En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. Apostamos a la recuperación del empresariado nacional, a volver a poner de pie a la industria, a revalorizar lo nuestro.
Nuestro modelo se basa en un círculo virtuoso que enlaza la mayor actividad económica, el superávit, la mejor recaudación, la mayor inversión pública, la mejor infraestructura que mejora la competitividad y baja los costos, lo que a su vez realimenta el crecimiento económico, en un marco de equidad en el que la educación, la salud y el acceso a una vida digna estén al alcance de todos los argentinos.
ECONOMIA
i) una política monetaria consistente y gradualista con un permanente equilibrio entre oferta y demanda de dinero; ii) una política anticíclica de liquidez que minimice la vulnerabilidad externa; iii) un sistema financiero independiente de las necesidades del gobierno; y iv) un marco normativo que focalice el crédito bancario en las familias y empresas
1) Una política monetaria consistente y gradualista Los esquemas monetarios en Argentina han pasado, sin éxito, de un extremo a otro.
Mientras que en los años 80 la oferta de dinero crecía descontroladamente al ritmo de la monetización del déficit fiscal, en la última década la rigidez de la Convertibilidad no guardaba consistencia con el nivel de flexibilidad de la economía ni con el comportamientofinanciero que exhibía el fisco. Lo relevante no era la etiqueta del régimen, sino la consistencia interna de sus políticas.
La política monetaria que nos permite mantener un estricto y continuo equilibrio en el mercado de dinero se caracteriza por su gradualismo. Es decir, un esquema que nos posibilite ir absorbiendo la masa monetaria que excede la demanda de dinero y a la vez evite una volatilidad excesiva de las variables en el largo plazo. De esta forma se evitan señales confusas a la hora de tomar decisiones de consumo e inversión por parte de las familias y empresas.
El Banco Central lleva adelante una profunda estrategia de absorción monetaria que complementa a la política prudencial de acumulación de reservas. Esta estrategia se sostiene a partir de tres elementos: un sistema financiero sólido que cancela anticipadamente sus deudas, un sector público que ahorra y un Banco Central con un patrimonio fortalecido, a través de un continuo superávit cuasifiscal.
Otro importante factor de equilibrio en el mercado monetario es la política de encajes, que apunta a recuperar los márgenes prudenciales de liquidez y promover, a su vez, el alargamiento de la estructura de fondeo.
2) Políticas anticíclicas para mitigar la vulnerabilidad externa Los ciclos de crecimiento espasmódico seguidos de crisis no son inocuos, sino que han tenido notables costos en términos de los ingresos de nuestra población -la productividad mundial avanza sin esperar nuestros vaivenes-. Estas oscilaciones muchas veces han tenido su correlato en procesos devastadores, especialmente para los sectores más desprotegidos de la sociedad y sin acceso a instrumentos financieros sofisticados. En este marco, es importante construir estabilizadores automáticos del ciclo interno, y mecanismos de resguardo frente a las crisis externas. Por ello, otro de los pilares de nuestro sistema monetario-financiero está dado por una política de acumulación de reservas internacionales.
El objetivo de incrementar nuestras reservas es disuasivo: la mera existencia hace innecesario su uso aunque, para que sean efectivos, los recursos deben conservar plena potencialidad, especialmente en términos de su liquidez, a lo largo del tiempo. De esta forma, generamos un verdadero seguro anticrisis que permite reducir la vulnerabilidad externa, dar certidumbre a la inversión pública y privada y desarrollar un mercado de capitales domestico en pesos, actuando como garantía para el equilibrio macroeconómico.
Por otro lado, el respaldo que genera contar con un nivel de divisas significativo incentiva a que la gente haga transacciones y ahorre en moneda nacional, constituyéndose en un antídoto contra la dolarización.
3) Un sistema independiente de las necesidades financieras de la Tesorería
Un tercer elemento que la sociedad reclama como política de estado está vinculado a la exposición del sistema monetario-financiero al sector público. En un marco altamente competitivo, donde las entidades financieras muestran resultados y niveles de capitalización que pocos imaginaban años atrás, este elemento resulta crucial.
