En diciembre de 2015, el Estado Nacional argentino tenía poca capacidad para atender sus obligaciones, más gobernado por la inercia, la indiferencia y la corrupción que por el espíritu de reforma, el profesionalismo y el servicio público. Era un Estado desordenado y desorientado, que tenía los instrumentos de navegación rotos y cuyas distintas áreas no se comunicaban entre sí. Se veían, además, en muchas dependencias de la Administración Pública Nacional, los rastros de años –y a veces décadas– sin planificación ni un pensamiento responsable o de largo plazo.

Entre 2006 y 2015, como dijo el presidente Macri en sus palabras a la Asamblea Legislativa, los argentinos pagaron al Estado Nacional casi 694.000 millones de dólares en impuestos más que en la década iniciada en 1990. Esto ocurrió por razones fortuitas, como la alta meseta de varios años en los precios de las materias primas, pero también por mérito propio, gracias al mayor ingenio del Estado para hacer más efectiva la recaudación de impuestos. Pese a esto, el Estado Nacional todavía tenía en diciembre de 2015 muchas dificultades para resolver sus principales responsabilidades. Estos cientos de miles de millones de dólares extra permitieron mayores transferencias a los ministerios encargados de solucionarlas, y es cierto que aumentaron sus presupuestos. Pero también es cierto que, a pesar de esta inyección, los problemas de la educación son similares a los de 2003 (algunos de ellos son incluso más graves), que la seguridad de los ciudadanos empeoró (lo muestran las estadísticas que se dejaron de publicar en 2008 y reveladas después del cambio de gobierno) y que deudas pendientes de larga data, como los reclamos judiciales de los jubilados o el sistema de coparticipación, fueron prácticamente ignoradas a lo largo de todo el período. Mucho menos sirvió la inyección extra para reducir los problemas estructurales de pobreza e indigencia, que en diciembre de 2015 estaban estancados en niveles demasiado altos.

El balance de la década anterior al cambio de gobierno incluye muchos logros, como la ampliación de la cobertura social para niños y adultos mayores, el bajo nivel de deuda pública del Tesoro, las políticas de Estado en ciencia y tecnología y un puñado de programas exitosos, como los calendarios de vacunación del Ministerio de Salud. Pero los reportes enviados por las distintas áreas de la Administración Pública Nacional, y que constituyen el corazón de este informe, también muestran que el Estado estaba mal administrado, a menudo con desidia y desinterés por lo público, y que le costaba mucho emprender reformas duraderas y robustas que mejoraran la calidad del gobierno. Los reportes también muestran una cronología de problemas que se iban haciendo más serios con el tiempo y eran enfrentados con parches y soluciones temporarias que no lograban frenar el espiral. Muchas de las tendencias que aparecían moderadas en 2009 o 2010 se habían acelerado y salido de control en 2013, 2014 y, sobre todo, 2015.

En los reportes de los ministerios y organismos descentralizados también se puede ver que la Argentina de 2015 se acercaba a una crisis. Una muestra de esto es que buena parte de las agencias del Estado dejaron de pagarles a sus proveedores, beneficiarios y contratistas en algún momento del año. ¿Cuánto tiempo más podía durar esta situación? En julio, por ejemplo, la petrolera estatal Enarsa dejó de pagarle a la boliviana YPFB por el gas importado. Bolivia siguió mandando el gas, pero en diciembre de 2015 la deuda acumulada era de casi 400 millones de dólares. También en julio la Secretaría de Vivienda dejó de mandar fondos para viviendas sociales y, como consecuencia, miles de casas quedaron sin terminar. Algo parecido ocurrió con las obras de la Dirección Nacional de Vialidad, que dejó de mandar fondos en agosto y vio cómo enseguida empezaron a paralizarse las obras en la Ruta 5, la Ruta 7 y muchas otras. Las obras de infraestructura ferroviaria dejaron de avanzar entre julio y septiembre. Por decisiones como éstas, unos 50.000 obreros de la construcción perdieron sus trabajos. En septiembre, el Ministerio de Educación dejó de mandarles fondos a las universidades nacionales. La deuda acumulada en el momento del cambio de gobierno era de 7.000 millones de pesos.

