digital, por su parte, cuenta con 88 estaciones y cubre al 82% de la población. Es la plataforma para que se vean unos 20 canales digitales en todo el país y tiene repartidos alrededor de 1.200.000 decodificadores. El lanzamiento de la plataforma fue exitoso en lo técnico pero no tuvo un plan de negocios sólido: los ingresos de la TDA no llegaban en diciembre de 2015 a cubrir ni siquiera el mantenimiento y la operación de las estaciones.
Por último, el data center, que se construyó en los cuatro años anteriores al cambio de gobierno. Técnicamente es el mejor de Argentina y no tiene uno de rango superior en América Latina. Su comercialización fue demorada, fruto del retraso en la iluminación de la fibra de la red federal. Recién el año pasado se iniciaron los servicios relacionados con la prestación de conectividad para el interior del país. Asimismo, la oferta de soluciones a la administración nacional se vio demorada. En diciembre de 2015, el uso del data center no alcanzaba ni al 5% de su potencial.
CORREO ARGENTINO
En diciembre de 2015, Correo Argentino mostraba una situación difícil, especialmente por sus abultadas pérdidas, años de falta de inversión, una infraestructura muy pobre y tecnología obsoleta. También, como muchos otros organismos, su historia reciente mostraba rastros de mala gestión comercial y de uso partidario de sus recursos.
Un problema del Correo es que participaba de un mercado mal regulado, muy informal y sin rentabilidad. La gestión no ayudaba: la empresa tenía contratos con 30 proveedores por 2.400 millones de pesos, todos con precios excesivos, algunos incluso por servicios innecesarios. Y al mismo tiempo tenía sus propios precios reducidos: a ANSES, uno de sus mayores clientes, por ejemplo, le seguía cobrando en 2015 los mismos precios de 2007. Otros organismos públicos le debían alrededor de 2.000 millones de pesos. ARBA, por poner un caso, la agencia impositiva de la provincia de Buenos Aires, le debía unos 400 millones de pesos. Algunos de estos contratos por prestación de servicios, incluidos los de ARBA y ANSES pero también, por ejemplo, uno con Aerolíneas Argentinas, eran informales, no estaban respaldados por contratos firmados, órdenes de compra o facturas. Estos contratos son ahora muy difíciles de cobrar para el Correo, porque ni siquiera puede demostrar que los mismos verdaderamente existieron.
Por todos estos motivos, Correo Argentino perdió el año pasado 1.500 millones de pesos, sobre una facturación de 7.500 millones de pesos.
Las nuevas autoridades detectaron también una serie de irregularidades, que están siendo investigadas. Algunas de las irregularidades vienen de los innecesarios contratos del Correo con empresas de finishing, un servicio que se podría haber realizado por personal de Correo pero que durante años estuvo casi todo tercerizado. El finishing es la preparación de paquetes de envío, desde la impresión y el ensobrado hasta, a veces, la propia distribución. Uno de los casos irregulares de finishing es el de la cooperativa “El Aldabón”, formada en La Plata por ex empleados del Ministerio de Economía bonaerense y subcontratada durante diez años por Correo Argentino para preparar los envíos de ARBA, la agencia impositiva bonaerense. “El Aldabón” fue contratada a pesar de que no era un prestador postal autorizado (el decreto 1187/1993 obliga al Correo a subcontratar únicamente a prestadores autorizados). Cobró, por sus servicios, unos 15 millones de pesos por año. (A principios de este año se le canceló el contrato.)
Otro caso es el de Tecnología Urbana, contratada como auditora externa para controlar las operaciones del Correo y que facturó 57 millones de pesos a lo largo de cuatro años. (El contrato fue cancelado en enero de 2016.) Una auditoría determinó que Tecnología Urbana no tenía siquiera empleados y que sus informes los confeccionaban empleados del Correo. No se pudo determinar aún, pero está siendo investigado, quiénes se repartieron los 57 millones de pesos.
