Conferencia de prensa: el Gobierno anuncia el cierre de Vialidad Nacional 07-07-2025
Manuel Adorni: Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Perdón lo atípico del horario. Bueno, en primer lugar, arrancamos la conferencia con un pequeño video de un minutito que me gustaría que veas.
Bueno, para quien no sepa, la causa Vialidad, recientemente mencionada en el video que les mostré, es un caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas. Entre los principales puntos de la acusación se encuentran la adjudicación de 51 contratos de obra vial con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez, dueño del Grupo Austral, el pináculo de un esquema de corrupción por el que recientemente fue condenada a prisión la ex vicepresidente y dos veces presidente de la Nación, Cristina Fernández o Cristina Fernández de Kirchner.
La maniobra fraudulenta, según detalla el fallo de la causa, consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos. Es decir, no se construyeron las rutas y la plata, por supuesto, se la quedaban igual. Tanto fue así que, en el año 2009, hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad sin los controles correspondientes. Los mismos jueces de la causa declararon este movimiento como un instrumento para la maniobra criminal destinado a mover recursos de forma opaca.
En virtud de todo esto y, particularmente, de que este organismo se inventó para simplificar la corrupción, les queríamos comunicar que el Presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
De esta manera, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Así, el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país. Este esquema de adjudicación de la obra pública, que algunos iluminados quisieron vendernos como la corrupción transformadora, generó un agujero fiscal tan grande que destrozó las arcas del Estado, condenando a los argentinos a solventar con sus impuestos servicios cada vez peores, mientras los gobernantes de turno financiaban todo esto con emisión monetaria y, como ya hemos explicado en más de una oportunidad, con su consecuente inflación. Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el Presidente de la Nación.
En este mismo sentido, el cierre de Vialidad Nacional se da en el marco de las facultades delegadas incluidas en la Ley Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos promulgada hace exactamente un año atrás. Por su puesto y por iniciativa del querido Federico Sturzenegger, quien nos acompaña, Ministro de Desregularización y Transformación del Estado que en unos minutos va a estar hablando también aquí con ustedes.
Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se discutieron en el Congreso. Decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y anti republicano, que atentaba contra la democracia, que le estaban dando súper poderes a un gobierno reaccionario, que solo iban a servir para destruir al Estado, que se vendía el país. Armaron incluso una tendencia en la red social X con el hashtag "No a las facultades delegadas". La realidad es que el gobierno del presidente Javier Milei es de los pocos, desde la vuelta de la democracia, que no solicitó o decretó una prórroga sobre las facultades delegadas. Recordemos que, del 2003 al 2015, el kirchnerismo extendió la delegación de las facultades delegadas hasta el fin de sus mandatos. Para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron.
Son los mismos que miraron para un costado cuando el expresidente Alberto Fernández promovió la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y también otorgaba poderes especiales al Poder Ejecutivo. Entre los artículos de esta ley se incluía la creación de un nuevo impuesto, el Impuesto PAÍS, que el gobierno nacional eliminó, como ustedes recordarán, en diciembre pasado. Y quienes tampoco pusieron mucha resistencia en mayo del 2021, cuando, con la pandemia como pretexto, el gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos en sus casas, para dejar a los chicos sin clases, para suspender actividades productivas, para prohibir reuniones privadas y limitar la libre circulación. Algo que, vale la aclaración, ya venían haciendo desde marzo 2020 vía decreto.
El problema no es la herramienta; el verdadero problema es quién la usa y para qué. Si se usan las atribuciones especiales para recortar la inmensa estructura regulatoria del Estado, o si se utilizan como se han utilizado para recortar las libertades de los argentinos. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el Presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad. Primero, porque no se prorrogaron de manera indefinida, como ocurría con los gobiernos anteriores: se cumplió estrictamente con el plazo estipulado de un año. Y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia en la que estaba sumida.
Desde el año ‘83 al 2023 el empleo público creció 150%. Se crearon 110 organismos y más de 5500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas. Para tomar dimensión, ARICCAME, que es el organismo que controla el cannabis, tenía cinco subsecretarios, más de los que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Transporte. Y eso es solo para tomar dimensión del desastre estaban haciendo o que hicieron en el estado nacional.