En diciembre de 2015 la Argentina era también uno de los países con más inflación del mundo, con un promedio anual reciente de más del 20% y una inflación acumulada de aproximadamente el 700% en los diez años anteriores. La causa principal de esta inflación fue el uso del Banco Central para financiar el gasto público y pagar los servicios de deuda pública. El déficit del Estado Nacional, al mismo tiempo, era uno de los mayores de la historia del país a pesar de que coincidió con uno de los momentos de mayor presión tributaria de la historia y de que el Estado Nacional concentró recursos de las provincias como no lo hacía desde hacía varias décadas. Una posible lección de estos números es que en la década anterior a diciembre de 2015, y al igual que en la década de los ’90, la Argentina consumió más de lo que produjo. En los ’90 pagó la diferencia con endeudamiento. En años más recientes la pagó con inflación.

El empleo estaba en una situación similar, planchado, a la espera de mejores o peores noticias sobre el futuro de la economía, y atenazado por la combinación de inflación y cepos varios que le impedían crecer. A pesar de que en los primeros años del gobierno anterior hubo una mejora genuina del empleo, y una reducción notable de la desocupación, en los cuatro años anteriores a diciembre de 2015 no creció el empleo privado o, en sus mejores años, creció más despacio que la población activa. Más de un millón de argentinos estaban desempleados y casi cuatro millones, un número que se mantuvo tercamente alto a lo largo de toda la década, trabajaban en negro.

Un país grande y poco poblado como la Argentina necesita tener excelentes medios de transporte, tanto para las personas como para los productos, entre las distintas provincias. El panorama en el momento del cambio de gobierno, sin embargo, era poco alentador: había rutas en mal estado, trenes que funcionaban mal o no funcionaban, puertos con tecnología atrasada, una hidrovía mal aprovechada y poca actividad aerocomercial. El 40% de las rutas estaba en pésimo estado, pese a que el presupuesto de Vialidad Nacional se había multiplicado por diez, y la cantidad de kilómetros de ruta con problemas de seguridad había saltado de 1.000 a 3.400. Algo parecido ocurrió con los ferrocarriles. Tras décadas de abandono y falta de inversión, el sector ferroviario fue perdiendo competitividad y empleo. El Belgrano Cargas, por ejemplo, que lleva mercaderías desde el noroeste hasta los puertos exportadores, tuvo en 2015 el peor año de su historia, al transportar sólo 2,5 millones de toneladas de mercadería, tres millones y medio de toneladas menos que en 2001.

Cuando llegaron los elecciones, por lo tanto, y después, la asunción de las nuevas autoridades, la Administración Pública Nacional estaba en un estado cercano a la parálisis, con varias cadenas de pagos cortadas, ahogada por una situación macroeconómica cada vez más delicada y aparentemente resignada a que algún tipo de crisis recompusiera la situación. Dependiendo del sector o ministerio, el Gobierno había dejado de funcionar hacía tres, cuatro o cinco meses.

---

EL ESTADO DEL ESTADO

Aunque algunos se acentuaron en los últimos años, el Estado argentino arrastra problemas desde hace décadas. Incrementó su tamaño y también sus recursos, pero mejoró menos de lo esperable su capacidad de proveer bienes públicos a la ciudadanía. Las instituciones de la república, en lugar de controlar la gestión y prevenir hechos de corrupción, se emplearon en ocasiones como un instrumento en la lucha política a favor del oficialismo y fueron desmanteladas cuando se volvieron una amenaza para quienes ocupaban el gobierno.

En diciembre de 2015, el nuevo gobierno encontró en el Estado Nacional una actitud ambivalente con respecto al empleo público. Si bien en los años anteriores la planta de personal en todos los niveles del Estado había crecido sustancialmente –un 64%, de 2.200.000 a 3.600.000, entre 2003 y 2015–, la calidad, la productividad y la coordinación de esos empleos no mejoró de ninguna manera notoria. Existía un discurso a favor del empleo público desmentido por sucesivas gestiones que mantenían al empleo público en situación de precariedad, mal remunerado, mal organizado, en algunos casos como un sostén de militancia política y, en muchos otros, con pocas oportunidades de crecimiento para los muchos empleados que se tomaban en serio su servicio público y querían progresar profesionalmente.