Las demandas pasan por enterrar definitivamente la "dominancia fiscal" que históricamente nos caracterizó. En el pasado el Banco Central y el sistema financiero terminaron siendo meros instrumentos de una política macroeconómica insostenible. En los años 80 el Banco Central brindaba asistencia indiscriminada al Tesoro y al sistema financiero en el marco de una economía escasamente competitiva y con un creciente desequilibrio fiscal, lo cual desembocó en hiperinflación. En los 90, si bien la inflación estaba contenida, una situación de déficit fiscal y externo crecientes era inconsistente con el esquema cambiario vigente. El Banco Central generó normas que favorecían el financiamiento al Gobierno sin ningún límite por parte del sistema financiero, desincentivando el crédito al sector privado.
Desde la autoridad monetaria se han fijado estrictas pautas para reducir la exposición al sector público nacional, provincial y municipal de manera de lograr un sistema monetario y financiero independiente del sector público.
4) Crédito bancario para las familias y empresas
La cuarta arista de esta arquitectura consiste en poner a los bancos en su lugar: el crédito debe estar focalizado en facilitar las decisiones de consumo e inversión de las empresas y familias. De este modo, la política del Banco Central ha generado los incentivos de mercado para el resurgimiento del crédito al sector privado a partir de un conjunto de medidas específicas que han eliminado requisitos redundantes, estimulado el financiamiento y ampliado la base de potenciales tomadores de crédito.
Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad del superávit externo nos harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones.
Sabemos que la capacidad de ahorro local, y, por ende, el financiamiento local, es central en todo proceso de crecimiento sostenido. Ello requiere estabilidad de precios, entidades financieras sólidas y volcadas a prestar al sector privado, personas y empresas, con eficiencia operativa y tasas razonables.
Debemos recuperar el uso de la política fiscal para lo que fue creada, por un lado para contribuir a suavización de los vaivenes de la economía mediante las políticas contrasísmicas y por el otro para retomar los fines nobles de la política económica utilizando las herramientas disponibles para ayudar a moderar arbitrariedades en la distribución de la riqueza.
La Argentina que tiene que sustituir la política del saqueo, la expoliación, el negociado, el aprovechamiento de la posición dominante y las ganancias fáciles a costas de los que menos tienen.
Asumimos con firmeza y decisión la defensa de los intereses públicos, la defensa de los ciudadanos, la defensa de los usuarios de servicios públicos y del pueblo para exigir contratos que aseguren el mejor servicio posible, su universalización y la mayor inversión para acompañar el crecimiento del país.
Queremos que se incremente la competitividad de nuestra economía, se genere trabajo y se brinden servicios adecuados con ganancias razonables para los empresarios. Buscaremos el punto en que los intereses públicos y privados puedan compatibilizarse
Por último los argentinos deberemos afrontar grandes esfuerzos para salir del default y marca también que el camino de las viejas recetas está condenado al fracaso porque los recursos que somos capaces de generar hoy no pueden conformar a todos.
Queremos alinear los compromisos financieros con la verdadera capacidad de pago del país, y para ello los argentinos, los organismos multilaterales de crédito y los acreedores privados de la Argentina, debemos tener presente que la masa de recursos es la que existe y no puede incrementarse ni milagrosa ni explosivamente.
TRABAJO
Buscamos que el empleo vuelva a ser el motor del crecimiento, el principal mecanismo de distribución del ingreso, y lo más importante una herramienta social de inclusión.
Defender y reforzar el camino del crecimiento con creación de empleo decente y adecuada distribución del ingreso con previsibilidad y equilibrio en las relaciones laborales es un tema central.
Apostamos a la creación de empleos dignos, con salarios justos, que permitan a los trabajadores acceder a la seguridad social y a una jubilación decorosa.
Asimismo, nuestro norte está en la búsqueda de la mejora de la calidad del trabajo y la consecuente reducción de la informalidad laboral: la obligación de los empresarios es registrar a sus trabajadores y la del Estado es que la normativa laboral se cumpla.
POLITICA SOCIAL
La política social es mucho más que el producto de un voluntarismo político o de grandes planteos técnicos: es el resultado de un proyecto de inclusión social que hace eje en la persona, en los grupos sociales y fundamentalmente, en la profundidad y heterogeneidad de la pobreza en Argentina.