A partir de los 65 decretos delegados se hicieron las siguientes modificaciones: se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, de la que les hablé anteriormente, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma —por algo tuvimos la causa Vialidad—; se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de la Fuerza de Seguridad. Ahora la tarea la realiza Gendarmería, que controla 2 millones y medio de vehículos por año y realiza 80.000 puntos de control. Adiós a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte —la comisión, la CNRT, perdón—, que había quedado prácticamente sin competencias con la de regulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros.
Las funciones de control de trenes y servicios públicos pasarán a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS, constituyendo la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. Se eliminaron las Delegaciones Sanitarias Federales, estructuras inactivas y sin funciones operativas, y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del SAMIC. Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Se reorganizaron funciones dentro de ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que duplicaba funciones con los Institutos Dr. Chaver y Dr. Maiztegui, también del ANLIS Malbrán. Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en el 2015 pero jamás, jamás implementado. Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte —como les comenté recién—, y es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean con el único fin de hacer caja. Sus funciones duplicaban las que ya tenía ANMAT.
Se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, del que hablé también acá en conferencia, donde el 85% del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1000 empleados en total. Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas, lo que significa ahorros de unos 1000 millones de pesos anuales. Se disolvió el INADI, el ejemplo paradigmático del uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político: tenía 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios. Se disolvió el Instituto Nacional Belgraniano, el Browniano, el Newberiano, el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente Nacional del Homenaje al General Juan Domingo Perón, que además contaba con un café.
Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Yrigoyeniano, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Palacio de Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Se disolvió la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la cual generaba más gastos administrativos que la cartera de crédito que administraba. Es más, al momento de su cierre, la cartera valía solo el 0,15% de lo que se había invertido en el programa. El resto de los fondos literalmente desaparecieron. Se transformó en unidad organizativa la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Teatro, que destinaba el 65% de su presupuesto en sueldos de la burocracia.
Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura, al tiempo que se produce una fuerte desregulación en la industria, para darle mayor libertad a los productores. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, conocido como INTI, acotando sus funciones. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Agua. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Se transformó en una unidad organizativa el Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte. Se transformó en organismos desconcentrados la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, cuya planta había crecido un 100% en los últimos 20 años. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se transformó en organismos desconcentrado al Banco Nacional de Datos Genéticos. Se transformó en sociedad anónima al Banco Nación. Se fusionó el Museo de Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Se fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino, concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad. Esperen, que recién empiezo.
Se fusionó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas, constituyendo el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Se reorganizó la Junta de Seguridad en el Transporte, cambia sus funciones y su denominación a Agencia de Investigación en Accidentes e Incidentes de Aviación. Se adecuó la Unidad de Información Financiera, la UIF, a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI. Se eliminaron los créditos ANSES para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos. Se desregularon las obras de arte, donde se eliminó un trámite para ver si el Estado tenía la facultad de comprarte una obra de arte que quisieras sacar del país, facultad que, dicho sea de paso, nunca se usó en 30 años. Nunca se usó en 30 décadas.
Se desreguló el transporte automotor de cargas, entre ellos el RUTA, un trámite inútil que llevaba tiempo y dinero. Se eliminó el pedido de libre deuda a obras sanitarias, deudas que, según me acabo de enterar, muchas no superaban los $1000. Se eliminó el registro de constructores, diseñado para corromper y repartirse la obra pública entre los amigos del poder. Se simplificó el mercado de autopartes. Se eliminaron trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales. Se eliminaron las jornadas obligatorias de “Educar en Igualdad”. Se eliminó el Fondo Nacional para Construcción de Viviendas de Servicios del Personal Militar. Se transformó la Casa de la Moneda, otro antro de corrupción e ineficiencia kirchnerista. Se autorizó la privatización de Intercargo, de Corredores Viales y de Energía Argentina Sociedad Anónima. Se eliminaron capas de programas, capacitaciones, registros y promociones de la Ley PyME. Se liberaron las importaciones para ciencia y tecnología. Se derogaron los regímenes de promoción de la ganadería ovina, y de las llamas, del gusano de seda, de la actividad caprina, ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas, búfalos de agua y producción algodonera. Y cuando todo esté promovido, nada lo estará.
Que, aparte, creo que eran regímenes que afectaban a una ínfima cantidad de los productores totales —es algo irrisorio, algo así como el 0,5% de los productores totales—. Se desreguló la importación de pilas: no se fabrican en Argentina, pero si traés una Duracell con todos los certificados internacionales pertinentes, el Estado volvía a hacer todos los controles, porque, según la lógica del gobierno anterior, en Suiza no saben certificar, pero acá un grupo de burócratas, seguramente sí. Se desregularon las inversiones mineras, se eliminó un formulario con 1.000 campos y certificados absolutamente innecesarios.