La carrera pública, por ejemplo, estaba completamente desactualizada y no contemplaba el mérito y el esfuerzo de cada trabajador. La capacitación del personal estaba desarticulada y no perseguía objetivos de crecimiento profesional dentro de la administración pública. Los plazos de los concursos públicos eran demasiado extensos: algunos de ellos llevaban abiertos más de dos años sin que se alcanzara el nombramiento del personal. De los alrededor de 217.000 empleados de servicio civil en la administración centralizada y descentralizada, más de 70.000 tenían contratos precarios, que debían ser renovados cada año a voluntad de sus jefes de área. No había, además, ninguna coordinación: en diciembre de 2015 se localizaron en la Administración Pública Nacional 36 sistemas distintos de liquidaciones de sueldo y administración de personal. Había, además, 13.635 personas con la edad requerida para jubilarse y no lo habían hecho, impidiendo de esta manera la renovación natural de cualquier organización y la aparición de oportunidades para los empleados más jóvenes.

Este sistema, que no podía ver más allá de sus narices ni planificar más allá de las liquidación de fin de mes, generaba o permitía situaciones curiosas. Por ejemplo, empleados en dependencias de todo tipo que cobraban un sueldo y no asistían a su lugar de trabajo. En el Indec, por ejemplo, había 30 personas contratadas que en los sistemas de presencia tenían un promedio de menos de dos horas por día. En el Ministerio de Justicia había 50 personas contratadas a quienes que se les pagaba un sueldo a pesar de que vivían en el interior y no tenían registros de ingreso al ministerio o ninguna otra oficina. En la Entidad Binacional Yacyretá, 130 personas contratadas no asistían a su puesto de trabajo. Otra práctica habitual era la contratación de personas por su afinidad política para hacer trabajos casi exclusivamente de militancia política. En el Centro Cultural Kirchner, 600 personas contratadas no tenían conducción, programas de trabajo ni roles asignados. En el último trimestre de 2015, antes y después de las elecciones presidenciales, el Hospital Posadas contrató a 644 personas que no eran profesionales de la salud ni tenían tareas asignadas.

El desorden y la falta de coordinación permitían que se generaran situaciones imposibles de mantener si la administración fuera más transparente o tuviera más controles. En la Secretaría de Comunicación Pública, por ejemplo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, había 500 personas contratadas repartidas en apenas tres oficinas, sin tareas asignadas o con tareas superpuestas. En el Ministerio de Justicia se encontraron 500 personas contratadas a partir de junio de 2015 que no cumplían funciones específicas. En el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas había 97 personas contratadas con tareas superpuestas. La mitad de ellas, sin tareas asignadas. En el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), 35 personas contratadas no tenían tareas asignadas.

Como ejemplos probablemente menores, pero que reflejaban un estilo transversal a la Administración Pública, en lo que era el Ministerio de Planificación había oficinas con un sólo teléfono y 10 telefonistas. En Jefatura de Gabinete, diez personas con la función de fotocopiado y una sola fotocopiadora. En Cultura, 30 personas hacían un solo clipping de noticias. Además, corrían por cuenta de universidades nacionales gastos corrientes de otras dependencias del Estado. Por ejemplo, el auto del ministro de Salud estaba contratado por la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El descontrol de la Administración Nacional se extendía con frecuencia a los servicios contratados y al pago –o impago– de esos servicios. En diciembre de 2015, por ejemplo, el Estado Nacional debía más de 350 millones de pesos en facturas de telefonía fija y móvil y consumo de datos de Internet. Había contratadas 62.000 líneas celulares, de las que 2.300 ya se dieron de baja y unas 20.000 están en análisis. La deuda con las operadoras móviles era de alrededor de 80 millones de pesos. Con las empresas de conexión a Internet, que gestionan los enlaces de los organismos públicos, la deuda era de 187 millones de pesos. A los proveedores de telefonía fija se les debían 83 millones de pesos.

Más allá de los ejemplos y los casos curiosos, la Administración Nacional mostraba en diciembre del año pasado estructuras organizativas anacrónicas, sin una planificación estratégica, una división de funciones sin una lógica organizacional ni retribución acorde y una inexistencia de planeamiento en la cantidad y calidad de las dotaciones.