Resulta obvio que la política social más contundente es la creación de empleo. Pero la integración de los excluidos demanda -además- la creación de condiciones efectivas para reducir la vulnerabilidad como la creación de recursos y capacidades necesarias para transformar esos recursos en oportunidades de reinserción social.
Se trata de profundizar la contención social de las familias en riesgo, garantizando subsidios al desempleo y asistencia alimentaria, consolidando una verdadera red federal de políticas sociales integrales para que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda
Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores.
Pero reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la República Argentina requiere comprender que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales sino desde las políticas económicas.
Política de recuperación de derechos sociales
La política social que diseñamos ha sido concebida como una estrategia central hacia la inclusión, la equidad y la justicia social, superando la visión meramente asistencialista que predominó en el país en las últimas décadas.
Descartamos las visiones fatalistas que dan por hecho la existencia de sectores de la población excluidos en forma permanente. Por el contrario, creemos firmemente que la política social tiene en el centro la promoción de la persona como valor y principio, con la convicción de que una sociedad justa se construye a partir de la equidad.
Esta estrategia la hemos construido sobre el concepto de ciudadanía inclusiva, entendiendo que un ciudadano es quien puede gozar en forma efectiva de sus derechos. No hay ciudadanía plena sin lo esencial para una vida razonablemente saludable y activa.
Logramos que el Estado recupere su rol central como articulador social, pero también y teniendo como meta los Objetivos del Milenio, estamos fortaleciendo la capacidad de toda la sociedad para el ejercicio de la responsabilidad social. Si bien inicialmente, debido a la gravedad de la situación que enfrentamos fue necesario continuar con planes destinados a atender la urgencia, en forma paulatina hemos desarrollado iniciativas destinadas a la inclusión social para reparar y reconstruir el tejido social permitiendo la recuperación de los proyectos y la vida de muchos argentinos.
En este sentido nuestro objetivo ha sido la generación de iniciativas y planes que no profundicen la dependencia, sino que promuevan el desarrollo de la persona y el colectivo social, allí donde el mal entendido asistencialismo produjo clientes la inserción debe promover ciudadanos.
Para fortalecer la política de recuperación de derechos sociales contamos con tres planes nacionales. El plan nacional de desarrollo local y economía social Manos a la Obra fue creado para generar trabajo y desarrollo social en los sectores sociales de menos recursos; cubre estrategias de desarrollo local y regional con proyectos integrales que apuntan a mejorar la competitividad y comercialización de los emprendimientos sociales. En el plan se implementó una combinación financiera de subsidios, de créditos y capacitación, de igual manera se impulsaron para la escala de economía social mecanismos adecuados, para facilitar el compre social y el compre nacional a través del Estado.
También en materia de desarrollo social trabajamos desde una mirada federal y territorial concertando con provincias, municipios y organizaciones sociales y del sector privado, en la implementación de las políticas que ponen el acento en la familia y la mejora de su calidad de vida.
Los programas se articulan en torno a tres grandes ejes. La protección de las familias, el garantizar la seguridad alimentaria y el promover el desarrollo local y la economía social.
El "Plan Familia" a través de diferentes instrumentos propicia la integración y el desarrollo de las familias en situación de vulnerabilidad en dos sentidos fundamentales. Con eje en cada casa u hogar, construyendo vínculos de pertenencia y contención afectiva. Con eje en lo comunitario, afianzando los derechos ciudadanos, creando un ámbito de identidad y resaltando el valor de la solidaridad y la amistad.
La seguridad alimentaria se garantiza con el plan conocido como "El Hambre Más Urgente", que tiene por finalidad, articulando esfuerzos públicos y privados, permitir el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país.
Sabemos que el trabajo es el mejor integrador de una sociedad y queremos crear las condiciones para que las mesas de todos los hogares estén servidas con el fruto del trabajo decente realizado con orgullo.
SALUD
En el campo de la salud, el Estado debe asumir un rol articulador y regulador de la salud pública integral sumando los esfuerzos de los subsectores públicos provinciales y nacionales, privados y de obras sociales, orientado a consolidar las acciones que posibiliten generar accesibilidad a las prestaciones médicas y a los medicamentos para toda la población.