Se desreguló el mercado de garrafas, se eliminaron barreras a la competencia en el sector que encarecen la actividad y se liberó la importación para que ingresen más garrafas al país. Además, se disolvieron en este tiempo 29 fondos fiduciarios, es decir, cajas de la política, que se los paso a enumerar a partir de ahora: Fondo Fiduciario para Reconstrucción de Empresas —que estuvo operativo hasta su extinción en 2018—, Fondo de Cobertura Universal de Salud, Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables, Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, Fondo Fiduciario para Recuperación de la Actividad Bovina, Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Fondo Nacional de Emergencias, Fondo Fiduciario del Programa de Respaldo Estudiantes Argentinos, conocido como Progresar, Fondo Fiduciario de Capital Social o FONCAP, Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria, Fondo Fiduciario para la Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo Fiduciario del Servicio Universal, Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar, Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario de Infraestructura Aeroportuaria, Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Fondo de Integración Socio Urbana, Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica, Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras, Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y Fondo de Desarrollo Productivo.
Además, se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Se concretó la fusión por absorción de la construcción de viviendas para la Armada por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima. Se modificaron las leyes de energía 24.076 y 24.065 para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera.
Además, se liberó la iniciativa privada para las ampliaciones de la red eléctrica para promover la expansión de red. Te ruego, por favor, que si vas a hablar por teléfono lo hagas fuera de la Sala de Conferencias, porque la verdad es que es bastante molesto estar hablando con alguien que está hablando por celular, así que te pido, por favor, que te retires. Muchísimas gracias por tu generosidad. Se modificó, además, la Ley de Turismo número 25.997, a fin de suprimir intervenciones estatales distorsivas para el mercado y competencias nacionales en materia de turismo regional, como los hoteles sociales de Chapadmalal y Embalse. Este ha sido el resultado de esta primera etapa del Plan Motosierra que, como saben y lo hemos dicho mil veces, esta motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita. Y ameritaba que contemos todo lo que se hizo en este último año en virtud de las facultades delegadas. Nuevamente, en lo personal y como voz de este gobierno y como Vocero del Presidente, quiero reconocer nuevamente a Federico Sturzenegger y a todo su equipo, por supuesto, por el trabajo heroico que vienen haciendo y que seguirán haciendo por la libertad de los argentinos. Y Federico, te invito, por favor, a que des unas palabras aquí. Muchísimas gracias.
Federico Sturzenegger: Bueno, muchas gracias. Escuchaba la enumeración y digo: cuánto trabajamos este último año. La verdad que ha sido un equipo muy grande. Tanto es así que, bueno, el Presidente Javier Milei va a agasajarlos a toda la gente que trabajó en esto. El miércoles vamos a tener una reunión acá en Casa de Gobierno; el Presidente va a celebrar. Vamos a ser unas 200 personas, más o menos, que hemos trabajado, estamos directamente involucrados. Obviamente, es imposible agradecer a todos. Hay yo diría dos núcleos fundamentales de este trabajo: uno, la Secretaría Legal y Técnica, de María Ibarzábal, Paula Tadei, Ignacio De la Riva, que han hecho un trabajo absolutamente estupendo. El Ministerio de Desregulación, de alguna manera, fue un poco un coordinador. Maxi Fariña, nuestro Secretario de Transformación, tuvo un rol absolutamente pivotal en esto, con todo el equipo del ministerio. Y, por supuesto, los Ministros, todos los Ministros y sus equipos, y sus legales y técnicas, que realmente hemos podido hacer todas estas concreciones.
El artículo 76 de la Constitución es el que establece las facultades delegadas. ¿Qué carácter tienen que tener las facultades delegadas? La Constitución dice que el Congreso puede delegar en el Ejecutivo estas facultades con dos condiciones muy particulares: que sea por un plazo determinado y que sea en una materia específica. Es decir, no puede haber facultades delegadas que sean de carácter genérico. La facultad delegada no es un instrumento para gobernar de otra manera, sino para resolver un tema puntual. Arranco con esta especificación porque, cuando uno mira el uso que han hecho de las facultades delegadas el kirchnerismo, uno se da cuenta inmediatamente de que ninguno de esos dos preceptos se cumplió. Ellos básicamente hacían leyes de emergencia económicas que tenían, básicamente, una libertad y una amplitud absoluta para la ejecución de esas facultades delegadas. Y, como bien dijo Manuel, el tema del plazo tampoco era como muy relevante.