El año pasado Dinatech, una empresa que había ganado el contrato del Ministerio de Educación para hacer el mantenimiento de las notebooks del programa Conectar Igualdad, fue contratada por Correo Argentino para digitalizar documentos como órdenes de compra, facturas y resúmenes. Esta tarea la venía haciendo una empresa llamada Su Papel, a un precio de 1,19 pesos por unidad digitalizada. Dinatech fue contratada para hacer la tarea a un precio de 3,19 por unidad digitalizada pero no se puso a hacerla ella misma: subcontrató a su vez a Su Papel por los habituales 1,19 pesos. El contrato con Dinatech fue anulado de forma inmediata.
Un último caso era el de una consultora de opinión pública que durante los seis meses del año pasado anteriores a las elecciones le facturó al Correo 400.000 pesos por mes, presumiblemente por la confección de encuestas y estudios de opinión pública. Sin embargo, no se encontró en el Correo ningún fruto de ese trabajo. El Correo Argentino está finalizando las investigaciones de todos estos casos y ha contratado una auditoría forénsica externa a Deloitte.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOS PÚBLICOS
En diciembre de 2015, existía en el Estado Nacional una suma de diferentes estructuras, empresas del Estado, programas, planes, centros, unidades ejecutoras y proyectos específicos, dependientes de distintos ministerios, con fuentes presupuestarias y marcos legales diferentes, que se había convertido en una maquinaria mediática y cultural al servicio de la propaganda política. Un rasgo notorio de esta estructura era la disolución de la diferencia entre lo político y lo público, entre el partido de gobierno y el Estado. No sólo se desviaron fondos públicos para fines políticos, sino que además se limaron las capacidades estatales para proveer un servicio público de calidad en términos comunicacionales, culturales e informativos.
“La Jefatura de Gabinete gastó más de 2.200 millones de pesos en publicidad oficial, más del doble de lo aprobado por el Congreso”.
Uno de los ejemplos más visibles de esta manera de entender los medios públicos fue el programa Fútbol Para Todos, que costó más de 1.600 millones de pesos en 2015 y durante seis años usó los entretiempos de los partidos –y, en ocasiones, los comentarios de sus periodistas– para hacer propaganda partidaria del oficialismo y criticar a sus opositores. Casi con las mismas palabras se podría describir la trayectoria de la TV Pública, Radio Nacional y Télam, los medios públicos del Estado Nacional, en los años anteriores a diciembre de 2015.
El abuso de la pauta publicitaria gubernamental fue otro capítulo más de la irregularidad y la injusticia transformadas en política de Estado. En 2015, la Jefatura de Gabinete gastó más de 2.200 millones de pesos para publicidad oficial, más del doble de lo aprobado inicialmente por el Congreso en el presupuesto. En diciembre de 2015 la deuda del Estado con los medios de comunicación ascendía a 800 millones de pesos. Más de la mitad de esta deuda correspondía a pauta oficial de 2015.
No sólo era escandaloso el monto de la publicidad oficial, cuyo presupuesto se había multiplicado varias veces desde 2003, especialmente a partir de 2011, sino también la manera de repartir los fondos. La Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, repartía una parte importante de la pauta no con criterios profesionales (es decir, con el objetivo de que los actos de gobierno sean recibidos por su público objetivo) sino con criterios políticos. En las listas de destinatarios de publicidad oficial, publicadas a regañadientes por la Jefatura de Gabinete ante los pedidos de ONGs y medios independientes, la gran mayoría de los beneficiarios principales eran medios o periodistas oficialistas, especialmente el Grupo Szpolski, cuyos medios encabezaron las listas todos los años recientes.
La razón social que más publicidad del Estado Nacional recibió en 2015 fue Balkbrug S.A., editora del diario El Argentino, del Grupo Szpolski, que recibió 89 millones de pesos. En el puesto número dos estaba Comunidad Virtual S.A., del mismo grupo, que en los 11 meses evaluados de 2015 recibió más de 75 millones de pesos. A través de la ANSES, que tenía su propio y jugoso presupuesto de publicidad, el Grupo Szpolski cobró 104 millones de pesos en 2015.
