Proyecto de Ley sobre Juicios a Jubilados y otros

  • Compartilo en redes :

Te compartimos una síntesis del anuncio que hizo hoy el Presidente

Para qué hacemos esto

  • Vamos a enviar al Congreso un proyecto de Ley para saldar la deuda histórica que el Estado Nacional tiene con los jubilados y pensionados y crear la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

  • El Estado viene estafando desde hace años a casi dos millones y medio de personas, calculando mal sus haberes para pagarles menos y dilatando los juicios. Hoy empieza a terminarse la estafa del Estado a los jubilados.

  • Todos estos jubilados, que hicieron sus aportes mientras trabajaban, recibirán un aumento de sus jubilaciones de alrededor del 45%, a partir de la sanción de la ley. Y podrán, si tienen juicios contra el Estado, cobrar un retroactivo en efectivo. Este incremento se suma a los dos aumentos anuales que tienen los jubilados garantizados por ley.

  • Esta nueva manera de calcular los haberes de los jubilados empieza a funcionar inmediatamente. Quienes se jubilen la semana que viene ya van a poder aprovecharla.

  • El proyecto también ratifica el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las provincias para devolverles el 15% de los fondos coparticipables y que hace 25 años le destinaban a la ANSES.

  • Y abre un programa de sinceramiento fiscal para que quienes tienen ahorros en cajas de seguridad, en el colchón o en el exterior, puedan reintegrarlos al sistema financiero.

  • Todas estas propuestas están incluidas en el proyecto de ley que se enviará el lunes al Congreso.

Jubilados

  • Proponemos crear el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados para que todos los jubilados puedan cobrar la jubilación que les corresponde. Hoy en la Argentina hay casi 2.300.000 jubilados que están cobrando menos de lo que deberían. Muchos de ellos iniciaron juicios para actualizar sus haberes. Durante décadas, el Estado los enfrentó en la justicia para impedir que cobraran lo que les correspondía y, a la vez, quedándose con dinero que es de los jubilados.

  • A partir de la sanción de la Ley, todos los jubilados que estén cobrando menos de lo que les corresponde y se incorporen al programa pasarán a cobrar sus haberes actualizados. Para quienes hayan iniciado juicio y tengan sentencia, los haberes retroactivos se va a pagar en dos partes, 50% al contado y 50% en cuotas que se irán actualizando por movilidad. Quienes hayan iniciado juicio pero aún no tengan sentencia podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas.

  • Este proyecto va a beneficiar a los 2.300.000 jubilados que no están cobrando sus haberes correctamente. 250.000 de ellos tienen juicios en curso y 50.000 ya tienen sentencia firme. Este proceso será gradual hasta alcanzar a todos los jubilados, comenzando por los mayores de 80 años o enfermos de gravedad.

  • Ejemplos:

No es fácil dar ejemplos concretos de las actualizaciones, porque cada caso es distinto. El retroactivo y el nuevo haber de cada jubilado depende de su situación judicial, de su haber jubilatorio anterior y de la antigüedad del expendiente, entre otras cuestiones. De todas maneras, se pueden hacer algunas generalizaciones:

  • Una persona alcanzada por los criterios que estableció la Corte Suprema en los fallos Ellif y Badaro y tiene un haber promedio de $10.256 pasará a recibir $15.528, un incremento del 51%.

  • Una jubilado alcanzado por el mismo fallo con un haber de $10.291, pasará a cobrar $14.162, lo que significa un incremento del 40%.

 

  • Un jubilado comprendido por ese fallo y cobre $6.936 pasará a recibir $9.379. Esto es un incremento del 35%.

  • Retroactivos: como dijimos, depende de muchos factores, pero se puede decir que el retroactivo promedio rondará los $300.000.

  • La incorporación al programa es voluntaria y se va a llevar adelante a través de un acuerdo entre cada jubilado y la Anses. Estos acuerdos deben homologarse ante la justicia donde los jubilados acuerdan dar por finalizados los juicios o se comprometen a no iniciar uno.