En tecnología y ciberseguridad, el panorama era similar. No había una política en materia de tecnología y sí había un desaprovechamiento de las inversiones existentes. Un ejemplo de esto último era el data center de ARSAT, de gran calidad técnica y excelente infraestructura, que funcionaba sólo al 5% de su capacidad y cuya inversión había significado grandes erogaciones del dinero público. Otro ejemplo era el Plan Nacional de Cibersalud, dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Salud, para cual se compraron equipos de última tecnología que no estaban conectados a internet y no contaban con los sistemas operativos aptos para funcionar.

La innovación informática, un área de creciente importancia en la gestión pública, reconocida en todo el mundo como una de las herramientas que más puede hacer por mejorar la organización del Estado y su relación con los ciudadanos, estaba completamente desarticulada y abandonada, entregada a los esfuerzos individuales de algunas dependencias. Había una oficina que debía encargarse de la planificación de la estrategia informática del Estado, pero en diciembre de 2015 se encontraba completamente desarticulada.

No sólo no se localizaron estrategias o programas específicos de innovación informática. Además, las normativas estaban desactualizadas, sobre todo las relacionadas con el procedimiento administrativo electrónico y las normas de conservación de archivos digitales. No había acceso a las plataformas de soporte de la redes de ciberseguridad. Tampoco había software para escaneo y detección de vulnerabilidades en cuanto a la seguridad informática.

Otro costado de la Administración Nacional que en diciembre de 2015 acumulaba años (incluso décadas) de atraso era la gestión de documentos y trámites, tanto internos como en la atención al público. El año pasado, por ejemplo, se acumularon 150 millones de documentos. La tramitación de cada uno de ellos con frecuencia demoraba varios meses. La tramitación de expedientes, que seguían siendo un papel y transportados a mano de un ministerio a otro, llevaba décadas de atraso. Esto incluye a las licitaciones, que también seguían siendo en papel. No había, tampoco, ningún tipo de control sobre el proceso de tramitación. Los expedientes se perdían o se “cajoneaban” sin que nadie tuviera control sobre por qué ocurría eso. El 54% de todos los trámites públicos no se podían realizar a distancia. Había excepciones: algunas dependencias habían aplicado prácticas actualizadas, con equipamiento moderno y personal capacitado, para la gestión de sus trámites y documentos, pero eran casos aislados.

El sistema de contrataciones del Estado, por su parte, tenía serias deficiencias de funcionamiento. En muchos casos el procesamiento se completaba manualmente, quizás porque el sistema de procesamiento de la información de la Oficina Nacional de Contrataciones databa del año 2001. Según una estimación de las nuevas autoridades, hasta diciembre de 2015 se publicaba menos del 50% de los procedimientos de compras de la Administración Pública Nacional que debían ser publicados. Varias veces en los últimos años se había intentando poner en marcha un sistema electrónico de Compras –llamado provisoriamente “AR COMPRAS”– cuya puesta en marcha fracasó por errores en la definición y el desarrollo. Nunca se pudo usar.

Si bien es miembro desde 2012 de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, la Argentina ha incumplido sus compromisos previamente asumidos y no ha tenido un rol activo en la materia. Más bien todo lo contrario. Al momento del cambio de gobierno, el país se encontraba en el puesto 54º en materia de apertura de datos públicos. Uruguay, en cambio, se ubicaba 7º.

El descuido de la tarea pública fue acompañado por una progresiva falta de transparencia y por la incidencia de la corrupción. En el ranking que todos los años elabora la organización civil Transparencia Internacional, Argentina ocupa el lugar 107º entre 168 países ordenando desde los menos a los más corruptos, muy detrás de Uruguay y Chile y también de otros países latinoamericanos como Cuba, México, Brasil, Colombia y Bolivia. La corrupción no es un fenómeno cuyas consecuencias se limiten a las paredes de las instituciones estatales. Impacta sobre la calidad de las políticas públicas que reciben los ciudadanos.

En diciembre de 2015 no había en el Estado Nacional instituciones de control capaces de investigar la corrupción de forma independiente. La Oficina Anticorrupción, desmantelada en materia de recursos, fue dejada acéfala cuando manifestó su intención de investigar el ejercicio del poder y las sospechas de corrupción. Otras agencias de control, como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, vieron sistemáticamente entorpecido su funcionamiento. Lo mismo ocurrió con el Ministerio Público Fiscal, al que se hizo trastabillar hasta llegar a la remoción de los fiscales que intentaron investigar al gobierno.

