Como habíamos prometido en la campaña electoral, desde que asumimos el gobierno hicimos cuatro cosas con el programa Fútbol para Todos: 1) lo mantuvimos en televisión abierta, 2) dejó de ser una herramienta política, 3) redujimos sus costos y aumentamos sus ingresos todo lo posible; y 4) incluimos en el contrato con la AFA cláusulas para impulsar la transparencia y mejorar la seguridad en los estadios.

En la primera mitad de 2016, el Estado gastó en el fútbol alrededor de 550 millones de pesos, con 761 millones de pesos de costos y unos 200 millones de pesos de ingresos gracias a los convenios con los canales de TV, la publicidad privada y un sponsor principal, entre otros.

Ahora la mayoría de los clubes de Primera División y algunos de la Primera B Nacional nos están pidiendo, mediante una carta, la rescisión del contrato con el Estado. El Gobierno va a abrir una instancia de diálogo con la AFA y escuchar su propuesta para disolver el vínculo.

Si finalmente se disuelve el vínculo, desde el Estado vamos a pedirles a los clubes que se mantenga la posibilidad de seguir pudiendo ver la Primera División por televisión abierta, como está establecido en el contrato original de Fútbol para Todos, que termina en 2019.

Creemos que no existen transmisiones de fútbol realmente gratuitas. Porque el Estado lo financia con el dinero de todos los argentinos o porque los espectadores lo pagan en su abono de cable, siempre alguien lo paga.

De todas maneras, el problema del fútbol argentino va mucho más allá de sus derechos televisivos e incluye la situación financiera de los clubes, la inestabilidad institucional de la AFA y la mejora de la seguridad en las canchas.

Aun si el Estado deja de ser socio de la AFA, el Gobierno Nacional seguirá disponible para ayudar al fútbol argentino a alcanzar su potencial deportivo y como espectáculo. Creemos que la AFA tiene en este momento una gran oportunidad para lograr una transformación real en el fútbol argentino.