Miren, les cuento esta historia: Eduardo Duhalde, la primera ley de facultades delegadas después del 2001 fue la 25.561, duraba 2 años eso. Pero después emitió la 25.820 y la aprobó hasta fin del 2004. Después, parece que no alcanzó, entonces la 25.972 la extendió hasta fin del 2005. Después Néstor Kirchner, con las leyes 26.077 y la 26.204, las extendieron hasta fines del 2007. Así que Néstor Kirchner gobernó todo su período con facultades delegadas. Y después Cristina promulgó e impulsó las leyes 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200, que extendieron estas facultades en cada año de su mandato y hasta fines del 2017, cuando Mauricio Macri decide finalizar con esto. Entonces, también Cristina Kirchner operó durante toda su presidencia con facultades delegadas. Es decir, que para ellos era una forma de gobierno, no era una delegación que hacía el Congreso. Por supuesto, el Congreso se las daba de vuelta, ¿no?, que es una interpelación propia al Congreso.
Y después, como decía, eran facultades muy amplias; entonces podían cambiar los contratos, podían establecer regímenes nuevos para los depósitos o para cualquier cosa, y eso es un poquito la historia que tenemos. Las facultades delegadas de la ley 27.742 fueron planteadas por el Presidente Milei y por el equipo con una intención y una modalidad totalmente diferente. Lo primero es que fue por un año, porque el Presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. Entonces, para nosotros, el plazo no nos genera ninguna ansiedad; siempre lo dijimos, de mucho tiempo, no vamos a buscar prorrogar, como hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo, lo hicimos. Y entonces ahora la democracia sigue funcionando sin que el gobierno necesite este instrumento.
Y lo otro es que fue una definición muy estricta sobre lo que estas facultades delegadas le iban a delegar al Poder Ejecutivo, que está contenido en cinco artículos de la ley de las facultades delegadas: artículo 3, 4, 5, 161 y 162, que ahora en un minuto, voy a explicar cada uno qué era lo que era.
Es un recorrido, como dijo Manuel, de 65 decretos. Empieza con un símbolo, termina con un símbolo. Empieza con el INADI que, como bien dijo Manuel, es para nosotros la representación más clara del uso político del Estado y a usar el Estado para imponer una visión ideológica a los argentinos, y termina con Vialidad, que es el ícono de la corrupción kirchnerista. Así que, bueno, arrancamos. En el medio está todo lo que Manuel les contó. Y eso que les contó Manuel se encuadra, básicamente, en cuatro temáticas. La primera es el artículo 3, uno de los artículos centrales de la Ley Bases. El artículo 3 tiene dos incisos, el “a” y el “b”. El inciso 3a nos permite eliminar funciones que pensamos que son obsoletas, que son innecesarias, cambió el mundo, se reorganiza el Estado. Entonces, el 3a, por ejemplo, se usó para la refuncionalización de las fuerzas de seguridad, para discusiones que hemos estado teniendo en los medios: IND, el INTA, el INTI, etcétera. El artículo 3b permite la fusión y reorganización del Estado. Fueron delegaciones primordialmente para la transformación del Estado las que el Congreso le otorgó al Presidente Milei.
Entonces, es muy interesante, porque el kirchnerismo había hecho crecer —y Manuel dio varios ejemplos—, había hecho crecer el Estado con cajas. O sea, ellos armaban una organización, un organismo, un fondo fiduciario, una empresa pública. Lo importante es que eran cajas, lugares donde uno podía tener recursos y, en algún sentido, tenía poco control de cómo se usaban esos recursos. Entonces, ustedes habrán visto que Manuel mencionó varias veces: se centralizó tal cosa, se desconcentró tal cosa, porque estábamos transformando organismos que son descentralizados, que pueden cobrar, que pueden inventar trámites, cobrar por esos trámites, conseguir dinero a partir de eso, lo cual, para nosotros, también genera una inflación de trámite, porque estos organismos se veían compelidos a inventar trámites para poder financiarse. Bueno, cuando uno lo lleva a la administración central, cuando uno lo transforma en desconcentrado, esa potestad la pierde el organismo, es decir, pierde la capacidad de hacer caja con el Estado.