En el momento del cambio de gobierno había además ocho juicios importantes por daños y perjuicios, iniciados contra el Estado por grupos de medios que reclamaban no haber sido considerados en la distribución de pauta. Si bien los montos no son determinados, se pueden estimar mediante la pauta otorgada a los medios declarados como análogos por los demandantes. Realizando esa estimación se llega, en suma, a un monto de 279 millones de pesos.
MEDIOS PÚBLICOS
La Secretaria de Medios Públicos recibió la responsabilidad sobre Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (que administra los medios de comunicación estatales TV Pública y Radio Nacional) y la agencia de noticias TÉLAM.
En diciembre de 2015 había en los tres medios problemas similares, como la falta de profesionalismo y un ambiente donde se premiaba la propaganda gubernamental. La consecuencias más visibles de la falta de profesionalismo se reflejaron tanto en la calidad de sus producciones como en el carácter de sus organizaciones, es decir, en sus líneas gerenciales, procedimientos administrativos, relación con los sindicatos y en el empobrecimiento de la labor de los trabajadores en su tarea cotidiana. Había procedimientos que mantenían al margen a muchos profesionales por cuestiones ideológicas. Uno de ellos, por ejemplo, periodista de Télam de muchos años en la empresa, con cargo de secretario de redacción, entregaba una nota diaria a su jefe, quien se encargaba, sistemáticamente, de tirarla al cesto de basura frente a su autor. La rutina se repitió y se convirtió en un hecho cotidiano. Esta decisión de partidizar la comunicación estatal se reflejó en la decreciente calidad de la producción. Esto derivó a su vez, en algunos medios, como Radio Nacional y la TVP, en la consolidación de una audiencia ligada casi exclusivamente a quienes apoyaban al gobierno.
“Se convirtió la “Casa de la Defensa”, en una unidad básica”.
En la “Casa de la Defensa”, un edificio histórico que pertenece a Télam, se había instalado una unidad básica donde la militancia kirchnerista acumulaba postales y souvenirs de carácter exclusivamente partidario que llevaban la marca Télam. Esa propiedad, reciclada y puesta en valor hace unos años, fue deteriorada de manera que sólo puede interpretarse como intencional días antes del cambio de gobierno (existen testimonios gráficos tanto de las postales y panfletos como de la destrucción del edificio).
Lo que se encontró en los medios públicos fue una aparato de difusión oficialista, destinado a enaltecer la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus políticas y también a denigrar a todos aquellos que plantearan críticas o alternativas políticas. Fue “678” el programa icónico en este sentido. Con su producción tercerizada, y financiado por ANSES, uno de sus objetivos principales era generar campañas de desprestigio que afectaban a aquellos que no fueran parte del oficialismo.
Además de su vocación oficialista, no hubo en los años anteriores a diciembre de 2015 otro proyecto institucional para los medios públicos. No hubo estrategia ni política de recursos humanos, no existió análisis prospectivo sobre la evolución tecnológica o los cambios del medio. La idea de transmitir un mensaje partidista tiñó todo el trabajo periodístico del canal. Las líneas profesionales fueron tan abandonadas que por años se obstaculizó cualquier tipo de mejora o actualización en el funcionamiento de las empresas. La posibilidad de pequeñas innovaciones por fuera del comisariato político era castigada. Un ejemplo menor es el de un empleado del Canal 7 que fue sancionado porque desde la cuenta oficial de Twitter se le ocurrió que podía seguir a Yoko Ono.
Esta perspectiva condenó a la TV Pública, a Radio Nacional y a Télam a un constante corto plazo. Al mismo tiempo, el ingreso de personal sin criterios preestablecidos, la duplicación de funciones o, directamente, la tercerización de tareas derivó en una falta de estímulo para la carrera profesional, la capacitación o la creatividad. Esto se agudizó frente al abrumador predominio de la política partidaria como único elemento para juzgar la calidad del trabajo.