Es objetivo de gobierno concretar un Sistema Nacional de Salud, que se consolide en una red en la que el hospital público seá un eje referencial, con los demás centros de salud, públicos o privados, para ser pilares estratégicos de la atención primaria de salud, integrándose con las políticas de contención social para avanzar en la tarea de prevención.
El objetivo de dar salud a los argentinos impone que se asuman políticas de Estado que sean impermeables a las presiones interesadas, por poderosas que sean, provengan de donde provengan.
En salud hemos puesto el acento en la atención primaria y la prevención con eje en los hospitales públicos.
Por medio de la coordinación de los esfuerzos de las distintas jurisdicciones y con un enfoque centrado en la búsqueda de la salud para toda la población, se encaran simultáneamente los problemas también desde la eficiencia.
Apuntamos a un sistema más justo, con igualdad de oportunidades para toda la población, equilibrando las grandes diferencias que hoy tenemos y que se reflejan en las condiciones sanitarias.
EDUCACION
Orientaciones estratégicas para la política educativa:
Queremos reconfigurar un ámbito público estatal nacional que sea integrador de las acciones políticas llevadas adelante por los distintos actores.
Es preciso delinear nuevamente el espacio de un Ministerio Nacional de Educación, que recree un nosotros y un todos más amplio y abarcativo que el de los espacios federales. Un espacio que funcione como integrador de los desarrollos de las jurisdicciones provinciales, que sea puente entre las provincias y lleve adelante los procesos de integración necesarios; que mantenga la idea de nación, con las vicisitudes y problemas de frontera que ésta sufre en el presente, como superficie de inscripción de un nosotros que supere las diferencias educativas, sociales, políticas y económicas que las provincias poseen entre sí.
Este espacio nacional deberá trabajar con los procesos de federalización, que no han sido parejos en todos los órdenes del Estado, y ubicarse frente a ellos como el ámbito que integra a las provincias en un norte común, absolutamente necesario en un país que se pretende como tal, y que sostiene la igualdad de todos sus habitantes desde la participación en la construcción de lo común.
Procuramos asumir la responsabilidad del Estado como garante de la igualdad de todos los habitantes del territorio argentino frente al derecho de la educación.
El sistema educativo argentino presenta un escenario sumamente heterogéneo y fragmentado. Luego de una década de gestión descentralizada de servicios educativos y tras una crisis social inédita y cruel, existen situaciones muy diferentes en las distintas provincias así como al interior de cada jurisdicción. Muchas de las situaciones y experiencias escolares por las que transitan los niños y los jóvenes de nuestro país expresan un panorama de extrema desigualdad educativa que refuerza la injusticia social.
Las acciones llevadas adelante por esta política educativa deben contemplar esta complejidad en sus distintas dimensiones, promoviendo al Estado Nacional como garante de condiciones de igualdad educativa para la totalidad del sistema. Esta voluntad política, que involucra y a la vez excede a las jurisdicciones provinciales, procurará respetar y fortalecer la capacidad de las provincias para el desarrollo de sus políticas educativas provinciales.
Pensar la unidad en un sistema educativo desigual, que es a su vez heterogéneo, exige garantizar condiciones equivalentes, reconociendo la diversidad de las distintas propuestas pero a la vez trabajando para reducir las brechas en el sistema
Se requiere recuperar la pedagogía como dimensión que habilite una intervención integral en las escuelas, superando aquellas miradas que se concentraron en perspectivas atomizadas y fragmentarias (como las excluyentemente psicologistas o contenidistas) para incidir en el ámbito escolar. Habilitar y poner en juego la dimensión pedagógica supone, por un lado, incluir los saberes acumulados en nuestra historia y nuestra cultura alrededor de la transmisión, del encuentro entre generaciones, de la posibilidad de vincularse legítimamente. Pero, por otro lado, es asumir que todo acto educativo implica una intervención política sobre otro, no exenta de prescripciones, de horizontes y de fines.
Una política que reponga la dimensión pedagógica de la intervención educativa debe tener presente la realidad de las instituciones y los distintos actores implicados, sin cuya participación, cooperación y compromiso, cualquier propuesta resultará inviable.
Procuramos fortalecer el lugar de la escuela como institución social y la función del docente como agente de la transmisión y recreación de la cultura
En una sociedad fracturada, con profundas brechas sociales que se traducen a su vez en desigualdades educativas, es necesario convocar a las escuelas y a los docentes a la tarea de construir lazo social, de generar estrategias de inclusión y de fortalecer los procesos de transmisión cultural.