Y a su vez, cuando uno centraliza una organización, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene organismo descentralizado, le tiene que organizar una estructura administrativa, porque es descentralizado. La estructura administrativa de un organismo descentralizado es la misma de un Ministerio. Digo, para mensurar también el tamaño de eso. Entonces, cuando uno lo centraliza, mantiene inalteradas las funciones sustantivas del organismo, pero esas funciones administrativas las pasa a hacer el Ministerio, o el área en el gobierno donde las están realizando. Tenemos organismos que básicamente se va a reducir o a ahorrar la mitad del dinero porque la mitad del personal hacía esas funciones, que perfectamente las podía hacer el área central. Entonces, el 3b fue el artículo de la Ley Bases que nos permitió este avance. En algunos casos, interesante: un tema que, por ejemplo, también se habló un poco esta semana, fue la centralización del Instituto del Teatro. Piensen lo siguiente: el Instituto del Teatro gastaba el 65% de la plata de los teatros en el propio Instituto, en sostener el funcionamiento del Instituto. Entonces, cuando uno centraliza eso y la acción administrativa la pasa a hacer la Secretaría de Cultura, se libera todo ese recurso ¿para qué? Para el teatro; es decir, permite triplicar el dinero que va específicamente a la actividad.
El artículo cuarto era el artículo que nos permitía reorganizar las empresas públicas. Entonces, lo que se ha hecho en las empresas públicas en este año es convertirlas a todas en sociedad anónima. Una empresa que es sociedad anónima tiene que presentar un balance, está supervisada por la CNV, tiene mayores niveles de transparencia. Dos casos emblemáticos: el Banco Nación y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. No sabíamos lo que eran, no sabíamos desde el punto de vista jurídico qué eran esas organizaciones. Bueno, ahora son sociedades anónimas, y eso aumenta fuertemente la transparencia de esos organismos.
Y el último punto, que fue lo último que —el último— el estado que compartieron o que compartió Manuel, es la de los fondos fiduciarios. Y los fondos fiduciarios —volvemos un poco a la lógica— uno podría decir: “No, yo creo un fondo fiduciario para tener mayor flexibilidad en el gasto del dinero”. Por ejemplo, un fondo fiduciario que podría uno decir como que es obvio, es el fondo fiduciario de la Ley del Fuego, porque si uno tiene un fuego no hay tiempo para andar dando vueltas, hay que comprar, hay que contratar los aviones hidrantes. Bueno, cuando nosotros llegamos... porque ¿qué pasa? Que el fondo fiduciario tiene esa flexibilidad para poder actuar en la necesidad, pero tiene flexibilidad para tratar de llevarte la plata si querés. Entonces, cuando nosotros llegamos vimos que la plata del fondo fiduciario del fuego se había diluido en sueldos de Télam. Se había ido todo en sueldos. Entonces, fondo fiduciario tras fondo fiduciario no quedaba un “sope” y se había gastado en política, se había gastado en otras áreas funcionales. Tuvimos nosotros, con el Ministerio de Seguridad, la Jefatura y Guillermo Francos, que ir a resolver el problema de los fuegos por los canales normales de la administración cuando llegamos en diciembre del 2023, que —no sé si se acuerdan— tuvimos un tema de incendios en Chubut.
Así que la eliminación de los fondos fiduciarios prácticamente también tarea cumplida, plenamente cumplida. En este caso, José García Hamilton y Carlos Huberman, del Ministerio de Economía, son los que llevaron adelante esta tarea. Le vuelve a dar transparencia, evita tener estas cajas independientes que quién sabe a dónde iba el dinero, y también ayuda a la transparencia del ordenamiento. Yo termino con una reflexión, que es que yo creo que este uso que ha hecho el gobierno de Javier Milei de las facultades delegadas destaca por su apego a la Constitución, porque vuelvo al principio: la Constitución pide dos principios, acotado en el tiempo y específico, y les puedo asegurar que fueron discusiones interminables para ver si íbamos a cambiar algo, si encuadraba en lo que decía el artículo 3A, 3B, 4, 5 o 161 y 162, y no nos desviamos un ápice de lo que el Congreso a nosotros nos había dado. Por eso, a veces pienso en estos días que se discute tanto el estilo y las formas de Javier. Ustedes saben que Javier tiene una frase que él dice, que prefiere “una verdad incómoda a una mentira reconfortante”. Y entonces yo les digo: ¿ustedes prefieren un Presidente que habla suave y viola la Constitución, o prefieren un Presidente aguerrido pero que la cumple? Muchas gracias.
MA: Muchísimas gracias.