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), la sociedad que administra los medios de comunicación estatales (TV Pública, LRA Radio Nacional, Unidad de Negocios de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior), tuvo el año pasado un presupuesto operativo de 2.628 millones de pesos. Sus ingresos ingresos genuinos, por venta de publicidad, fueron 188 millones de pesos. Tantas líneas gerenciales, la diversidad de funciones (administrativas, artísticas o periodísticas) y la cantidad de actores con representaciones políticas e intereses diversos demandaban un fuerte trabajo articulado que nunca existió. Cada medio tenía su propia línea de autoridades y encargados de las diversas áreas. En este sentido, el “cuoteo” político fue la forma privilegiada para la designación de personal jerárquico, con los consiguientes problemas de funcionamiento, debido a la falta de articulación y comunicación interna. Al mismo tiempo, como ocurría en otras áreas del Estado, el nivel de interacción con ministerios y dependencias estatales nacionales o provinciales era nulo o dependía de la afinidad personal de las respectivas autoridades.
Una gran sorpresa fue encontrar que la mayoría de la producción del canal se tercerizaba. El 70% de la producción se hacía afuera del canal. Mientras en su pantalla se hablaba sobre la importancia de lo público y el papel del Estado en la cultura, las productoras privadas se habían convertido en proveedoras casi exclusivas. Por esta razón, muchos trabajadores del canal no tenían tareas asignadas. Todo esto condicionó la imprescindible modernización en los puestos laborales acorde a los avances tecnológicos. Frente a los grandes cambios que se estaban produciendo en los medios de comunicación, el canal se mostraba impasible, sin debate, ni cambio, ni encargando estudios o planificando líneas de posibles evolución.
La falta de pluralismo era la norma y eso se observó en casos de público conocimiento como el despido de Juan Miceli, por hacer una pregunta al aire que no fue del agrado de un referente oficialista. O la prohibición de mencionar la palabra “Córdoba” al aire, excepto que fuera asociada a tragedias ambientales o de inseguridad y, por ello, también la eliminación de la programación de algunos festivales populares de esa provincia.
Al mismo tiempo, los periodistas incorporados por criterios políticos percibían sueldos muy por encima de los recibidos por la misma tarea en el mercado de los medios privados. Se detectaron casos de doble contratación (en Télam y RTA, por ejemplo) de “periodistas militantes” que, de confirmarse (se están pidiendo los informes legales) constituirían una flagrante violación a la ley.
Radio Nacional replicó el modelo de Canal 7 de control político tanto en el mensaje como en lo referido a los trabajadores de la radio. Algunos periodistas que no aceptaron convertirse en “bajadores de línea” fueron desplazados. La radio perdió su rol profesional, dejó de ser un medio federal y se organizó una programación de acuerdo a necesidades de la política partidaria.
TÉLAM fue otra fuente de propaganda. Desde sus oficinas salieron muchas de las operaciones de desprestigio y persecución que sufrían los dirigentes que se oponían al gobierno. Y la calidad de su producción periodística cayó a uno de niveles más bajos de su historia. TÉLAM, por otra parte, no es auditada desde el año 2006 y desde el comienzo del último ciclo político duplicó su planta de empleados (de 450 en 2003 a 960 en 2015), a pesar de que tiene un presupuesto de 600 millones de pesos por año e ingresos genuinos (lo que pagan los medios de comunicación abonados) de sólo 12 millones de pesos, en parte por su desinterés por tener una política comercial adecuada.
CENTRO CULTURAL KIRCHNER
Desde diciembre de 2015, la Secretaría de Contenidos Públicos tiene bajo su responsabilidad la gestión y administración del Centro Cultural Kirchner; del Parque temático y muestra Tecnópolis; de todos los programas y planes de generación y fomento de contenidos audiovisuales; de los canales Acua Federal y Acua Mayor de la Televisión Digital Abierta (TDA); y del control y gestión de las tres señales de Educar SE (Canal Encuentro, PakaPaka, DxTV).
“El CCK abrió sus puertas sin estar habilitado”.
El Centro Cultural Kirchner es un espacio físico único de 120.000 metros cuadrados. La realización de la obra se definió en un concurso de ideas y proyectos, y si bien se ponderó el proyecto arquitectónico, el artístico y de producción técnica no fue contemplado o elaborado. En este sentido el CCK abrió sus puertas en mayo de 2015 de forma prematura, ya que el edificio no había sido habilitado. El edificio estaba en diciembre de 2015 en situación “de obra”, con entrega parcial, con un funcionamiento excepcional y condicionado en materia de seguridad.