  • Para que todos los que se jubilen a partir de hoy cobren lo que les corresponde, también firmamos un decreto corrigiendo la manera en la que la Anses actualiza las remuneraciones. El decreto cambia los coeficientes que permiten calcular el primer haber del jubilado de acuerdo a lo que señaló la Corte Suprema de Justicia.

  • Este proyecto implica un esfuerzo de parte del Estado de más de $47.000 millones para el pago de retroactivos. Para el aumento de los nuevos haberes jubilatorios la inversión será de hasta $75.000, en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios.

Pensión Universal para el Adulto Mayor

  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor va a garantizar un piso mínimo de ingresos para todas las personas mayores de 65 años de edad que no cuenten con una jubilación, pensión o retiro.
  • El monto de la pensión será del 80% de la jubilación mínima, es decir que si se aprobara hoy sería de 3.967 pesos. Permitirá cobrar también Asignaciones Familiares y acceder a la cobertura del PAMI. Además, esta pensión aumentará cada vez que aumente la jubilación mínima por la Ley de Movilidad.
  • Tienen derecho a acceder a la pensión las personas que tengan 65 años o más, los argentinos naturalizados con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud y los extranjeros con 20 años de residencia.
  • Quienes cumplan con los requisitos podrán recibir la Pensión aún si continúan trabajando, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, para que los pensionados puedan alcanzar los años de aportes necesarias y acceder a una jubilación.

Fondo de Garantía Social

  • Con el objeto de cuidar la plata de los jubilados vamos a adecuar la reglamentación que regula el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
  • Hoy existe una reglamentación anacrónica que quedó de la época de cuando las jubilaciones eran de gestión privada. Y por otro existe también una prohibición de venta de acciones del Estado (votada a las apuradas en el año 2015) que impide, en caso que sea necesario, vender activos para pagarle a los jubilados.
  • Vamos a modernizar también los límites de los paquetes accionarios apuntando a un FGS orientado al desarrollo productivo e impulsar el crédito hipotecario.

Sinceramiento Fiscal

  • Vamos a abrir un programa de sinceramiento fiscal para que quienes tienen ahorros en cajas de seguridad, en el colchón o en el exterior, puedan reintegrarlos al sistema financiero.
  • Todo lo recaudado en concepto de impuestos a los fondos declarados será destinado a la ANSES, es decir, a los fondos del sistema previsional argentino. En última instancia, a los jubilados.
  • A diferencia de programas similares anteriores, este ofrecimiento cumple con todas las reglas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que define reglas a seguir para este tipo de iniciativas. Además, a partir del 1 de enero de 2017 será más difícil tener dinero no declarado, porque un grupo de 48 países importantes acordó desde ese día compartir información fiscal para prevenirlo. Este programa es una oportunidad para la Argentina y para los ahorristas.
  • Para acceder al sinceramiento fiscal habrá tres opciones: (1) pagar un impuesto especial, (2) suscribir bonos por el monto declarado y (3) hacer inversiones de largo plazo en el país.

    1. La alícuota del impuesto que se paga depende del monto declarado. Menos de 305.000 pesos no paga nada. Entre 305.000 pesos y 800.000, paga un impuesto del 5%. Por encima de 800.000, paga el 10%. Los que ingresen al programa después del 1 de enero de 2017, la alícuota será del 15.

    2. Suscribir bonos del Tesoro por el monto declarado.

    3. Hace inversiones de largo plazo en Argentina para financiar obras de infraestructura, vivienda, créditos hipotecarios o Pymes.

  • No habrá limitaciones a quiénes puedan ingresar al programa de sinceramiento fiscal. Podrán por igual personas físicas y jurídicas.

  • El programa sólo exime a los fondos ingresados de las responsabilidades tributarias. No exonera la responsabilidad sobre el origen de los fondos o las posibles investigaciones penales sobre actividades ilícitas.