Palabras pregrabadas del presidente de la nación Alberto Fernández, en el Debate General de la 76° Asamblea General de Naciones Unidas, desde Nueva York, Estados Unidos

 

Llego a este magno foro en momentos únicos para la humanidad, donde enfrentamos una triple pandemia con comunes raíces: la pandemia de la inequidad global, la pandemia del cambio climático, y la pandemia del COVID-19. No se trata de un mero cambio de tendencia, sino de un real cambio de era.

El grito de la tierra herida se conjuga con el grito de pueblos enteros, sumergidos en la desprotección y el atraso. La pandemia ha mostrado la globalización de las injusticias y - al mismo tiempo - la vulnerabilidad, que va más allá de las fronteras; también despertó el riesgo de la codicia, el derroche y la lentitud para ofrecer respuestas solidarias a problemas globales.

Por eso mismo, quiero enfatizar - ante esta Asamblea - la convicción de que las vacunas contra el COVID-19 deben ser bienes públicos globales.

Argentina celebra las propuestas en materia de patentes, en el marco de la OMC, con el objeto de contribuir a promover la producción, la competencia y el desarrollo local de las vacunas. Además, con políticas públicas centradas en un decidido apoyo a la investigación y desarrollo, pues - desde nuestro país - hemos logrado integrarnos a las cadenas productivas globales de dos vacunas internacionales, y contamos con una capacidad de producción del ciclo completo, que nos permite incorporar nuevos desarrollos.

Naturalmente, se trata ahora de atender no sólo a las consecuencias de esta pandemia, en términos sanitarios, sino también a la reconstrucción de la situación económica y social, que va de la mano del cuidado de nuestra casa común: el planeta. Nuestro compromiso con el Acuerdo de París es pleno, con una transición hacia las energías renovables; la adopción de tecnologías limpias para la reducción de emisiones de metano; la erradicación de la deforestación ilegal, y la restauración de nuestros ecosistemas.

Todos estos compromisos son un paso más que da, nuestro país, hacia una trayectoria consistente con la meta de 1.5°C y con la neutralidad de carbono hacia el año 2050.

Pero deseo enfatizar que nada de lo anterior será posible, si no atendemos a la espada de Damocles de la inequidad global: la reconfiguración de la arquitectura financiera internacional.

Como expresara el señor secretario General, resulta francamente penoso que, en 10 años, no se haya podido concretar el compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático.

La justicia climática será una quimera sin justicia financiera e impositiva global, que contribuyan a una real justicia social. Mucho más en este contexto de post-pandemia, cuando está latente el riesgo de una debacle generalizada de deudas externas en los países en desarrollo. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa.

Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor, desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable, con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este “deudicidio”, quiero mencionar una cifra: los recursos, aprobados por el FMI - a la Argentina, en esta deuda insostenible - fueron de 57.000 millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó, en los años, de la pandemia, con destino a 85 países del mundo.

Lo reitero: nos dieron, en un año, prácticamente la misma suma de todo lo que le dieron, en el año, de la pandemia a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grave aún, es que gran parte de esos recursos suministrados, a la Argentina, han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital.
Desde este caso de “deudicidio”, que clama al mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda, que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas, en aquella resolución 69/319, del año 2015

Por eso, apoyamos también la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas.

Entendemos que la prórroga de la Iniciativa de Suspensión de Servicios de Deuda, promovida por el G20, aunque valiosa, es una medida provisoria e insuficiente, que no aborda - a fondo - la cuestión sobre el alivio y la reestructuración de la insostenibilidad de las deudas. De la misma manera, la falta de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media sigue siendo un vacío importante, dentro de la gobernanza financiera internacional.

Por eso, alentamos la ampliación del nuevo marco común para el Tratamiento de la Deuda del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades. También proponemos que la calificación del riesgo crediticio de los países, hoy en manos de pocas agencias privadas, sea parte de la agenda de la reforma de la Arquitectura Financiera Internacional. El cambio, aunque sea difícil, no es imposible.

Celebramos la ampliación y distribución de los Derechos Especiales de Giro, del Fondo Monetario Internacional, iniciativa que ha abierto la puerta para una esperanza. Lo que un año atrás era impensable, hoy es una realidad.

Esta emisión debe dar lugar a un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y a los países de renta media, con alta vulnerabilidad climática y financiera; un pacto que permita extender los plazos para atender los pagos de los endeudamientos y la aplicación de menores tasas, bajo las actuales circunstancias de stress sanitario, financiero y ecológico.

Debemos impulsar esquemas de financiamiento sostenibles, que promuevan mecanismos de pago por servicios eco sistémicos y el concepto de deuda ambiental. El canje de deuda por clima es otro paso virtuoso, que debemos dar.

