La iniciativa se focaliza en tomar medidas urgentes en relación al uso ilegal de cebos tóxicos y abarca las 14 provincias en las que hay ocurrencia de la especie: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Córdoba, San Luis, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El trabajo, articulado con las autoridades ambientales provinciales y otros actores relevantes, apunta a mejorar la detección y el tratamiento de los casos de envenenamiento, y a generar un conocimiento más preciso de los sitios de mayor conflicto para orientar los esfuerzos de conservación y las tareas de difusión y educación en las comunidades.
En paralelo, se busca comunicar la problemática, mediante un mensaje claro de conservación que pone de manifiesto el peligro y la ineficacia del uso ilegal de cebos tóxicos aplicados a la ganadería.
Además, en los casos en los que se detecten situaciones de envenenamiento, se realizarán pruebas toxicológicas para profundizar en las causas que generan el uso ilegal de estos productos y se buscará obtener resultados científicos que sustenten las causas legales y sanciones de reparación ambiental.
A su vez, la detección de los tipos de sustancias utilizadas permitirá investigar los canales de venta de productos y mejorar los controles en su comercialización y uso.