El Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, saldando así una vieja deuda de nuestro país con la transparencia en la administración del Estado.

A partir de ahora, toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, puede pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa o sociedad estatal, así como del resto de instituciones que reciben fondos públicos o brindan servicios públicos esenciales.

Una vez realizado el pedido, el Estado tiene 15 días para dar la información solicitada (con la posibilidad de prorrogarlo solo 15 días más) y luego debe publicarla de manera accesible, gratuita y actualizada. 

La Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta útil que promueve la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el control de los actos públicos de gobierno y el ejercicio de derechos como la educación, la salud y la vivienda, entre otros.

Los argentinos van a poder preguntar y saber cuánto cuesta un puente, cuánto sale una licitación, y cómo se administran los recursos del Estado.

La sanción de esta ley tan esperada es el resultado de un trabajo en conjunto del Gobierno Nacional, diferentes organizaciones de la sociedad civil, senadores y diputados de diferentes partidos políticos.

Es una ley que ratifica nuestro compromiso con la verdad y la transparencia, y representa un elemento fundamental para combatir la corrupción.

Después de muchos años los argentinos avanzamos en materia de calidad institucional.