En ocasiones, las propias instituciones del Estado llegaban a perjudicarse entre sí. La provincia de Jujuy, por ejemplo, le mintió durante años al Ministerio de Educación de la Nación sobre el salario docente que se pagaba en su distrito, con el objetivo de recibir un subsidio nacional que de otra manera no le habría correspondido. (Y aun cuando tanto Jujuy como la Nación estaban gobernadas por el mismo partido político.) La Superintendencia de Servicios de Salud, desarticulada, no compartía la información con las obras sociales, impidiendo que se prestara un mejor servicio. También retrasaba entre seis y siete meses los pagos a los hospitales, aun teniendo el dinero en caja.

La contracara de este Estado más grande pero desprofesionalizado y sobrepolitizado fue una provisión de bienes públicos de menor calidad. Las capacidades del Estado, en forma inversamente proporcional a su tamaño, mostraron una creciente debilidad en varias de sus atribuciones mínimas. Las estadísticas públicas, una responsabilidad del Estado para con su ciudadanía, fueron destruidas de manera progresiva. Además del famoso caso de las cifras trastocadas deliberadamente sobre el nivel de actividad y los precios, se dejaron de publicar estadísticas sobre un sinnúmero de resultados relevantes de la política pública, desde el delito –no hubo cifras entre 2008 y 2014– hasta la composición regional de la actividad económica.

El deterioro de las capacidades estatales se refleja en la precariedad con que se mantenía a los bienes y recursos del Estado. La Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables, un organismo fundamental para facilitar el acceso a los puertos y hacer posible el transporte fluvial y marítimo, contaba en diciembre del año pasado con 115 embarcaciones, de las cuales sólo estaba operativa una sola, y tenía un permiso especial de Prefectura para funcionar porque no cumplía los estándares mínimos de seguridad. El promedio de antigüedad de la flota argentina estaba entre 30 y 40 años y existía una postergada necesidad de reparaciones integrales. En el sistema ferroviario, la antigüedad promedio de las locomotoras era de 47 años. En Aerolíneas Argentinas, la nueva gestión asumió con deudas con proveedores por más de 10.000 millones de pesos, cuatro aviones parados (tres de ellos arrumbados en el desierto norteamericano, donde pagaban 400.000 dólares anuales cada uno).

La Agencia de Administración de Bienes del Estado encontró registrado en su sistema alrededor de un 10% de la información sobre los bienes en posesión del Estado Nacional. En diciembre de 2015 había en sus registros unos 20.000 inmuebles, cifra probablemente muy inferior a la real. Eran también muy irregulares los contratos que la AABE mantenía con privados por el uso de los inmuebles estatales. Por un lado, el 93% de los contratos estaban vencidos. Además, los cánones que se pagaban eran en general muy bajos. Por ejemplo, el predio de polo de Palermo estaba alquilado a la Asociación Argentina de Polo (AAP) por 200.000 pesos por mes. Además, la AAP entregaba 1.000 entradas los días de partido, equivalentes a alrededor de 16 millones de pesos por años. Había escaso control sobre el uso de los predios cedidos por la AABE. En 2014 el Estado Nacional cedió 160 hectáreas cerca de Chapadmalal a la Fundación Justicia Social, con el objetivo de crear huertas y granjas. Sin embargo, el predio sólo se usó para cultivar soja. En julio de 2015, la agencia cedió cinco hectáreas en Las Talitas (Tucumán) para la construcción de viviendas sociales financiadas por el Ministerio de Planificación. Hoy el predio está abandonado y sin uso. En 2014, la agencia cedió un predio para un Centro Materno Infantil en terrenos del antiguo Hospital Militar de Tucumán. El proyecto contemplaba construir un centro médico, un polideportivo con una pileta olímpica, una plaza seca y un jardín de infantes con capacidad para 118 chicos. El predio está abandonado.

