La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investiga a 11 mercados

El organismo inició investigaciones en rubros como alumnio, acero, petroquímica, comunicaciones móviles, tarjetas de crédito, aceite, leche y carne, entre otros.

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El titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, adelantó que comenzaron investigaciones para determinar las condiciones de competencia en 11 mercados con alta concentración que impactan en el consumo y la producción. Se trata de aluminio, acero, petroquímica, comunicaciones móviles, tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos, aceite, leche, carne, detergentes para la ropa, transporte terrestre interurbano de pasajeros y transporte aéreo

Las investigaciones pueden derivar en la propuesta de modificaciones normativas para mejorar las condiciones específicas de un mercado, o bien en la apertura de sumarios destinados a comprobar la posible existencia de faltas a la ley como abuso de posición dominante o cartelización. 

“La falta de competencia de los mercados afecta a los consumidores. La buena competencia es un bien público que debe ser defendido y protegido por el Estado, con herramientas, capacidad técnica y decisión”, explicó Greco.

La CNDC comenzó a trabajar con su par de los Estados Unidos, la Federal Trade Commission y con especialistas del Banco Mundial y de la OCDE para incorporar las mejores prácticas internacionales en materia de defensa de la competencia. En este momento, en la CNDC hay 608 expedientes en curso de los cuales 334 casos se refieren a concentración, 221 estudian posibles conductas anticompetitivas y 53 son investigaciones de mercado.

Muchos expedientes abiertos por la gestión anterior arrastran una demora promedio de 2,6 años cuando, la ley fija 45 días administrativos. En el caso de investigaciones sobre conductas monopólicas la mora llegaba a un promedio de 5 años, y 6,5 para una investigación de mercado.

La CNDC estará integrada por las economistas Marina Bidart (UBA y San Andrés) y Fernanda Viecens (Universidad Carlos III de Madrid y CONICET); y los abogados Pablo Trevisán (UBA, London School of Economics y Yale) y Eduardo Stordeur (UBA, Universidad de California y UTDT).