En los primeros relevamientos edilicios se detectó falta de obras termomecánicas, eléctricas y civiles a fin de habilitar el área de pre y post producción y registro audiovisual. Esas obras imprescindibles para el correcto funcionamiento del lugar no habían sido previstas en el proyecto original. No existía un inventario o registro de bienes muebles, equipamientos e instalaciones de todo el edificio. El gran órgano de la Ballena Azul (auditorio principal) no tenía la puesta a punto, afinación y limpieza necesaria para funcionar.
Desde el punto de vista administrativo había un centro cultural sin jerarquía jurídica ni administrativa. Existía, además, falta de conducción artística y administrativa unificada. Distintas áreas del gobierno (el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría General de Presidencia, entre otros) superponían su autoridad sobre el CCK. En términos de recursos humanos, el lugar no contaba con una organización funcional, definiciones de las misiones y funciones de cada área. Contaba con una dotación sobredimensionada de 742 empleados, de los cuales 669 eran asistencias técnicas a través de convenios con universidades nacionales y 73 tenían contratos. La tercerización a través de las universidades también afectaba a las contrataciones artísticas y de proveedores.
Las licitaciones de equipamiento técnico de las salas y los auditorios se lanzaron sin previsión ni coordinación con el proyecto de obra edilicia, por lo que surgieron incompatibilidades, modificaciones y ampliaciones al proyecto de construcción original. En diciembre de 2015 había una deuda impaga con proveedores y servicios básicos (mantenimiento de ascensores, agua, luz, gas, control de acceso, limpieza y seguridad) de 78 millones de pesos.
No había una conducción artística definida ni un proyecto curatorial o de programación, lo que generaba una permanente superposición de eventos y actividades sin control ni coordinación de producción. La primera auditoría administrativa vinculada a los contratos artísticos reveló una deuda impaga de más de 2.000 contratos por un monto total de 19 millones de pesos.
Como modalidad de producción se alquilaban equipos técnicos, a pesar de que el equipamiento previsto en contrataciones en curso. Existía, por ejemplo, una licitación de 480 millones de pesos para equipamiento propio que nunca se llegó a instalar completamente y para la cual se encontraron facturas sólo por 130 millones de pesos.
TECNÓPOLIS
Tecnópolis es un parque de arte, ciencia y tecnología que genera contenidos educativos, culturales y científicos para el público en general y está concebido como una muestra de seis meses al año donde cada área de Gobierno presentaba sus contenidos relacionados con la innovación, con una fuerte impronta gubernamental y propagandística.
“Tecnópolis no contaba con presupuesto propio”.
Hasta diciembre de 2015 el parque no contaba con un presupuesto propio. Tenía un financiamiento cruzado por partidas de diferentes ministerios (Secretaría General de la presidencia, Ministerio de Planificación Federal, el Programa de Inclusión Cultural y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como principal socio). En materia de recursos humanos, contaba con una dotación fija de 310 personas, de las cuales 123 estaban contratadas (33 de ellas en noviembre de 2015), 134 tenían contratos en régimen de asistencia técnica a través de la Universidad Nacional de Tres de Febrero; y 20 eran cooperativistas contratados a través de Desarrollo Social y la Universidad de Tres de Febrero. En los contratados había irregularidades fuera de toda norma: a pesar de tener un sueldo básico promedio de alrededor de 10.000 pesos, liquidaban cada uno hasta 290 horas extras por mes, sin informar licencias ni vacaciones, durante todos los años de contratación, en algunos casos más de cuatro años. No existía ningún tipo de organigrama que avalara las misiones y funciones del personal.