La Escuela puede contribuir a unir lo que está roto, a vincular los fragmentos, a tender puentes entre el pasado y el futuro.
Mejorar las condiciones para que los docentes, en tanto que ciudadanos y trabajadores de la cultura, puedan asumir una posición activa en las tramas sociales, políticas y culturales de nuestra época será una tarea necesaria para acompañar y jerarquizar a los mismos.
Se hace preciso, entonces, desplegar un conjunto de estrategias dirigidas a la formación y al desarrollo del profesional docente que, en tanto funcionario del Estado, valoricen el carácter político de esta responsabilidad, en tanto que la transmisión de conocimiento crea lazo social y contribuye a construir ciudadanía.
La envergadura de la crisis y la pauperización de la población y sus efectos en el campo de la educación de la última década señalan un rumbo para las políticas de inclusión: el trabajo sobre la permanencia de los niños y jóvenes en las instituciones educativas. Pero el eje de la permanencia es insuficiente si se combina con la imposibilidad de pensar un futuro mejor para ellos o para sus hijos, en el que tenga que ver la educación.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Uno de los principales desafíos que enfrentamos vinculados con el papel del Estado es volver a poner a la inversión en obra pública, en infraestructura, como una de las prioridades de la gestión estatal, considerando su capacidad de mejorar la calidad de vida, de motorizar rápidamente el nivel de actividad y generar mejor competitividad económica y social.
Es centrar la política de recuperación del ferrocarril como elemento de articulación territorial. "ramal que para, ramal que cierra" fue la política de quienes gobernaron en los 90. Todos los argentinos queremos volver a recuperar lo que tienen los países desarrollados del mundo, que están unidos por una red ferroviaria que los permite interconectarse, no buscando la rentabilidad financiera sino la rentabilidad social, la rentabilidad de integración, la rentabilidad de inclusión social.
El Estado debe ser un sujeto económico activo, apuntando a la terminación de las obras públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la fuerte inversión en nuevas obras. No se trata de obras faraónicas, apuntamos a cubrir las necesidades de vivienda y de infraestructura en sectores críticos de la economía para mejorar la calidad de vida y a perfilar un país más competitivo, distribuyendo la inversión con criterio federal y desarrollando nuestro perfil productivo.
Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argentina, para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo.
La construcción intensiva de viviendas, las obras de infraestructura vial y ferroviaria, la mejor y moderna infraestructura hospitalaria, educativa y de seguridad, perfilarán un país productivo en materia de industria agroalimentaria, turismo, energía, minería, nuevas tecnologías, transportes, y generarán nuevos puestos de trabajo genuinos.
La falta de planificación o la decisión manifiesta de su ausencia, presente durante muchos años en la Argentina, agudizó los desequilibrios territoriales del país, acentuando la posición periférica de muchas de nuestras provincias en paralelo al empobrecimiento de nuestra población. El Estado tiene de ahora en más un rol activo y la planificación en inversión e infraestructura es uno de sus ejes. Estamos trabajando con un crecimiento equilibrado social y territorial, y la industria de la construcción actúa indudablemente como una eficaz herramienta para el desarrollo.
La planificación del desarrollo de la estructura energética es una cuestión prioritaria y estratégica.
ENARSA actuará para que el Estado disponga de instrumentos para que los recursos energéticos se exploten racionalmente, para el desarrollo de la infraestructura asociada de modo de asegurar disponibilidad y precio de los productos compatibles con el nivel de competitividad argentina e internacional. Dará un fuerte impulso a las áreas off-shore con sensibilidad ambiental, desarrollando yacimientos en zonas profundas hasta alcanzar un estado de madurez exploratoria de las mismas para satisfacer la demanda de gas y petróleo e impulsar el desarrollo industrial y sustentable de las regiones.
DEFENSA
La defensa nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos, y asimismo prevé la participación activa del Pueblo de la Nación en las cuestiones esenciales de la defensa, como integrante del Sistema de Defensa Nacional.
Todo sistema democrático es permanentemente desafiado por la necesidad de construir legitimidad y representatividad en sus instituciones políticas. Es por esto que consideramos necesario retomar y actualizar el debate sobre el rol de las fuerzas armadas en la consolidación de la gobernabilidad democrática.