La capitalización de los bancos multilaterales de desarrollo, apalancando recursos, a partir del aporte de los países, también es una tarea urgente. Asimismo, resulta necesario profundizar el debate sobre el nuevo impuesto mínimo global. Lo definido por el G7 y el G20 es un primer paso que han dado, en este sentido, pero es insuficiente para favorecer a las economías emergentes. Se impone trabajar en un esquema solidario en el que pueda ser una realidad el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Estimados colegas: la crisis, originada por el COVID-19, es también una crisis de derechos humanos, pues la pandemia ha agudizado la violencia contra las mujeres, ha intensificado la estigmatización de los migrantes, las personas afro descendientes, las minorías étnicas, las personas LGBTIQ+, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y ha ocasionado un grave impacto, en los pueblos indígenas. Tenemos el desafío de construir un nuevo comienzo en favor de sociedades más justas, inclusivas e igualitarias.

La prevención y la alerta temprana ante situaciones que podrían derivar en violaciones masivas de derechos humanos, así como en crímenes de lesa humanidad o genocidios, debe ser una de las labores principales, de las Naciones Unidas.

La Argentina se encuentra firmemente comprometida a avanzar hacia la universalización de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, un instrumento crucial para la lucha contra la impunidad.

Actualmente trabajamos - junto a Francia - en una 3ra campaña de universalización de la Convención para que más Estados la ratifiquen, con el objeto de llegar a 100 ratificaciones, en el año 2025.

La Argentina también asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres y diversidades. Este compromiso se refleja en el ámbito nacional y su máxima expresión es la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Con la sanción de la Ley de Legalización del Aborto, el Estado Argentino asumió la responsabilidad de legislar y proteger con políticas públicas, la salud y la vida de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.

A la par, hemos sancionado una Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud, durante el Embarazo y la Primera Infancia, que amplía beneficios y derechos, y garantiza la atención de la salud a las mujeres, en la etapa del embarazo, y a los niños y niñas, en los primeros años de vida.

El Gobierno argentino decidió reforzar la atención a las mujeres víctimas de violencia, al tiempo que ha instrumentado un enfoque de género en las medidas de protección social y laboral, y ha promovido la corresponsabilidad y una distribución más justa de las tareas de cuidados.

En lo que hace a los derechos de las diversidades, hemos avanzado en medidas históricas de ampliación y reconocimiento de derechos, como la aprobación de la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans, que estipula que el Estado nacional deberá garantizar un mínimo del 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, y el decreto que prevé la emisión de documentos nacionales de identidad que reconocen las identidades no binarias.

Permítanme - ahora - formular una referencia al flagelo del terrorismo. La Argentina destaca el trabajo de la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo para apoyar a los Estados en la aplicación de la Estrategia Global, con irrestricto respeto del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados.

A 27 años del atentado a la sede, de la Asociación Mutual Israelita Argentina, se continúa la política iniciada en este ámbito, en el año 2003, y continuada posteriormente, de requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán, que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado. Reiteramos la solicitud a la comunidad internacional de cumplimentar requerimientos contenidos en las células rojas, en la Interpol, ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que la Argentina jamás dejó de reclamar.

Colegas del mundo: en relación con la Cumbre de Sistemas Alimentarios, evento que me congratula, deseo expresar que la temática reviste – a mi juicio - una especial importancia no sólo para la Argentina, sino para todos, dada nuestra condición de productores y exportadores de alimentos sanos y nutritivos a todo el mundo.

Consideramos que la transición hacia la sostenibilidad en los sistemas de producción de alimentos debe ser gradual y en las formas y tiempos que decida cada país en base a su realidad productiva, económica y social.
No hay un modelo único de desarrollo, que sirva a todas las naciones del mundo, así que es fundamental una visión inclusiva de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, con soluciones que se adapten a las realidades y necesidades locales, con sólida evidencia científica.

Permítanme – finalmente - referirme a un tema de alta significación para nuestra Nación. La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía legítimos e imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales integran parte del territorio nacional argentino. Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido, desde hace ya más de 188 años.

No existe ninguna razón - salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiesta ilegítima situación colonial - para que no se retome ya mismo el diálogo bilateral por la Cuestión Malvinas. El pedido de la resolución 2065, del año 1965, se ha mantenido vigente y ha sido renovado en múltiples ocasiones; más recientemente con la adopción por consenso de una nueva resolución sobre la Cuestión por parte del Comité Especial de Descolonización, el pasado 24 de junio.

El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones, respecto de la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área, acción contraria a la resolución 31/49, de esta Asamblea. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las Islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional.

Hemos solicitado al Señor Secretario General, que renueve sus esfuerzos en la misión de buenos oficios, que le fuera encomendada por esta Organización.

En síntesis y para concluir: así como rechazamos toda forma de colonialismo, entendemos también que nuestra humanidad enfrenta el desafío de conjugar un cambio tecnológico exponencial y una degradación ambiental terminal, con una mirada de desarrollo humano integral y justicia social planetaria. No se trata de una opción. Es solidaridad o extinción.

De la triple pandemia - que hablaba al comienzo - sólo saldremos con liderazgos audaces, con ideas innovadoras y proyectos que permitan hacer posible lo que hoy parece una quimera. Las agujas del reloj están apresurando su paso. No queda tiempo que perder. Es ahora o nunca. La historia no nos juzgará por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Muchas gracias.