Según la Dirección de Patrimonio y Suministros, el parque contaba con más de 13.000 bienes, por una suma de 179 millones de pesos. Según una reciente auditoría de la SIGEN, se comprobó la falta de registro real de los bienes y su ubicación, la ausencia de bajas y la falta de un protocolo de seguimiento de bienes y su destino. A su vez, con posterioridad al inicio de la auditoría, se comprobó que entre el 23 de noviembre de 2015 y el 8 de diciembre de 2015 se realizaron no menos de tres denuncias en las que se enumeraban bienes de cuantioso valor cuya desaparición se comprobó justo en esos días. Las deuda impaga de contrataciones artísticas de Tecnopolis era de 15 millones de pesos.
Además había una modalidad de contratación gastronómica irregular: a través de un convenio, se procedía a la cesión gratuita de los espacios a distintas fundaciones y/o asociaciones de bien público para que subcontrataran servicios gastronómicos tanto para la muestra como para los eventos privados. En todos los casos, el operador gastronómico era elegido directamente por la fundación. Luego de estudiar caso por caso, se detectó que toda la operatoria gastronómica caía en manos de los mismos prestadores.
CONTENIDOS AUDIOVISUALES
En el marco del Centro de Investigación Aplicada en Recursos Audiovisuales (CIARA) se agruparon todos aquellos programas y unidades destinadas al fomento de la producción audiovisual. El proyecto estuvo pensado como un programa de generación de contenidos para las señales públicas y para abastecer al BACUA (Banco de Contenidos Universales) y a la plataforma CDA (Contenidos Digitales Abiertos).
La gestión anterior destinaba anualmente entre 120 millones y 200 millones de pesos a producir contenidos audiovisuales, al 100%, en calidad de subsidios que no resultaron en la generación de una industria audiovisual sino en la dependencia de las casa productoras de los recursos estatales. Las casas productoras no contaban con el tiempo necesario para comercializar las producciones en el exterior y de esta manera potenciar la industria nacional en el mercado internacional. No se generaron ni se instrumentaron variables para medir el impacto de la inversión en el sector, con la consecuencia de no poder generar una política clara de desarrollo para el sector.
EL dinero se distribuyo de manera dispar: más del 60% de las inversiones se destinaron a productoras de Capital y Gran Buenos Aires. Provincias como Catamarca, Formosa, Jujuy, San Juan, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz o Santiago del Estero recibieron menos del 1% de inversiones.
Había, además, graves problemas administrativos y una gran complejidad y complicación en la ejecución de los proyectos debido a la gran cantidad de actores involucrados para su ejecución. Los concursos se planeaban y ejecutaban a través de tres ministerios: Planificación, Cultura (con el INCAA) y Educación. En la práctica, los inconvenientes administrativos repercutieron en la proliferación de proyectos: Silos, Cepas, Polos, Ciardi, Ciara, Ciam, Bacua, TDA, Enamorar e Igualdad cultural, entre otros, surgieron y recibieron presupuestos dependiendo del impulso y la necesidad política del momento sin atender a una verdadera planificación.
Además, las señales Acua Mayor y Acua Federal de la TDA no tenían alcance federal, salvo vía satelital, y no pasaban por las frecuencias del sistema de televisión pública. La inversión realizada en dichos canales no se correspondía con la poca promoción y falta de dirección adecuada para la generación de sus contenidos y el alcance a la ciudadanía.
EDUC.AR
Educar es una Sociedad del Estado creada en 2000 por decreto en el ámbito del Ministerio de Educación. Desde diciembre 2015, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos asumió el manejo, organización y administración de los tres canales (Encuentro, PakaPaka y DxTV) y del Polo Audiovisual de Educar (que brinda soporte técnico a los canales). En diciembre de 2015, Educar debía 161 millones de pesos. En caja sólo tenía 78 millones de pesos.
En el caso del canal Encuentro, había numerosas series atrasadas con meses o años en producción, dilatadas por cuestiones de contenido o problemas con las productoras. La señal infantil Paka Paka estaba orientada a un target de menores de nueve años. Dentro de ese esquema Zamba fue el personaje estrella, que en los últimos años que fue utilizado para difundir en ocasiones una visión sesgada de la historia argentina. Esta situación, además, se generó en condiciones administrativas poco transparentes.