En la convicción de que la Defensa es una actividad que involucra a la sociedad como un todo, más allá de corresponder la conducción del Sistema de Defensa Nacional al Estado Nacional y del rol central que le cabe en el mismo a las Fuerzas Armadas, es indispensable que los principios y normas fundamentales que regulan esta actividad constituyan una verdadera política de Estado y gocen de legitimidad política e intersectorial.
Es por todo ello fundamental promover la mayor participación de la sociedad civil, del Parlamento y de los partidos políticos en la construcción de nuevas políticas de defensa y nuevos modelos de organización militar.
Reconociendo la voluntad de participación de la sociedad civil en los procesos de diálogo social y concertación, es necesario entonces conformar una comunidad de diálogo entre civiles y militares dispuesta no sólo a expresar sus opiniones sino a reformularlas en el intercambio con otros sectores, en el marco de un Estado que sea el promotor de la generación de consensos en la sociedad, creando una institucionalidad para el diálogo.
Entendiendo además que las modificaciones en el escenario estratégico internacional producidas en los últimos años vuelven obsoletos los esquemas de seguridad y defensa tradicionales, señalamos la importancia de avanzar en la integración regional incluyendo el componente militar, en la convicción de su relevancia para el fortalecimiento de la paz regional y el aumento de la eficacia para enfrentar las nuevas amenazas.
Por ello, tal como se sostuvo en la V Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Santiago de Chile entre el 18 y el 22 de noviembre de 2002, es necesario:
"...volver operativos los acuerdos alcanzados en lo que respecta a la cooperación entre civiles y militares para la instrumentación de las políticas de Defensa nacional,
...promover y desarrollar la trasparencia en las políticas de defensa y en sus presupuestos, en la línea trazada por organizaciones especializadas tales como la CEPAL y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina,
...fomentar la educación en materia de derechos humanos, en tanto ello contribuye a la estabilidad y la seguridad entre los Estados de la región, la consolidación de la democracia y al cumplimiento de la ley" 1.
DERECHOS HUMANOS
El respeto por los derechos humanos y la ruptura de cualquier lazo de complicidad entre sectores dirigenciales, sectores de la policía y delincuencia, son centrales. Una política de manos limpias y el premio a los que tienen vocación de servir deben sostenerse para producir un profundo cambio de cultura.
El Estado argentino asume la tarea de revisar lo actuado por el terrorismo estatal durante la dictadura y por los gobiernos que la sucedieron. Esta asunción se expresa en el desarrollo de una política de Estado basada en los pilares históricos del movimiento de derechos humanos en la Argentina: memoria, verdad y justicia. Un Estado que asume su responsabilidad histórica. Un Estado que reivindica y hace propia la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y explicita la posición política desde la que promoverá el ejercicio de la memoria.
SEGURIDAD
Entre los fundamentales e insustituibles roles del Estado ubicamos los de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de impunidad del delito, para lograr seguridad ciudadana y justicia en una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos.
Un despliegue permanente e incansable para lograr niveles de seguridad ciudadana propios de un país normal, infatigable vigilia para impedir la repetición de actos terroristas, constante alerta y lucha contra el narcotráfico, la subversión económica y el lavado de dinero son las tareas en que diariamente debemos ocuparnos.
En materia de seguridad, como una política de Estado, apuntamos al esquema tradicional de concentrar en un ámbito propicio para la coordinación con las provincias el total de las fuerzas de seguridad.
La Secretaría de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y ahora también la recientemente creada Policía de Seguridad Aeroportuaria, integran un sistema civil de seguridad que respeta los lineamientos de la ley de Seguridad Interior y avanza en la colaboración integrada.
La creación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la conformación, con las provincias del Sistema Único de Registros Criminales y la futura Red Unificada de Inteligencia Criminal, permitirán dotar de mayor eficiencia a la lucha contra los delitos, en especial los delitos graves.
Aunque se trata de un problema crónico que requerirá constantes esfuerzos para lograr avances sólidos que logren cambiar la percepción social, la coordinación detallada de esfuerzos con las provincias, en especial con la que aparecía como el escenario más impactante en la materia, la Provincia de Buenos Aires, apunta a desarticular las bandas profesionales más organizadas y limitar severamente la actividad de secuestros extorsivos que se desarrollaba, sobre todo en el conurbano.