El descuido del Estado argentino para con sus propios recursos se evidencia en la manera como se destrató y se diseñó la política para la promoción de la más federal de las actividades económicas del país, el turismo, del que viven de forma directa 1.100.000 argentinos de todo el país. Brasil es el principal socio turístico de la Argentina, con un 40% de los visitantes. Mal planificado, sin generar productos atractivos para ellos y con una relación cambiaria poco conveniente, se perdieron 300.000 turistas brasileños por año durante los últimos años. Tampoco se diseñaron estrategias para captar al emergente turismo chino. Los ciudadanos chinos tienen que enfrentar trámites de tres meses para obtener una visa para el país, además de que ninguna aerolínea ofrece rutas convenientes para hacer el viaje. La oportunidad que se ha venido desaprovechando es grande: China coloca cada año 70 millones de turistas de alto poder adquisitivo en el mundo, una cifra que aumenta a razón de un 5% anual. La descoordinación de la política de turismo era evidente en el hecho de que existían 48 sitios web dependientes del área, y sus funciones se superponían con los esfuerzos de las áreas de promoción provinciales. Más de 400 millones de pesos, aproximadamente un tercio del presupuesto del área de turismo, estaban destinados al mantenimiento de los complejos de turismo social: siete hoteles en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, y cinco en Embalse Río Tercero, Córdoba. En lugar de dedicarse al fin para el que fueron construidos, que es proveer una oportunidad de realizar un viaje recreativo y turístico a familias de bajos recursos, en diciembre de 2015 estos hoteles estaban descuidados, en decadencia y usados como una manera de hacer favores políticos para amigos de políticos locales.

Precisamente, en un país federal como Argentina, las relaciones entre los gobiernos de distintos niveles forman parte central del funcionamiento del Estado. El Ministerio del Interior cumple un rol muy importante en esta coordinación. En la Secretaría de Interior, el Registro Nacional de las Personas tenía un déficit presupuestario muy grande. Este déficit fue de más de 510 millones de pesos en 2015, pese a la extensión del presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio, de 1.993 millones de pesos a 2.433 millones. El déficit se explicaba principalmente por la deuda que el Registro mantenía con Correo Argentino (212 millones de pesos a diciembre de 2015) y con OCA (112 millones de pesos).

Administrativamente, el área mostraba un nivel importante de atraso. En el Archivo General de la Nación, el grado de digitalización de los materiales era muy bajo. La actualización de archivos estaba interrumpida y la consulta al público cerrada. El área de Migraciones no tenía control de procesos administrativos. En consecuencia, el retraso en el cobro de multas era enorme, con más de 11.000 expedientes sin resolver. Los Registros provinciales dependientes del Registro Nacional de las Personas no contaban con programas de capacitación ni de modernización. Gran parte del personal estaba contratado bajo la modalidad de contratos de asistencia técnica.

En materia de infraestructura, había un alto grado de deterioro y faltaba equipamiento. Por ejemplo, los archivos dependientes del Archivo General de la Nación carecían de sistemas contra incendios, una falta muy grave dada la importancia de la preservación del patrimonio. Algunos pasos de fronteras dependientes de la Dirección Nacional de Migraciones mostraban una precariedad alarmante. Las instalaciones del Paso de Iguazú databan de la década de 1950. El Paso Río Don Guillermo no tenía lugar físico donde albergar a los inspectores migratorios, sólo por citar dos casos.

En las oficinas de la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, los equipos informáticos estaban recién formateados, de modo que fue imposible recabar información de la gestión anterior.

La Secretaría de Asuntos Municipales también mostraba irregularidades en su gasto. Se entregaron durante el gobierno anterior 464 subsidios, por más de 91 millones de pesos. Todos fueron asignados a municipios oficialistas, que, por otra parte, sólo rindieron gastos por el 6% del total. Decenas de municipios, además, no hicieron rendición de cuentas ni presentaron documentación. La Dirección Nacional de Preinversión Municipal financia estudios de viabilidad de proyectos de inversión en municipios. Durante la gestión anterior se financiaron 74 estudios. Al igual que los subsidios de la secretaría, todos los estudios tuvieron lugar en municipios oficialistas.

Similares irregularidades mostraba la ex Secretaría de las Provincias. Un día antes de las elecciones de noviembre de 2015 fue transferido el remanente de Aportes del Tesoro Nacional (99 millones de pesos). Este remanente fue asignado en su totalidad a la provincia de Santa Cruz, lo que generó que no quedaran fondos para asistir a provincias en caso de emergencias. Para realizar el cierre contable, se emitió un pagaré por el Tesoro de 10.000 millones de pesos a cancelarse en 90 días.