MEDIOAMBIENTE
La protección de un ambiente sano está en el centro de nuestras políticas de Estado. Asumimos el compromiso de convertir el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente en una verdadera política de Estado, incorporando definitivamente la dimensión ambiental a las acciones del Gobierno, a todos los niveles del Gobierno.
En nuestro país debemos incorporar la dimensión ambiental en todos los niveles de Gobierno, optimizando el uso de instrumentos tales como el ordenamiento territorial, la obligatoria evaluación del impacto ambiental, la adopción de sistemas de diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el régimen económico de desarrollo sostenible.
En el centro de nuestra política ambiental está la voluntad de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la protección de los ecosistemas. Como parte de esa voluntad se genera en primer término la decisión de promover la energía de fuentes renovables en orden a asegurar su participación creciente en la matriz energética, la búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin y la preservación de los bosques nativos.
En este sentido, auspiciamos una concepción profundamente humanista de la conservación del patrimonio natural y cultural como potentes motores del desarrollo local, convencidos de que este desarrollo debe ser ambientalmente sustentable, culturalmente diverso y socialmente equitativo.
TURISMO
El turismo es una importante herramienta de transformación económica, social y cultural. Nos hemos propuesto crear las condiciones competitivas para impulsar el turismo y, especialmente, intensificar los aspectos vinculados al desarrollo del turismo social, entendiendo éste como vehículo para lograr la posibilidad de acceso al turismo a todos los sectores de la población.
CULTURA
Procuramos un modelo de política cultural que contenga pero al mismo tiempo supere la diversidad de manifestaciones sociales y artísticas que existen en el país. No sólo se trata de democratizar el acceso a la cultura, sino de fomentar las capacidades creativas de nuestro pueblo. En este sentido las acciones desarrolladas en materia de política cultural tienden al objetivo de incorporar a los sectores más vulnerables de la sociedad e incorporar un criterio federal, ampliar la ciudadanía y revitalizar nuestra identidad como Nación.
POLÍTICA EXTERIOR
En materia de política exterior, reafirmamos la inclaudicable defensa de interés nacional, la protección de la soberanía nacional, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos fundamentales, una vocación genuina por el desarme y la no proliferación y la condena a la amenaza de terrorismo.
Para nosotros la integración latinoamericana es parte indisoluble de nuestra política exterior. Nuestra aspiración de integración, de reducción de nuestras desigualdades, de lucha contra el hambre y la pobreza, también son objetivos que se comparten con los países hermanos de nuestra región.
El Mercado Común del Sur constituye el eje central de la proyección de las acciones. El MERCOSUR constituye el eje de la integración regional de nuestro país. Consideramos al MERCOSUR como una verdadera esperanza para nuestro continente.
Nuestras acciones se orientan hacia la consolidación y al progreso del Bloque, tanto desde el punto de vista comercial como institucional y social.
Si queremos formar parte de un proceso de integración regional sudamericano que evolucione en forma sólida y dinámica, necesitamos profundizar y extender el MERCOSUR. La incorporación de Venezuela constituye un importante camino.
En la Argentina entendemos que los binomios integración y desarrollo y democracia y derechos humanos se protegen y retroalimentan mutuamente al tiempo que permiten luchar contra la pobreza e inequidad.
En lo que respecta a la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwichs del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes, la Argentina no cederá en su legítima aspiración de recuperar el ejercicio de esa soberanía por medios pacíficos como lo dispone la Constitución Nacional, por lo que reiteramos nuestra más firme voluntad de diálogo para resolver la disputa de soberanía.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Apuntamos a establecer políticas y coordinar acciones para fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios, así como a incrementar la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.
Para eso, se formularán y ejecutarán planes y programas para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación; se dará impulso a la administración de fondos sectoriales en áreas prioritarias para el sector productivo o en sectores con alto contenido de bienes públicos, y se pondrá especial atención en la promoción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, entre otras ramas de la ciencia.
Por otra parte, nos proponemos impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos, buscando la igualdad en oportunidades para personas, organismos y regiones de la Nación.